«Que se investigue, que se resuelva y luego sacamos las conclusiones, lo que no hay que hacer es sacarlas antes».
ALICANTE.- El grupo socialista en la Diputación de Alicante asegura que ha
registrado una solicitud formal para la comparecencia de "alcaldes y
alcaldesas del PP que gestionaron los bonos comercio con la Federación
Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme)" durante los años 2022 y
2023.
En un comunicado, el PSPV ha aseverado que esta
iniciativa llega tras la celebración de la primera sesión de la comisión
de investigación sobre los bonos comercio y "ante la predisposición
manifestada por la presidenta" de este órgano, la diputada del PP Ana
Serna, de "contar con la participación de los responsables municipales
implicados en la gestión de estas ayudas".
Ante esta
situación, el grupo socialista explica que ha solicitado "la
comparecencia de dirigentes del PP que participaron directamente en
dichos programas, entre ellos el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la
diputada provincial y alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano".
Asimismo, ha asegurado que también va a registrar "la petición para
que comparezca el expresidente de la Diputación de Alicante, Carlos
Mazón, con el objetivo de esclarecer su papel en el desarrollo y
supervisión de estas iniciativas, pese a la negativa inicial de los
diputados de su propio partido ayer durante la comisión".
El
diputado socialista Raúl Ruiz ha subrayado que el PSPV vela "por la
transparencia y por el correcto uso de los recursos públicos". "Esta
comisión no puede convertirse en un instrumento para encubrir
responsabilidades ni para desviar la atención", ha apuntado.
Ruiz ha insistido en que "es imprescindible depurar responsabilidades
políticas si las hubiera". "Lo que no se puede permitir es que el PP
trate de tapar a los suyos mientras intenta echar balones fuera y eludir
cualquier explicación", ha añadido.
En esta línea, ha
continuado: "El dinero público exige rigor, control y rendición de
cuentas. Por eso vamos a seguir impulsando todas las comparecencias
necesarias para que la ciudadanía conozca la verdad".
Por su parte, Serna, quien además es vicepresidenta primera de la
Diputación, ha acusado al PSPV de intentar "montar un circo político en
torno a la comisión del bono consumo porque saben perfectamente que no
hay absolutamente nada que ocultar".
La diputada 'popular' ha
afirmado, en un comunicado, que los socialistas "están más preocupados
por activar su maquinaria electoral que por defender los intereses
reales de la provincia de Alicante".
Y ha calificado de
"lamentable" su "estrategia" de "desprestigiar el nombre y el buen hacer
de una institución como la Diputación de Alicante, que lleva años
siendo gestionada por el PP de manera pulcra, eficaz y brillante".
En este sentido, ha sostenido que el grupo 'popular' "ha sido el
primer interesado en poner en marcha esta comisión de investigación".
"Somos los únicos que trabajamos con transparencia y nos preocupamos de
verdad por los intereses de esta provincia", ha aseverado, al tiempo que
ha sostenido que el PSPV, a su juicio, "solo trata de generar ruido y
confundir a la ciudadanía".
La portavoz 'popular' ha señalado,
además, que "todo este montaje por parte del PSOE responde a una clara
intención de desviar la atención de lo verdaderamente importante" y cree
que los socialistas pretenden "tapar la realidad de un Gobierno de
Pedro Sánchez que mantiene a la provincia de Alicante en el olvido más
absoluto".
"Estamos ante una provincia castigada, sin
Presupuestos Generales del Estado desde 2023, siendo la última en
inversiones estatales y completamente abandonada por el Gobierno
central. Ese es el verdadero problema que el PSOE no quiere que se
debata", ha subrayado.
Asimismo, Serna ha reiterado: "El
Gobierno de Pedro Sánchez mantiene secuestrados los ahorros de esta
Diputación, impidiendo que podamos hacer uso de cerca de 400 millones de
euros que pertenecen a todos los alicantinos".
Se trata de
unos recursos que, según ha indicado la vicepresidenta de la institución
provincial, "serían fundamentales para ayudar a los ayuntamientos de la
provincia y mejorar la vida" de la ciudadanía alicantina.
