El Gobierno prohíbe expresamente fumar y vapear a menores de edad, no regulado actualmente en la Ley del Tabaco

MADRID.-  El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del tabaco que prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, algo que hasta ahora no estaba regulado, ya que la prohibición actual solo se limitaba a la venta o entrega de tabaco.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Esta reforma se enmarca en el desarrollo del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

Con esta modificación, los cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), las bolsitas de nicotina para uso oral, los productos a base de hierbas, como 'shishas', y los dispositivos para el consumo de productos calentados quedarán sometidos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional.

De este modo, la ley prohíbe expresamente el consumo de tabaco y estos productos relacionados por parte de menores de edad, y amplía la protección que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega. El objetivo del Ministerio es reforzar la protección a la infancia y adolescencia.

---

La ley amplía los espacios donde está prohibido fumar e incorpora nuevos entornos de uso colectivo, tanto interiores como al aire libre, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. 

Por ello, se prohíbe fumar o utilizar estos productos en espacios públicos cerrados y en una lista ampliada de entornos exteriores, como terrazas de bares, recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte o centros educativos, entre otros. Además, se prohíbe fumar en vehículos de transporte con conductor.

Estas medidas se alinean con los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y con el Código Europeo contra el Cáncer, que promueven reducir significativamente la prevalencia del tabaquismo antes del año 2040.

También será obligatoria la señalización clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo. Asimismo, se introducen obligaciones de etiquetado e información, que deberán incluir datos sobre el contenido en nicotina y características del producto.

Por otra parte, la modificación prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven.

El Anteproyecto de Ley modifica el régimen aplicable a la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco y productos relacionados, mediante la incorporación de un nuevo capítulo que extiende las restricciones ya existentes al conjunto de productos relacionados con el tabaco definidos en la nueva norma. 

Se establece la prohibición de toda forma de publicidad, directa o indirecta, incluyendo cualquier tipo de comunicación comercial o promoción de productos del tabaco y productos relacionados, ya sea a través de medios impresos, audiovisuales, digitales, redes sociales, o mediante distribución de muestras o descuentos.

Asimismo, se prohíbe expresamente la publicidad en equipamientos, instalaciones y mobiliario situados en espacios de uso público o colectivo, lo que abarca elementos presentes en bares, discotecas, terrazas u otros establecimientos de ocio. Esto incluye rótulos, carteles, mobiliario urbano o de hostelería que incorpore logotipos, imágenes o referencias a marcas de productos del tabaco o productos relacionados.

También queda prohibido el patrocinio de actividades, eventos o contenidos por parte de empresas del sector, así como la aparición de marcas vinculadas a estos productos en publicaciones, festivales, actividades culturales o deportivas, tanto presenciales como en entornos digitales.

Además, el anteproyecto de ley refuerza la obligación de los responsables de espacios donde esté prohibido el consumo de productos del tabaco o productos relacionados de colocar señalización visible que informe de dicha prohibición, conforme a las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

"También se refuerzan las sanciones a quienes vulneren estas normas, ya que se van a poder enfrentar a multas severas que pueden llegar hasta los 600.000 euros", ha explicado la ministra.

Como parte de la nueva estructura de prevención, se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, órgano de coordinación interadministrativa para el seguimiento de políticas públicas en esta materia. 

"Su creación responde a la necesidad de reforzar la gobernanza y la evaluación en la lucha contra el tabaquismo, después de su supresión en 2014", añade el Ministerio.

El texto aprobado modifica el régimen sancionador, actualizando infracciones, cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas. Además, se establece un periodo transitorio de 12 meses para permitir a los fabricantes adaptar sus productos al nuevo marco legal, y para permitir el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

“Sabemos que hay intereses que ejercerán presión para hacer un negocio en detrimento de la salud de los ciudadanos y en favor de esta enfermedad y de esta adicción. También sabemos que la salud pública siempre la vamos a poner por delante de los intereses comerciales”, ha finalizado García.

Finalmente, pese a la intención del Ministerio de Sanidad, la modificación del anteproyecto de ley no incluirá el empaquetado genérico por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición. No obstante, el Ministerio de Sanidad no renuncia a que se pueda introducir más adelante, durante la tramitación parlamentaria. 

