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viernes, 21 de junio de 2013

Sale a la luz la “Rebelión de Alicante”: políticos españoles muestran temor a inaugurar obras

MADRID.- Diputados y senadores mostraban temor y preocupación en los pasillos de las cámaras ubicadas en Madrid por los incidentes sucedidos en Alicante durante la inauguración del AVE. Lo que se preveía un día de fastos y fanfarrias se transformó, gracias a la actitud decidida de casi un millar de ciudadanos, en un acto de rebeldía frente a Mariano Rajoy, el príncipe Felipe y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por corrupción.  Los vídeos ciudadanos, alguno de los cuales alcanzó 70.000 visitas en 48 horas, han permitido calibrar el alcance de las ruidosas protestas de los alicantinos. 

Los parlamentarios españoles temen que las protestas en las inauguraciones políticas de las millonarias obras públicas, que se sucederán durante un año hasta las próximas elecciones europeas, transformen lo que todos creían “un sueño” para una ciudad en una “pesadilla” para quienes acuden a lo que vulgarmente se llama “hacerse la foto”. Y muestran su “temor” porque ya no está garantizada su seguridad personal, algo que han podido comprobar los numerosos cargos públicos de PP y PSOE que acudieron a la cita, entre ellos la ex ministra socialista Magdalena Alvarez, conocida como “Maleni”, que acudió a respaldar a Rajoy, el príncipe Felipe y los ministros Ana Pastor y García Margallo.
En el Congreso de los Diputados y en el Senado se conoce ya oficiosamente como “la rebelión de Alicante” lo que acaeció el 17-J en esta ciudad. Y en los pasillos de las cámaras no se hablaba de otra cosa. Aunque las televisiones oficiales minimizaron todo lo que pudieron las protestas, gracias a los vídeos emitidos en internet, particularmente en youtube, se ha sabido que la mayor parte de los ciudadanos alicantinos que acudieron a la inauguración de esta fastuosa obra, lejos de alegrarse por ella, asistieron no para aplaudir sino para protestar pacífica pero ruidosamente.
Los políticos que se expresaban confidencialmente en las cámaras eran sobre todo pertenecientes a la Comunidad Valenciana, pero también de otras zonas limítrofes o cercanas como Murcia, Castilla la Mancha, Cataluña, Aragón o Andalucía. Y en todos ellos se evidenciaba un rostro de preocupación, mezclado a veces con la ansiedad: a partir de este 17-J en Alicante, ya nada será lo mismo.
Lo que el político local considera como un “día de gloria personal” (la inauguración de una costosa obra pública para “hacerse la foto” con ministros, presidentes y hasta miembros de la Casa Real) ahora es un acto público que es sinónimo de “bochorno”, “deshonra” y hasta “peligro para nuestra integridad personal”, según comentaban entre ellos en privado. Y es que los alicantinos, quizás sin saberlo, han reproducido lo que hace un siglo y medio ocurrió en la cercana ciudad de Cartagena: el 12 de julio de 1873 los ciudadanos cartageneros también mostraron su rebeldía y se sublevaron contra sus autoridades para expresar su descontento. En aquel 12-J se acuñó la conocida frase española de “¡Viva Cartagena!”, sinónimo durante muchos años del cantonalismo como expresión de rebeldía popular frente al naufragio del Estado.
La tumultuosa inauguración del AVE de Alicante también ha puesto en guardia a la “clase política” española por otros dos motivos. Sabedores de que los jueces respaldan el derecho de manifestación y protesta de los ciudadanos, los sindicatos policiales han advertido a sus afiliados que no pueden quebrantar este principio constitucional porque también ellos van a hacer uso del mismo y está penado por la ley reprimirlo. Al tiempo, los diputados y senadores han conocido que en las recientes protestas que han tenido lugar en Brasil, han sido los propios policías los que se han puesto de parte de los manifestantes, en algunos casos incluso deponiendo sus armas, lo que ha obligado a recular a la presidenta Dilma Rousseff.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Una decena de jóvenes ilicitanos pide al INE que los elimine del censo electoral

ELCHE.- Una decena de jóvenes ilicitanos ha pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) que los elimine del censo electoral, dentro de una campaña de "apostasía electoral", que ha emprendido en las últimas elecciones el Grupo Antimilitarista Tortuga, y que está basada en el argumento de que no quieren "seguir un juego" con el que están en "desacuerdo", según ha indicado un portavoz del grupo.

   Estos jóvenes acudieron el pasado 11 de noviembre a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para realizar "apostasía electoral". Así, entregaron oficialmente en el registro de la Subdelegación escritos firmados personalmente en los que demandaban ser excluidos del censo electoral a todos los efectos.
   "Estos efectos son no votar, no ser designados como miembros de mesas electorales, desaparecer de listas públicas utilizadas por los partidos políticos para sus envíos publicitarios o del listado de personas electoras a partir del cual se calculan las subvenciones que perciben los citados partidos", ha explicado la misma fuente.
   Según ha añadido, "el proceso electoral no es una realidad democrática ni representativa,sino que sirve como método de tener engañada a la gente mientras unas pocas personas se perpetúan en el control de nuestra sociedad".
   El texto que presentaron indica que el actual orden político "no es democrático ni tampoco representativo" porque, según añade, para que lo fuera "todas las personas de la sociedad deberían tener la posibilidad de opinar y decidir sobre los asuntos que les afectan".
  "Podemos perfectamente organizarnos para que haya espacios donde poder opinar y medios para desarrollar una toma de decisiones participativa. En su lugar recibimos el dudoso honor de elegir cada cierto tiempo a unas pocas personas que tomarán absolutamente todas las decisiones en nuestro lugar sin tener que consultarnos jamás", agrega.
   Días después, algunos de los firmantes de la petición han empezado a recibir contestación del INE, en el que se les informa de que el artículo 32 de la Ley Orgánica 5/1985,de 15 junio, de Régimen Electoral General "dice que la "inscripción es el censo electoral es obligatoria" y que en consecuencia, "no es posible atender la solicitud".