Por
último, ha insistido en que el PP "va a seguir defendiendo con firmeza
los intereses de Alicante, frente a un PSOE que ha demostrado estar más
centrado en la confrontación política que en ofrecer soluciones reales".
El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme,
Carlos Baño, único imputado en la causa judicial que trata de determinar
si hubo o no irregularidades en la gestión del bono consumo de la
Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023,
comparecerá el 27 de abril en la comisión de investigación sobre este
programa que fue constituida este lunes en el Palacio Provincial.
ALICANTE.- El vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión municipal sobre
viviendas de protección pública (VPP), el 'popular' Manuel Villar, ha
confirmado que dos funcionarios "querían ponerse a disposición" de este
órgano, constituido tras la polémica de las adjudicaciones del
residencial Les Naus, que están siendo investigadas por una jueza.
Además, ha emplazado a la próxima reunión, prevista para el viernes,
para dar detalles al respecto.
Así lo ha señalado este martes
en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, después
de que recientemente los grupos de izquierdas en la corporación
municipal, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, reclamaran la
"convocatoria urgente" de una sesión extraordinaria de la comisión tras
saber que "varios de los funcionarios inicialmente previstos para
comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían
manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar
información relevante", circunstancia que, según estas formaciones, "no
fue trasladada a los miembros de la comisión ni a los grupos municipales
en tiempo y forma".
Villar ha sostenido que "en ningún
momento se ha intentado ocultar nada" al respecto y ha afirmado
nuevamente que, como presidente de la comisión, ofrecerá explicaciones a
las formaciones políticas que la integran este viernes.
Además, el vicealcalde, quien ha dicho que no tiene constancia de si ha
habido más renuncias de VPP en el residencial Les Naus, ha remarcado que
el Ayuntamiento de Alicante sigue valorando si pedir o no su
personación en la causa judicial.
Villar ha insistido en que
tras conocerse la polémica relativa a este complejo, levantado sobre un
suelo que era municipal, a los pocos días el consistorio presentó una
denuncia ante la Fiscalía. Así, ha defendido la actuación del equipo de
gobierno del alcalde Luis Barcala en torno a este asunto.
Por su parte, los portavoces de PSPV, Compromís y EU-Podem en el
Ayuntamiento de Alicante, que son Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé,
respectivamente, han vuelto a elaborar otro escrito dirigido a la
presidencia de la comisión.
En un documento con fecha de este
martes 21 de abril, señalan que "no se ha
recibido contestación alguna" a la solicitud formulada el pasado día 17
relativa a la "convocatoria extraordinaria y urgente" de una sesión de
la comisión "en relación con hechos que afectan al normal
funcionamiento" de esta y "al ejercicio de las funciones de control
político que corresponden a los grupos municipales".
Según
PSPV, Compromís y EU-Podem, tampoco ha habido "comunicación formal sobre
su tramitación, convocatoria o previsión de respuesta" y han alertado
de que existe una "situación de incertidumbre incompatible con la
necesaria transparencia y diligencia que deben presidir los trabajos de
la comisión".
"Igualmente continúa pendiente la entrega de
diversa documentación solicitada por los tres grupos municipales
firmantes, documentación que resulta necesaria para el adecuado
ejercicio de nuestras funciones de análisis, fiscalización y preparación
de las sesiones previstas", han resaltado.
También consideran "imprescindible" establecer "criterios mínimos de
antelación en la comunicación de los comparecientes que vayan a
intervenir en futuras sesiones de la comisión, a fin de garantizar la
preparación de preguntas, el estudio de expedientes y el correcto
desarrollo de los trabajos".
Por todo ello, han pedido que "se
tenga por reiterada la solicitud de convocatoria extraordinaria y
urgente de la comisión, interesando que se proceda a su celebración a la
mayor brevedad posible y antes de la sesión ordinaria del viernes".
Además, reclaman "que se informe expresamente a los grupos
municipales firmantes del plazo previsto para la entrega de la
documentación solicitada conjuntamente" y que se indique, "en su caso",
el "estado de tramitación de cada petición".
También "que se
establezca y comunique un criterio general de antelación mínima para
informar sobre los comparecientes previstos en cada sesión de la
comisión". En este sentido, proponen "como plazo orientativo mínimo el
de 24 horas antes de la celebración de cada sesión, salvo causa
debidamente justificada".