La intención del departamento que dirige Mónica García era llevar a cabo esta medida que se aplica en países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca. En reiteradas ocasiones, Sanidad ha manifestado que la evidencia científica demuestra que el empaquetado genérico es una medida efectiva y que ayuda a que no funcione el reclamo publicitario. Esta falta de acuerdo en el Gobierno ha provocado que por el momento no se incluya en la nueva ley.

El Gobierno de España aprueba el nombramiento de José María Ángel como comisionado para la reconstrucción tras la dana

 MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de manera oficial el nombramiento del exsecretario autonómico de Emergencias con el Gobierno valenciano de Ximo Puig, José María Ángel, como Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA que asoló gran parte del Levante español, Almería y Baleares y dejó más de 220 fallecidos.

Ángel es funcionario de carrera de la Diputación de Valencia desde 1982. Fue concejal y alcalde del Ayuntamiento de l'Eliana (Valencia), diputado provincial, senador del PSOE por la Comunitat Valenciana, portavoz del grupo socialista en la comisión de Interior y portavoz adjunto de la comisión de Defensa.

Además, ha ostentado responsabilidades como asesor ejecutivo del Ministerio del Interior, integrante del Comité Nacional de los Socialistas, secretario general del PSPV de la comarca del Camp de Túria, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y secretario de Política Municipal del PSPV.

En julio de 2015 fue nombrado por el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, secretario autonómico y director de la AVSRE. Ángel fue cesado de estas responsabilidades en septiembre de 2023, cuatro meses después del cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana que propició la entrada del PP y Vox en la Generalitat.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto que regula la creación, adscripción y funciones de este comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en zonas de la Península e Illes Balears entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, con rango de subsecretaría y vigencia temporal.

Dependiente del Ministerio de Política Territorial, estas serán sus funciones: impulsar la ejecución de las medidas adoptadas por la Estado para paliar los daños; realizar análisis y seguimiento periódico, en especial la concesión de las ayudas y anticipos; elevar informes al Gobierno sobre las actividades y los resultados; recabar información de ministerios y delegaciones; impulsar la coordinación con las administraciones territoriales afectadas.

En cuanto a su estructura, se crean dentro del comisionado, con rango de subdirección general, una oficina de coordinación e impulso de la ejecución de las ayudas y una oficina de relaciones institucionales.

 

Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 5 hectómetros cúbicos

 

Por otra parte, los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 242 hectómetros cúbicos, cinco más que la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 24 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 252 menos que la media que suelen almacenar en esta época (350 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 21,2% de su capacidad total y los de el Júcar al 49,3%.

El Gobierno autoriza licitar por 23,7 millones un contrato para conservar carreteras de la provincia

 ALICANTE.- El Consejo de Ministros, en su reunión de esta semana, ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Alicante, con un valor estimado de 23,7 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos y una adicional de un máximo de nueve meses. El contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE) "para que sea accesible en condiciones adecuadas", ha informado el Ministerio en un comunicado.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 136,326 kilómetros de carreteras e incluye varios tramos de la N-340, desde el 678,814 (Orihuela) al 733,856 (aeropuerto Alicante); la N-325, del 3,789 (Novelda) al 20,200 (Crevillente); la N-332, del 38,810 (Pilar de la Horadada) al 98,683 (aeropuerto Alicante); y la N-338, del cero (enlace con la N-332) al cinco (enlace con la A-70).

Junto a las carreteras relacionadas, todas ellas del sector número cuatro de la provincia de Alicante, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-340, desde el kilómetro 710 al 716,260, en el tramo Elche-Crevillente.

Según el Ministerio, el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación "persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos".

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales "dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles".

De esta manera, ha continuado el Ministerio, se incluyen actuaciones como una agenda de información de estado y programación, ayuda a la explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Asimismo, en el marco de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, se han introducido novedades como que en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio --como el autoconsumo-- sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, en los contratos que se licitan desde 2023 se incluyen criterios relativos a la mitigación y compensación de la huella de carbono. Así, las empresas podrán incluir como mejora puntuable en sus ofertas la presentación de un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar el balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o mediante otras opciones.

Con ello se persigue la reducción de las 71.640 toneladas de dióxido de carbono anuales que generan el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Además, "se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", ha concluido el Ministerio.

El Gobierno prorroga dos meses la preferencia del teletrabajo y baja el IVA a mascarillas y otros productos sanitarios

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley, con más de 30 medidas económicas, entre las que se incluye prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, según ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño. 

