Ayudar e incitar al abuso sexual infantil y la trata de menores

 NUEVA YORK.- Una investigación encontró que el gigante del aborto Planned Parenthood no revela la sospecha de tráfico sexual de niños a las autoridades y ni siquiera cumple las promesas de capacitar a los miembros del personal para denunciar casos de tal abuso.

Esto ha estado sucediendo durante años. En 2011, una investigación reunió evidencia de ocho miembros del personal de Planned Parenthood en siete clínicas que parecían estar dispuestos a ayudar e instigar el tráfico de menores. Haciéndose pasar por traficantes sexuales de niños, los investigadores de Live Action visitaron instalaciones en varios estados, preguntando sobre la obtención de abortos, anticoncepción y pruebas de ITS para niñas menores de edad.

La investigación mostró imágenes de empleados que ayudan a los “traficantes” al describir las mejores formas de obtener abortos y control de la natalidad para las víctimas de 14 y 15 años. El personal dijo que las clínicas siempre ignorarían las leyes de consentimiento de los padres y practicarían abortos a niñas menores de edad involucradas en el trabajo sexual. 

También explicaron los métodos ilegales para obtener de las clínicas tanto métodos anticonceptivos como abortos para menores sin seguro médico.

Después de que se descubrió esto, la organización dijo a los medios que capacitaría a todos los trabajadores de la clínica para detectar y revelar sospechas de abuso sexual de menores. En una carta al entonces fiscal general Eric Holder, la presidenta hasta 2018 de Planned Parenthood, Cecile Richards, afirmó que su grupo investigó las denuncias de tráfico y las informó a las autoridades policiales pertinentes.

Según el sitio web de Planned Parenthood, las personas que no dan su consentimiento para tener relaciones sexuales o que se ven obligadas a hacer algo que puede considerarse contacto sexual no deseado tienen derecho a decidir qué sucederá con sus propios cuerpos.

Si bien el sitio web se enfoca en la prevención de agresiones, abusos o violaciones y explica lo que se puede hacer después del evento, no tenían nada en su sitio web principal sobre cómo ayudar a las víctimas agredidas . En su lugar, le piden a la persona que “obtenga ayuda de un experto” enviándolos a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, que se dice que ofrece apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También ponen como responsabilidad de la víctima decidir si quiere hablar con la policía, diciendo que es su elección hacerlo, esencialmente dejando libres a los abusadores.

En un estudio reciente, se descubrió a través de entrevistas con ex empleados que Planned Parenthood tiene una tendencia inquietante de guiar a las niñas jóvenes a través de la explotación en múltiples etapas, comenzando con su programa de educación sexual.

Investigadores encubiertos que se hicieron pasar por niñas de tan solo 15 años grabaron en secreto conversaciones en clínicas donde les enseñaron, junto con sus “novios”, sobre relaciones de esclavitud y disciplina, dominación y sumisión, sadismo y masoquismo (BDSM).

En cada una de estas clínicas, los empleados les dijeron a las niñas que cualquier tipo de actividad sexual era perfectamente aceptable siempre que dieran su consentimiento y nunca hicieran preguntas, como la edad de sus novios. 

Los empleados tampoco pidieron detalles de su relación ni dieron consejos sobre cómo evitar el embarazo en primer lugar.

Esto juega directamente en el proceso de preparación de los abusadores sexuales, particularmente en relación con el contacto insensibilizante y el abuso en el que un delincuente puede condicionar a las víctimas para que piensen que el tipo de contacto que están recibiendo es normal y aceptable.

Otra investigación de Live Action mostraba a investigadores encubiertos haciéndose pasar por niñas de 13 a 15 años que ingresaban a las instalaciones de Planned Parenthood para ocultar sus relaciones con hombres mayores que sus padres, y en cada operación encubierta, los empleados aseguraban a las niñas que no serían informadas a sus padres. .

También las asesoraron sobre cómo obtener una derivación judicial para abortar y les ofrecieron consejos sobre qué procedimientos serían los mejores para ocultarlos a los padres, como mentir o viajar a un estado diferente sin leyes de consentimiento de los padres.

Si bien Planned Parenthood afirma que denunciar sospechas de tráfico sexual es una prioridad, el hecho de que muchos trabajadores de la clínica estén dispuestos a pasar por alto o incluso llegar a facilitar el abuso continuo de menores sugiere que la organización está más preocupada por su imagen que por el bienestar de los menores, sus clientes.

Nueva denuncia por presuntos abusos sexuales a una menor tutelada por la Comunidad de Madrid

MADRID.- Una nueva denuncia por abusos sexuales a una menor tutelada se suma a la presentada por otra menor de la Residencia Infantil Chamberí, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, como ya publicó Diario16.

El pasado 28 de febrero de 2022, la menor de 13 años registró dicha denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid contra la dirección del centro y varias educadoras por los hechos acaecidos.

Según relata la madre, el 24 de Febrero de 2022, recibió una llamada telefónica de un psicólogo del centro «que me dice que mi hija me tiene que contar algo muy importante, sin explicar el motivo. Cuando llegué al centro, salió una educadora a decirme que me pensara bien lo que iba a hacer, que no había sido para tanto y que ya habían tomado medidas. A lo que respondo que hablaría con mi abogado y que tomaríamos las medidas que hubiera que tomar». Al ponerse en contacto con su letrado, éste le recomendó que denunciara inmediatamente en Comisaría.