Esta última petición a la
presidencia de la comisión llega después de que el pasado 14 de abril
cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer allí, algo que
es voluntario, no lo hicieran.
Solo acudió un exfuncionario
--ya esta jubilado-- que trabajó en el Ayuntamiento en un periodo en el
que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue
enajenada y sobre la que luego se construyó el residencial Les Naus.
ALICANTE.- El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación
Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único imputado
en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no
irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación para
municipios de la provincia durante 2022 y 2023, comparecerá el 27 de
abril en la comisión de investigación sobre este programa que ha quedado
constituida este lunes en el Palacio Provincial.
Así lo ha
trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, la
vicepresidenta primera de la institución provincial y presidenta de esa
comisión, la 'popular' Ana Serna, quien ha resaltado que Baño fue el
"primero" en pedir "voluntariamente" su comparecencia.
El
órgano de investigación sobre la gestión del programa del bono comercio
constituido este lunes, y que se reúne a puerta cerrada, lo integran 13
miembros. En concreto, por parte del PP, además de Serna, Carmen Sellés,
José Antonio Bermejo, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y
Magdalena Martínez.
Asimismo, el PSPV está representado por
Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro y Verónica Giménez, mientras
Compromís y Vox aportan cada uno a la comisión a su único diputado, que
son Ximo Perles y Gema Alemán, respectivamente.
La vicepresidenta primera ha explicado que se ha aprobado la
propuesta de comparecencias del PP, que gobierna con mayoría absoluta la
Diputación, al entender que, "en cualquier caso, si alguien tiene que
comparecer, son aquellos alcaldes que contrataron con Facpyme".
"Tampoco tiene mucho sentido, porque, al final, cada ayuntamiento,
cada municipio lo gestionó como consideró, como quiso", ha afirmado
Serna, quien ha reiterado que "hubo ayuntamientos que lo hicieron con
Facpyme, hubo ayuntamientos que no lo hicieron con Facpyme y lo hicieron
con otra empresa", e incluso hubo consistorios que lo autogestionaron,
como, según ha reiterado, fue el caso de su municipio, Albatera.
A juicio de la presidenta de la comisión de investigación, "no tiene
mucho sentido pedir más comparecencias, más allá de todos aquellos
alcaldes que trabajaron, en este caso, con Facpyme", entidad que preside
Baño, investigado en la causa judicial.
Serna ha afirmado que
el PSPV ha propuesto como compareciente al alcalde de Alicante, el
'popular' Luis Barcala, una acción que ha calificado como algo
"curioso", ya que "no lo gestionó con Facpyme", ha apuntado.
Y
ha abundado en que el PP ha pedido que, "seguidamente, después de la
comparecencia de Carlos Baño, a petición suya", comparezca Rubén Alfaro,
alcalde de Elda y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de
Alicante.
Serna ha vuelto a afirmar que la Diputación
solamente se encargó de poner en marcha el bono consumo, que nació
durante los años en los que la institución estaba presidida por Carlos
Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, cuya dimisión de este
cargo se produjo entre polémica por la gestión de la dana del 29 de
octubre de 2024.
La vicepresidenta primera ha defendido que
esta iniciativa "ayudó a dinamizar la economía en un momento muy difícil
para todos los alicantinos y para todas las alicantinas" y que "se
gestionó como cualquier convocatoria ordinaria o extraordinaria".
"Es decir, se concede a los ayuntamientos en base a unos criterios
que se establecieron en unas bases que todos aprobamos. Ese dinero se
entrega a los ayuntamientos y los ayuntamientos lo gestionan con sus
diferentes departamentos", ha añadido, al tiempo que ha sostenido que
"aquí no hay nada oscuro".
Serna espera que, "después de esta
comisión y de la siguiente", esta "acabe".
"Al final es un tema que está judicializado y desde luego nosotros no vamos a interferir en las decisiones que la justicia tome", ha indicado, para luego sentenciar:
"Pero, si esto sigue, evidentemente comparecerán todos aquellos alcaldes
que gestionaron con Facpyme. Claro que sí, no tenemos ningún
inconveniente".