El Consejo de Ministros ha aprobado además la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4 % del de libros y prensa en formato electrónico, ha informado Calviño.
Según ha explicado este martes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, también se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Según ha detallado el Gobierno, la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa. Junto a esto se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
El objetivo de todas estas medidas es seguir protegiendo a trabajadores en esta crisis, ha subrayado Calviño quien ha avanzado que habrá medidas de financiación especificas para las empresas que están apostando por el teletrabajo.
Según ha detallado el Gobierno, se amplía la cobertura de la prestación de desempleo a los trabajadores cuyos contratos terminaran durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que dejaran un trabajo por tener una oferta laboral en firme que no se haya materializado a causa de la pandemia.
También se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos que podrán incorporarse a los ERTE o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.
Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.
Se ha acordado suspender plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el COVID-19- y reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.
Habrá una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE que además y se obligará a las empresas a devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.
El Ejecutivo también ha acordado la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020.
Además, Calviño ha indicado que las nuevas medidas permitirán liberar más de 1.100 millones en liquidez para las empresas, sobre todo a autónomos y pymes, y ha destacado el “enorme esfuerzo” para abordar medidas que afectan a los ingresos y el gasto con el fin de reforzar la financiación de la economía.
En concreto, se ha aprobado que los trabajadores autónomos puedan realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales.
Además, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y el IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días del estado de alarma, y las empresas podrán adaptar sus liquidaciones de ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020.
Además, se fija la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias del Impuesto de Sociedades a la obtención de la financiación a través de las líneas de avales del ICO.

Supresión de IVA sanitario

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4 % del de libros y prensa en formato electrónico, ha informado Calviño.
La ministra ha precisado que la reducción a cero del IVA del suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros.
Ha detallado que esta bajada del IVA está en línea con la reducción de los aranceles por parte de la Unión Europea y tiene objetivo de garantizar la igualdad de trato entre productores nacionales y extranjeros.
Asimismo, se ha incluido en el real decreto-ley la reducción del IVA de libros, revistas y periódicos electrónicos, que hasta ahora era del 21 %, para adaptarlos a la tributación de aquellos de papel, que es del 4 %.

Los viajes no imprescindibles a países de la UE seguirán restringidos hasta el 15 de mayo

MADRID.- El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de mayo.

Así lo recoge la Orden INT/356/2020 que recoge el BOE de este martes, y que aboga por extender la aplicación de la medida que fue tomada el pasado 17 de marzo por los miembros del Consejo Europeo para limitar la expansión de la pandemia.

De esta forma, los únicos nacionales de terceros países de la Unión Europa que podrán viajar son los residentes que se dirijan a su lugar de residencia, los titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro al que se dirijan y los trabajadores transfronterizos.

Además, están autorizados a desplazarse los profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que regresen de realizar su labor, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular y aquellas personas que acrediten causas de fuerza mayor o motivos familiares imperativos.

Así, solo se permitirá entrar en España a las personas registradas como residentes que se dirijan directamente a su lugar de residencia en otro estado miembro, Schengen o Andorra. Eso sí, estas condiciones no serán aplicables en la propia frontera con Andorra o en Gibraltar.

Por otro lado, la orden publicada este martes en el BOE también establece que se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.

La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlsaka, entrará en vigor a las 00:00 horas del 22 de abril y tendrá vigencia hasta las 24:00 horas del 15 de mayo sin perjuicio, en su caso, de las eventuales prórrogas que pudiesen acordarse.

Estas son las principales medidas aprobadas por el Gobierno para sostener la economía

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar. “Complementa todas las que se han ido aprobando en las semanas anteriores”, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás”, ha agregado.

Ya a mediados de marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado un plan de choque para hacer frente al desafío sanitario y económico sin precedentes que supone la pandemia del coronavirus. Ese paquete significa una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para sostener la economía y permitir que una vez pasada la emergencia la recuperación “sea una V y no una L”. Es decir, para que el sistema vuelva a crecer rápido desde el punto en el que se había quedado antes de su paralización por el virus.

Pero el escenario está en constante evolución y la profundización de la crisis, que ha llevado el Gobierno a paralizar aún más la actividad económica para contener la curva de contagios, ha obligado a abordar medidas adicionales. Todavía no se conocen los detalles para saber el alcance de este nuevo paquete y cómo será su efectiva implementación, que tendrán que desglosar los ministerios competentes.