La también presidenta de la comisión ha
precisado que se han solicitado las comparecencias de representantes de
unos 18 o 20 ayuntamientos y ha dicho que se establecerá un orden.
"No
pueden comparecer todos el mismo día", ha zanjado.
Desde la oposición, el PSPV ha acusado al equipo de gobierno del PP
de "esconder y tapar las posibles irregularidades" con los bonos,
"tratando de volcar la responsabilidad exclusivamente en los
ayuntamientos y, en concreto, en los alcaldes socialistas".
"Salimos de la comisión estupefactos. El PP, una vez más, ha hecho
servir su mayoría absoluta para seguir ocultando y tapando a los suyos
en un caso que ha terminado con una detención policial en la etapa en la
que Carlos Mazón era presidente de la Diputación", ha afirmado el
diputado socialista Raúl Ruiz, quien ha criticado que la comisión "nazca
completamente adulterada" y con un "claro sesgo político":
"No ha
aprobado la comparecencia de ni un solo alcalde del PP".
En
este sentido, ha proseguido, el diputado del PSPV ha calificado de
"amoral, al margen de la ética y del sentido común" la "decisión del PP
de aprobar únicamente la comparecencia de alcaldes socialistas", señala
el grupo socialista en un comunicado.
Según Ruiz, el PP "ha
aprobado solo la comparecencia de alcaldes socialistas, pero ha obviado"
y "escondido" a "alcaldes de municipios como Finestrat, La Nucía o El
Campello".
"Es evidente que estamos ante una estrategia deliberada para
proteger a los suyos", ha añadido.
El PSPV ha apuntado que ha
registrado "una amplia solicitud de documentación para esclarecer todos
los aspectos del programa" y que, entre la información pedida, están
"las bases completas de las convocatorias entre 2022 y 2024, informes
técnicos, jurídicos y de intervención, expedientes de aprobación,
auditorías", así como la "relativa a la ejecución, control e incidencias
del programa".
Por su parte,
Compromís ha lamentado la "actitud" del PP, ya que, a su juicio, el
equipo de gobierno de Toni Pérez quiere "convertir una comisión para
aclarar posibles irregularidades en un acto de autobombo y blanqueo de
su gestión".
El portavoz de la coalición valencianista en la
Diputación, Ximo Perles, ha indicado que el grupo 'popular' tiene
mayoría absoluta, "pero no tiene derecho a convertir una comisión de
investigación en una pantomima".
A juicio de Compromís, "el
calendario planteado" por el PP evidencia "poquísimas ganas de
investigar", con "un ritmo pensado para liquidar rápidamente la comisión
y evitar que se conozcan todas las responsabilidades políticas
derivadas de un caso que ya investiga la justicia", detalla la coalición
en un comunicado.
Perles ha remarcado que "Compromís no
piensa permitir que el foco se reduzca únicamente al procedimiento
administrativo de los bonos".
"Carlos Baño no aparece de la nada. Tiene
una relación intensa y continuada con esta Diputación, y hay que
analizar todas las conexiones, adjudicaciones y subvenciones públicas
que le han beneficiado estos años", ha añadido, y ha avanzado que su
grupo ha registrado formalmente la petición para que "todas las sesiones
de la comisión sean públicas y accesibles a la ciudadanía y a los
medios de comunicación".
Desde
Vox, su portavoz, Gema Alemán, ha afirmado en declaraciones distribuidas
a la prensa que la comisión "es un paso importante para esclarecer los
hechos y garantizar la transparencia en la gestión de dinero público".
"No obstante, esperamos que no se convierta en una herramienta que
sirva titulares partidistas desviando el objeto principal de la
aprobación de estas comisiones, y, en todo caso, se respete la
presunción de inocencia de una investigación judicial ya en curso", ha
sentenciado.
ALICANTE.- El PSPV de la Diputación de Alicante ha avanzado que pedirá la
comparecencia del 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular'
Juanfran Pérez Llorca, en la comisión de investigación de la
institución provincial sobre los bonos consumo por la etapa en la que
fue alcalde de Finestrat, cargo que dejó a finales del año pasado para
convertirse en jefe del Consell.