Principales medidas aprobadas este martes

- Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos... Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.

- Prohibición de cortes de suministros: los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.

- Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.

- Ampliación de la moratoria de hipotecas: Se amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.

- Autónomos: moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.

- Prohibición de la publicidad del juego online: durante el estado de alarma la publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1:00 a 5:00 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de videos, como Youtube.

- Moratoria de pago en los créditos al consumo y reembolso de viajes: Se otorga una moratoria de tres meses a los créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. El Ejecutivo ha aprobado además que en caso de viajes combinados cancelados, los clientes podrán disponer de un bono a utilizar en un año; de no emplearse, se procederá a la devolución del dinero abonado. Otras empresas, como hoteles, tendrán 60 días para ofrecer una alternativa, y en caso de no hacerlo o no ser aceptada por el cliente este tendrá derecho a reembolso.

- Planes de pensiones: los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, estén en situación de desempleo por un ERTE o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir.

- Portabilidad telefónica: los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica aprovechando el procedimiento de la portabilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma.

- Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.

Ayudas aprobadas con anterioridad

- 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, con transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos, protección de los suministros básicos (luz, agua y gas) y los servicios de telecomunicaciones.

- Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.

- Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia, y otro tipo de actividades sociales relacionados con el coronavirus.

- Flexibilización de los ERTE: los afectados se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso si no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente. Si el ERTE se solicita por causa de fuerza mayor, las empresas con menos de 50 empleados tendrán una bonificación del 100% en las cotizaciones, y del 75% si la plantilla es mayor. Las prestaciones cobradas durante el estado de alarma no computarán para el desempleo de después.

- Posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.

- La consideración de las bajas y cuarentenas forzosas como accidente de trabajo.

- Prohibición de los despidos vinculados a la crisis del coronavirus; todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales.

- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados.

- Línea de avales de garantías públicas al 80% para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros; línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras; apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.

- Prohibición de las ofertas públicas de adquisición (opa) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas.

- Apoyo a la investigación científica en la búsqueda de una vacuna; 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

El Gobierno aprueba mañana las tasas Google y Tobin y elimina el despido por bajas

MADRID.- El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasas Tobin y Google, y eliminará la posibilidad de despedir por encadenar bajas por enfermedad.

Los impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha.

El impuesto sobre transacciones financieras, con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El impuesto será liquidado por el intermediario financiero y no afectará a las salidas a bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones de carácter temporal.

El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Solo afectará a las multinacionales tecnológicas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España y con él se esperan recaudar 1.200 millones de euros.

Despido por bajas

En materia laboral, el Gobierno prevé eliminar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por encadenar bajas por enfermedad, un apartado que existe desde que se aprobó la norma en 1980, aunque fue modificado en las reformas laborales de 2010 y 2012 para facilitar el uso de este tipo de despido objetivo ligado al absentismo.

El artículo 52.d avala el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

Originalmente el artículo permitía este despido siempre que el índice de absentismo total de la plantilla superase el 5% en los mismos periodos de tiempo, una tasa que la reforma de 2010 bajó al 2,5% y que la de 2012 eliminó.

Aunque la posibilidad de despedir por faltas de asistencia al trabajo ha estado vigente desde 1980, fue la sentencia del pasado octubre del Tribunal Constitucional -que rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra este precepto- lo que hizo movilizarse a los sindicatos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha justificado que la derogación no se ha sometido a negociación con los agentes sociales (patronal y sindicatos) porque "no se puede dialogar cuando hay vulneración de los derechos fundamentales".

El Gobierno autoriza la licitación del mantenimiento de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante por 63,56 millones de euros

MADRID.- El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato para los servicios de mantenimiento y pre-mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, en el ámbito de las bases de mantenimiento situadas en Villarrubia de Santiago (Toledo) y Gabaldón (Cuenca). El contrato tiene un valor estimado, incluyendo posibles prórrogas, de 63.567.844,45 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de 48 meses.

Las mencionadas bases atienden el mantenimiento de los tramos Torrejón de Velasco-Minglanilla, Bifurcación de Albacete-Bonete y Bifurcación de Los Blancales-Yeles Vía 1, todos ellos en explotación, así como de los tramos en construcción entre Chamartín y Torrejón de Velasco (nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, que incluye el túnel en ancho UIC entre las estaciones de Atocha y Chamartín) y Bifurcación de Los Blancales y Yeles Vía 2. En estos últimos tramos, al encontrarse ya construida la plataforma y la vía instalada en algunos subtramos, se hace necesaria su conservación hasta su puesta en servicio.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar en todo momento el óptimo estado de las instalaciones ferroviarias y su disponibilidad, eficacia, funcionalidad y confort, reduciendo al máximo la probabilidad de incidencias..

Los trabajos incluyen la conservación de la plataforma ferroviaria, vías generales, secundarias y de apartado, aparatos de vía (desvíos o cambios de agujas y travesías), ramales de conexión, bases de mantenimiento y cambiadores de ejes, entre otras instalaciones, así como la evaluación de su estado, la programación de intervenciones de mejora y la disposición y aplicación de recursos para actuar con inmediatez en caso de incidencia.

En los tramos en construcción, los trabajos de pre-mantenimiento comprenden la conservación de la plataforma y la vía ya instalada para mantener sus prestaciones hasta su puesta en servicio.

Las ayudas de 746 millones del Gobierno central por el temporal tardarán un año en llegar

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley mediante el cual destinará 746 millones de euros a paliar los daños y las necesidades de los afectados por los graves inundaciones e incendios registrados en España desde el pasado mes de junio.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha defendido que en medio de la situación de repetición electoral, el "Gobierno está a la altura" y ha dictado un Real Decreto Ley para atender a estas necesidades en el que ha participado 9 de los 17 Ministerios.

Así, ha asegurado que "este es un gran país" cuyo Gobierno, "incluso en funciones" se afana en atender las necesidades más perentorias de los ciudadanos que acaban de sufrir estos días los efectos de las inundaciones e incendios con "todas las fuerzas", la Unidad Militar de Emergencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los voluntarios que se ofrecieron a ayudar en la emergencia.

Celaá ha justificado la necesidad del Real Decreto Ley --que convalidará la Diputación Permanente -- en las "catastróficas" consecuencias del "último y letal" episodio de lluvias, las inundaciones, pero también por otras inundaciones y graves incendios registrados en España desde junio. Para ello, ha añadido se ha aprobado un "amplio" paquete de medidas para paliar estos efectos.

La ministra ha repasado algunos de los eventos que estarán atendidos por el Real Decreto Ley, tales como las tormentas e inundaciones de julio en Orense; o los gravísimos incendios forestales de agosto en Canarias o en junio en el Bajo Ebro y, finalmente los "gravísimos" efectos de la DANA que no ocurrían desde hace 140 años en Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares o Madrid.

Estas zonas serán declaradas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil para poder atender "rápidamente a los afectados" como "muestra de la voluntad del Gobierno" con los desfavorecidos.

Un año para recibir las ayudas

Posteriormente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha apuntado que el plazo en el que se podrán cobrar estas ayudas podría ser de un año, ya que ha asegurado que se hará "lo antes posible dentro del respeto a la Ley y los procedimientos".

Comparando con el plazo que está tardando la recepción de las ayudas de las inundaciones de hace casi un año en Baleares, Planas ha valorado que la rapidez de ese procedimiento en el que las ayudas directas y personales ya han sido abonadas, mientras que las de las corporaciones locales se abonarán en las próximas semanas.

Planas cree que en el caso de Baleares el Gobierno ha sido capaz de resolverlo en ese plazo aproximado de un año algo que es "una circunstancia casi récord con situaciones similares del pasado". Desde el punto de vista legal y presupuestarios hay procedimientos a seguir y ha asegurado comprender la preocupación en ese sentido.

Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que el RD incluye no solo a estas catástrofes sino las acaecidas desde el 1 de abril y serán también de aplicación las medidas a todos los eventos que puedan concretarse hasta el 31 de marzo de 2020.

Grande-Marlaska ha asegurado que España cuenta con un sistema "bien preparado" para atender a las emergencias en las que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En concreto, ha precisado que el Real Decreto incluirá a los afectados por la DANA que alcanzó a España del 9 al 15 de septiembre que además de los daños "de todo tipo" terminó con la vida de siete personas.