Según ha señalado este
miércoles el grupo socialista a través de un comunicado, el entonces
primer edil del PP "gestionó" con la Federación Alicantina de Comercio
de la Pyme (Facpyme) este programa en 2022.
La comisión se
pondrá en marcha próximamente, en un contexto marcado por la causa
judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión de los
bonos de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y
2023.
En el procedimiento figura como único imputado el
presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos
Baño, quien ya ha trasladado a la institución provincial su intención de
comparecer en ese órgano.
El diputado socialista Raúl Ruiz ha
añadido que "resulta imprescindible que comparezcan" alcaldes que "no
están integrados en la comisión de investigación" para "ofrecer todas
las explicaciones necesarias sobre la gestión de los bonos consumo en
sus respectivos municipios".
"Consideramos que, en coherencia
con la responsabilidad institucional que ostentan, deben contribuir al
esclarecimiento de los hechos y a garantizar la máxima transparencia
ante la ciudadanía", ha apostillado.
Desde el grupo socialista
de la Diputación han insistido en que esta iniciativa responde a su
"compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen
gobierno".
Asimismo, han incidido en que seguirán trabajando en el seno
de esa comisión "para esclarecer los hechos con rigor y responsabilidad,
contribuyendo a que se depuren posibles responsabilidades políticas y
se adopten medidas que garanticen una gestión más transparente en el
futuro".
"La ciudadanía merece saber cómo se han gestionado
estos fondos y si los procedimientos han sido los adecuados. No se trata
de una cuestión partidista, sino de reforzar la confianza en las
instituciones públicas y asegurar que cada euro se ha utilizado conforme
al interés general", ha concluido Ruiz.
ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sostenido que su comida de 853 euros en un restaurante con dos estrellas Michelin en noviembre de 2023 «no le ha costado ni un euro a los valencianos», al tiempo que ha afirmado que le parece «sorprendente que tenga que dar explicaciones» sobre un almuerzo «que no le ha costado ni un euro a la Generalitat».
VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha criticado la
decisión del Consell de nombrar a Inmaculada Luz Collado como directora
adjunta del Instituto Valenciano de Servicios Sociales.
La
coalición valenciana considera que, con esta designación, el 'president'
de la Generalitat, Carlos Mazón, "está premiando a los artífices del
asalto a la Agencia Antifraude para desactivar investigaciones que
afectan al PP".
Según ha señalado en un comunicado,
Inmaculada Luz Collado es la presidenta de la Asociación Española de
Gestores para la Administración Pública, que propuso en Les Corts el
nombramiento de Eduardo Beut como presidente de la Agencia Antifraude.
Compromís ha aseverado que "Mazón tenía una estrategia perfectamente
diseñada para desmantelar la Agencia Antifraude y situarla al servicio
de los corruptos".
"Desde el primer momento denunciamos que
la candidatura de Beut era parte de la operación para desactivar
investigaciones que afectan directamente al PP. Ahora el gobierno de
Mazón ha premiado a sus artífices con cargos públicos en agradecimiento
por sus maniobras. Un ejemplo claro de la red de influencia del PP para
controlar instituciones públicas con fines políticos", ha apostillado
Isaura Navarro.
La coalición ha afirmado que el nombramiento
fue un "fraude orquestado" y ha asegurado que "el PP mintió, negando la
existencia de esta operación, pero no engañó a nadie: querían utilizar
la Agencia para proteger sus intereses y tapar casos que les perjudican y
lo están haciendo".
En esa línea, se ha referido a "las
destituciones injustificadas de cargos clave dentro de la Agencia, así
como las decisiones de Beut que ponen en entredicho su compromiso con la
lucha contra la corrupción".
Navarro ha insistido en que
"Eduardo Beut tiene que abandonar su cargo inmediatamente".
"Tenemos un problema grave de carencia de independencia en una institución que tendría que ser ejemplar. Por eso hemos registrado en el parlamento valenciano un escrito para iniciar el procedimiento que prevé la ley de la Agencia para la destitución de su director por negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo", ha zanjado.
VALENCIA.- El PSPV llevará en los próximos días a la Fiscalía Anticorrupción de la Comunitat Valenciana la contratación y adjudicación del festival Som de la Terreta, impulsado por la Generalitat el pasado sábado con motivo del 9 d'Octubre, al considerar que hay indicios de que presuntamente se han cometido los delitos de falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación.