Respecto a la situación, ha garantizado que la fase de predicción de la emergencia funcionó "adecuadamente" y que durante el desarrollo de la misma todo el personal, efectivos y voluntarios dieron "lo mejor de sí mismos".

El ministro del Interior, ha añadido que en la fase de recuperación el Gobierno dará "respuesta inmediata" para el que se habilitarán "todos los créditos que sean necesarios".

Tras enumerar las zonas afectadas por las emergencias que estarán incluidas en el decreto de ayudas, que recogerá medidas de diversa naturaleza, para el dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico y otras zonas de titularidad pública para que los afectados "puedan mirar al futuro con esperanza".

Por su parte, Planas ha afirmado también que el Real Decreto como un trabajo "coral" que supone la "respuesta más eficaz en los últimos años ante un fenómeno como este".

Medidas y cuantías

A las ayudas podrán acogerse particulares, personas físicas y jurídicas, empresas, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros, turísticos, corporaciones locales para gastos derivados de obras inaplazables no contempladas en sus presupuestos. Entre otras medidas, el decreto exime del pago de la cuota del IBI, del de actividades económicas en el ejercicio correspondiente y, las ayudas personales estarán exentas en el IRPF.

Desde el ámbito del Ministerio de Trabajo, se aprobarán las normas relativas a bonificaciones, moratorias, exenciones de cuotas relativas a la suspensión o exención de relaciones laborales y los pagos a la seguridad social de empresarios por trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se acometerán obras para restaurar el dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico y desde el departamento de Fomento se acometerán las obras de emergencia para reparar los daños en infraestructuras de titularidad pública.

Mientras, por parte del Ministerio de Hacienda y Agricultura, Pesca y Alimentación se aprobará la reducción que corresponda al ejercicio fiscal de 2019 que ajuste los módulos de la estimación afectiva singular para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

También se aprueban en el Real Decreto indemnizaciones del seguro agrario combinado en determinados supuestos, para actividades ganaderas y vinculadas a ella que puedan estar o no cubiertas ante la catástrofe por una póliza.

Igualmente se habilita el mecanismo de cobertura de la Administración Pública de los daños no cubiertos por el seguro agrario combinado así como aquellas actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.

En materia de incendios, Planas ha adelantado que se realizarán actuaciones urgentes en materia de restauración hidrológico forestal para tratar de restablecer el hábitat natural de flora y fauna correspondiente para el control de plagas, las infraestructuras rurales y "muy en particular" para evitar la erosión derivada de los momentos posteriores.

Respecto a las cantidades, tras precisar que son "cálculos provisionales que deben seguirse con prudencia" y suponen una "hipótesis de partida", ha detallado el desglose de los 746,3 millones de euros.

De forma absolutamente provisional, el importe de las ayudas se estima en 557,7 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Sociales, por parte de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se distribuirán unos 13 millones, 2 para restauración forestal y 4,8 para actuaciones de la financiación de avales y compensación de daño asegurados en explotaciones; del Ministerio de Fomento 60,71 millones; desde Transición Ecológica, 62,3 millones; Política Territorial, 541,69 millones en daños a corporaciones locales. Desde el Ministerio de Economía se destinarán 10 millones. Mientras, Hacienda, 28 millones de euros en exención de impuestos.

El Gobierno de España aprobará el viernes las primeras medidas por los daños de la gota fría

MADRID.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha explicado este martes que el Consejo de Ministros adoptará el próximo viernes las primeras medidas "ante la urgente situación" provocada por la gota fría de la semana pasada en el sudeste español.

Respecto a las diferentes peticiones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de la declaración de zona catastrófica, ha apuntado en declaraciones a la Cope que las delegaciones de Gobierno están recopilando la información, ya que el Ejecutivo "ha de dar una respuesta lo más inmediata posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias".

"Hay amplias zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid que deberán tener ese tratamiento", una declaración que "no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan una serie de actuaciones de diversos ministerios para dar una respuesta más eficaz", ha añadido.

A su juicio, lo importante es "la agilidad y prontitud en la toma de decisiones", ante la "situación muy grave" que atraviesan muchas zonas.

Entre las propuestas que puede aprobar el Gobierno, "que por estar en funciones tiene una capacidad de actuación limitada", se ha referido a posibles medidas fiscales y ayudas extraordinarias.