Así lo han anunciado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, y el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, después de trasladar a los servicios jurídicos del partido toda la documentación a la que han «podido» tener acceso y que «no ha facilitado la Generalitat» sobre el festival, que incluyó tres conciertos en Valencia, Alicante y Vila-real.
«Hemos visto que sí hay causa legal», ha manifestado Muñoz en declaraciones a los medios en Les Corts, tras recordar que la Generalitat adjudicó este contrato de «aproximadamente cuatro millones de euros a una empresa constituida hace siete meses».
A su juicio, con esta adjudicación, «da la sensación de que se podría haber hecho un traje a medida a una empresa», ya que el proceso de adjudicación fue «muy raro» y despertó «preocupación» en el sector de los festivales mediante una carta remitida por promotoras al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.
El síndic ha asegurado que percibe que hay «preocupación y nerviosismo» al respecto en el Palau de la Generalitat, así como que tiene constancia de que se están produciendo «reuniones» sobre este festival. Además, ha denunciado que Presidencia pone «palos en las ruedas» a la oposición para tener acceso a la documentación cuando está en su derecho de pedirla.
El secretario de Organización también ha criticado que el Consell «tiene la vergüenza de utilizar los recursos públicos en una fecha tan importante» como el 9 d'Octubre.
«Probablemente sea el primer caso de corrupción del nuevo PP de Carlos Mazón -ha añadido Mascarell-. A (Eduardo) Zaplana tardaron 20 años en pillarlo, a Mazón, en apenas un año, ya hay elementos constitutivos de que estamos ante un caso de corrupción».
Al mismo tiempo, el PSPV solicitará tener acceso al libro de visitas al Palau de la Generalitat, con la intención de «saber quién está entrando y quién se está reuniendo con Mazón» para saber si esos encuentros «tienen como consecuencia este tipo de contratos».
Es una petición que los socialistas relacionan con la reforma de la Ley de Transparencia de la Generalitat, impulsada por PP y Vox en Les Corts y aprobada hace unos meses, que «elimina los controles contra la corrupción».
«Vamos a estar vigilantes y a llegar hasta las últimas consecuencias», han reiterado, tras señalar que esta contratación «huele mal», es «peligrosa» y «recuerda a épocas pasadas de un PP que escampó la corrupción en la Comunitat Valenciana».
Y han subrayado: «Vamos a defender los recursos públicos y la dignidad de todos los valencianos».
VALENCIA.- El PP de Les Corts ha celebrado el «éxito rotundo» del festival Som de la Terreta, organizado por la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, frente a las críticas de PSPV y Compromís al proceso de adjudicación a «una empresa constituida hace siete meses» y a su coste de cuatro millones de euros.
Entre estos grupos de la oposición, el PSPV ha exigido tener acceso al pliego de condiciones del festival, ha advertido que llegará «hasta las últimas consecuencias» y ha asegurado que percibe «pánico» en Presidencia de la Generalitat al respecto, mientras Compromís ha anunciado que acudirá a la Agència Valenciana Antifrau (AVAF) y que estudia ir a Fiscalía para determinar si hay irregularidades en la adjudicación.
Así se han posicionado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día después de que el PSPV acusara a la Generalitat de ocultar el proceso de adjudicación y de que Presidencia respondiera que el contrato y su tramitación lleva publicado desde el pasado viernes y rechazara estos «bulos absurdos».
Desde el grupo socialista, su síndic, José Muñoz, ha asegurado que esta respuesta de la Generalitat demuestra que «están muy nerviosos» porque «ayer se vio claramente que algo huele mal en esta contratación».
«Directamente Presidencia, las famosas fuentes, se apresuraron a intentar desmentir nuestra información, pero creo que han logrado el objetivo contrario al que buscaban».
Según ha expuesto, el festival fue anunciado por el 'president' Carlos Mazón el pasado 19 de septiembre, tras lo que el expediente de contratación se inició cuatro días después y la adjudicación se llevó a cabo el pasado viernes, «un día antes de los conciertos». Se trata de información a la que han accedido a través de la Plataforma del Contratación, ha subrayado.
«El gobierno de los mejores también es el mejor en la organización de los festivales de música», ha ironizado. Además, ha afirmado que «lo más sorprendente» es que en la justificación de la contratación «dice que la empresa es titular en exclusiva de la marca Som de la Terreta», por lo que se ha preguntado «qué fue antes: el huevo o la gallina».
Por todo ello, Muñoz ha reiterado que «el Partido Socialista va a llegar hasta final y hasta las últimas consecuencias».
«Ya lo hicimos con la Fórmula 1 cuando era muy impopular hacerlo y vimos que teníamos razón», ha añadido.
También ha exigido a la Generalitat que les haga llegar el pliego de condiciones del festival, «porque no está en ningún sitio», y ha explicado que «por ahora» pretenden reunir documentación para que «se sepa toda la verdad» antes de estudiar si ir a Fiscalía.
Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha coincidido en que «algo huele a podrido» en este festival, ya que ha acusado a la Generalitat de negar a su grupo documentación «diciendo que el expediente todavía no está concluido».
Ante ello, ha avanzado que lo llevarán a Antifraude --aunque no son «nada optimistas» porque su director, Eduardo Beut, fue propuesto por el PP-- y que estudiarán ir a Fiscalía.
«Queremos saber en qué se gasta el dinero Presidencia», ha exigido, y ha advertido que «está volviendo el modus operandi del PP valenciano de grandes eventos».
Frente a estas críticas, preguntada por si hay preocupación en el Consell al respecto, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha remarcado que la programación del 9 d'Octubre «ni siquiera ha finalizado» y que «el contrato está publicado en la plataforma».
«No sé exactamente en qué basan sus denuncias», ha añadido.
Dicho esto, ha garantizado que «cuando finalice la programación» no habrá problema en poner (el expediente) a disposición de quien lo solicite, «como en cualquier procedimiento administrativo».
«Cuando tienes un expediente abierto es porque es susceptible de incluir documentación -ha precisado-. Qué menos que incluir la factura del pago de esos servicios».
En cualquier caso, ha destacado el «éxito rotundo» y el «apoyo de la ciudadanía» a los conciertos de Som de la Terreta celebrados en Valencia, Alicante y Vila-real con más de 50.000 asistentes.
Mientras tanto, la diputada 'popular' ha lamentado que «estamos en un país en que quien denuncia tiene la carga de la prueba».
«Veremos a ver en qué basan esas denuncias», ha avisado a PSPV y Compromís.
VALENCIA.- El PSPV-PSOE ha acusado a la Generalitat Valenciana de "ocultar" el
proceso de adjudicación por valor de cuatro millones de euros del
festival 'Som de la Terreta' organizado por la Administración autonómica
con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. Además, los socialistas
han avanzado que estudian si existe "algún tipo de responsabilidad
judicial" o de acción legal para llevar este proceso "a los tribunales
si fuera el caso".
En declaraciones a los medios este lunes,
Muñoz ha censurado que se haya contratado a una empresa "constituida
hace escasamente siete meses" para la celebración de este evento, a la
que ha cuestionado que se haya pagado "el doble de lo que se invierte en
toda la música en la Comunitat Valenciana y tres veces lo que se
invierte en todo el año en el Circuit Cultural Valencià".
Así,
y ante "esta manera de proceder" por parte de la Generalitat, los
socialistas han solicitado a la Administración autonómica "la
documentación relativa a las contrataciones millonarias" de este
festival. Al respecto, Muñoz ha argumentado que lo hacen "sin ánimo de
presuponer nada", pero sí que para "controlar la acción del gobierno".
Sin embargo, ha lamentado que la respuesta de la Generalitat a la
petición de información de los socialistas ha sido "negar la
documentación" al PSPV sin "ningún tipo de explicación al respecto".
En un escrito con fecha 2 de octubre, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y
Transparencia, Santiago Lumbreras, argumenta que en ese momento "no ha
concluido todavía la tramitación de los expedientes" a los que se
refieren, por lo que "no se puede facilitar la documentación
solicitada".
En este
contexto, el síndic socialista ha criticado que el PP trabaje "como en
otras épocas" bajo los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps.
"Ya sabemos cómo ha acabado esto, lo vimos con la Fórmula 1, con la
Ciudad de la Luz y con tantas y tantas adjudicaciones", ha expuesto.
Ahora, ha lamentado que el PP de Mazón "parece que es el mismo que
niega documentación", como lo hicieron en su momento Camps y Zaplana,
ante lo que Muñoz ha mostrado "preocupación".
"Vamos a seguir
preguntando", ha garantizado, con "el ánimo de que la sociedad y los
valencianos se puedan divertir, por supuesto", pero también para
"controlar el dinero público que sale de los bolsillos de todos".
"Como sociedad tenemos la obligación, pero, sobre todo, el derecho de
saber en qué se gasta Carlos Mazón el dinero de los valencianos y
valencianas y, en este sentido, nos ha negado la documentación y vamos a
reiterar esta solicitud, además de valorar si existe algún tipo de
responsabilidad judicial o si tenemos algún tipo de acción legal para
poder llevar esto a los tribunales si fuera el caso", ha expuesto.
En cualquier caso, Muñoz ha subrayado que desde el PSPV "siempre"
apoyan la celebración de actos festivos y lúdicos en los que la
ciudadanía pueda participar, aunque ha mostrado "preocupación" por
"determinadas maneras de proceder" por parte del 'president' de la
Generalitat, Carlos Mazón, que "nos recuerdan peligrosamente al pasado".
Además, ha criticado que en este festival no hayan actuado
"demasiados grupos valencianos", en una semana como la del 9 d'Octubre
en la que la Generalitat, a su juicio, debería promocionar conjuntos de
la Comunitat Valenciana.
Por su parte, fuentes de Presidencia de la Generalitat han precisado que el contrato al que hacen alusión los socialistas y su
tramitación "lleva publicado en la Plataforma de Contratación Pública
del Estado desde hace ya más de tres días, concretamente el 4 de octubre
a las 10.33 horas", por lo que han acusado al PSPV de, "además de
trabajar poco, mentir descaradamente a los ciudadanos".
"Solo
tenían que acudir a internet y ver todos los datos del citado
expediente", sostienen, al tiempo que deslizan que "tal vez al Grupo
Parlamentario Socialista no se le haya ocurrido consultar la citada
Plataforma de Contratación Pública del Estado porque no estaban
acostumbrados a la transparencia cuando gobernaban".
Por ello,
las mismas fuentes han aconsejado al PSPV que se "deje de lanzar bulos
absurdos" y "respete más a la ciudadanía y a las instituciones de la
Comunitat Valenciana".
En estas amplias operaciones de vigilancia e influencia, Moderna buscó eliminar cualquier crítica o rechazo hacia su vacuna en el discurso en línea.
Moderna, la empresa de biotecnología conocida por su vacuna de ARNm contra el Covid, se hizo famosa al lanzar al público estas inyecciones, que fueron su primer y único producto.
Durante la pandemia, estas inyecciones de ARNm fueron suficientes para impulsar a Moderna a una valoración de 100.000 millones de dólares.
Ahora se informa que UnHerd ha revelado que la empresa, en lugar de centrarse únicamente en la innovación farmacéutica, se ha adentrado en el oscuro mundo de la vigilancia, la propaganda, la censura y la influencia pública.
Según el informe, Moderna ha creado una compleja red de monitoreo con el objetivo de influir en el discurso público sobre las vacunas.
La colaboración con Proyectos de Bien Público (PGP) y ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un elemento central de esta operación. PGP, una ONG financiada por la industria farmacéutica, participa activamente en el objetivo de combatir lo que la compañía considera una "desinformación" sobre las vacunas.
Las importantes preocupaciones han sido suscitadas por el alcance y los métodos de esta iniciativa. Las líneas entre la defensa de la salud pública y la vigilancia corporativa estaban siendo difuminadas por el esfuerzo. De ser una empresa de biotecnología incipiente, Moderna se convirtió en un nombre familiar casi de la noche a la mañana durante la pandemia.
Las ganancias de Moderna disminuyeron a medida que la demanda de vacunas disminuyó, lo cual se debió al uso generalizado de su vacuna de ARNm y al repentino éxito que experimentaron.