Ese mismo día, a las 21:05, la madre acude con su hija a las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de la Policía de Madrid para «oír en exploración» a la menor. En su declaración, ésta pone en conocimiento los hechos ocurridos «con un compañero del centro, de origen español, con el que se encuentra en el Grupo Mixto», y que no es otro que el presunto autor de los abusos sexuales de la primera denuncia sobre la que informó Diario16.

«Te voy a pegar»

La menor afirma en la denuncia que su compañero comenzó a acosarla un año antes, «siguiéndola por el centro, aprovechando siempre que tenía ocasión y no había vigilancia de los educadores para acorralarla y tocarle la zona de los pechos, la vagina y los glúteos por encima de la ropa», mientras le insultaba «gorda puta». El presunto agresor, según la joven, en ocasiones le decía: «Te voy a pegar y voy a poner a todos en tu contra».

Estos comportamientos se habrían repetido de forma constante. De hecho, fue sorprendido por las educadoras, siendo castigado sin salir de su habitación y sin paga. Según explica la menor, el presunto agresor le habría llegado a decir que no le contara nada a su hermano -también residente- «porque esto podría acarrear problemas».

Asimismo, como recoge el escrito, «tras los castigos, el centro estableció unas reglas especiales hacia el menor, tales como que no podía compartir espacios donde estuviesen chicas». Pero después de un tiempo sin provocar incidentes volvió a adoptar el mismo comportamiento. No sólo la joven habría sido víctima de los presuntos abusos sexuales, sino al menos otras dos menores, además de la primera que denunció los hechos.

La situación que fue el detonante para que la menor presentara la denuncia es que el citado menor «se metía en la habitación de la joven mientras ella dormía y le realizaba tocamientos por encima de la ropa. En algunas ocasiones se despertaba y le echaba, pero en otras no, siendo informada por su compañera de habitación, y hasta en dos ocasiones por las educadoras que le ordenaban salir e informaban a la menor de lo que había pasado, ya que ella no se había percatado».

El 22 de febrero de 2022, en torno a las 19:00 horas, cuando la menor se encontraba sola en su habitación, el menor entró, motivo por el que ésta le dijo que se fuese, negándose a ello. El joven se sentó en la cama, agarró por la cintura a la denunciante y le empujo encima de éste, realizando tocamientos en pechos, vagina y glúteos. En ese momento apareció un amigo en el pasillo y al percatarse, el menor denunciado cesó en su actitud y la menor consiguió salir de su habitación.

La menor manifiesta que son tres amigos quienes le animan a contarles, a sus dos educadoras de referencia, lo sucedido, «a pesar de que estas ya tenían conocimiento de alguna de las cosas que habían estado ocurriendo».

Tras este capítulo, las educadoras condujeron al menor a la sala de visitas e informaron a la menor que el castigo «lo iba a poner dirección, como ya han hecho en otras ocasiones». Una de las dos educadoras «dijo que quien contase algo de lo ocurrido a mi familia iba a estar castigado mucho tiempo».

La denunciante afirma, asimismo, que «las educadoras nos dicen a las niñas que si nos hacen algo de ese tipo que podíamos meterles un guantazo, una patada o un empujón. Pero cuando lo hacemos nos lo devuelven, por lo menos el denunciado, y tengo varios compañeros que saben que es verdad».

Como consecuencia de estos hechos relata que «he estado durmiendo mal durante mucho tiempo, con pesadillas de que alguien se metía en mi cama y no podía moverme, sólo mirar, pero el chico no hacía nada. Cuando les expliqué esto a las educadoras no me hicieron caso. Sólo me dijeron que se me pasaría, pero no, se repitieron muchas veces más».

En su declaración también expresa que «tengo mucho miedo de que vuelva a suceder esto. Y estamos coaccionadas y amenazadas por parte de las educadoras el equipo directivo para no contar nada a nuestras familias y que no tomen medidas».

Por todas estas razones, la joven, que sigue residiendo en el centro, ha solicitado medidas cautelares urgentes, la revocación de la medida de desamparo, ser escuchada por la Fiscalía de Menores, reconocida por un médico forense y un equipo psicológico fuera del centro Chamberí, así como la guarda temporal con su madre hasta que se resuelva la medida de desamparo.

Denuncian un entramado encubierto por la Administración para el lucro a costa de los 50.000 menores tutelados en España

MADRID.- Los casos que se investigan en nuestro país sobre redes de tráfico de drogas y prostitución que explotan a menores tutelados se han convertido en el resorte para que las familias afectadas salgan a las calles a denunciar un sistema de protección a la infancia que, como señalan las organizaciones convocantes de una manifestación celebrada este fín de semana en Madrid, «demuestran que algo está muy podrido en los Servicios Sociales y la red privada de centros que se reparten miles de millones de euros de los fondos europeos», según recoge Diario16.

El sufrimiento de niñas y niños apartados de sus progenitores tiene diversas formas, sostienen. «Violencia vicaria, adolescentes en situación de calle, expedientes que tardan años en resolverse, escasas horas de visita al mes en los centros, informes sesgados de las inspecciones de los técnicos a las viviendas cuando se acepta el plan de reintegración, miles de arrancamientos injustos, separación de hermanos de por vida» y una larga carrera de obstáculos. Todo con el denominador común, denuncian, de «un sistema de atención a la infancia que es un fiasco y un entramado para el lucro a costa de menores encubierto por la Administración y la legislación».

Según Fernando Barredo, presidente de la Fundación democraciActiva, esta situación es fruto de «leyes injustas e infames que, además, se aplican de forma torticera por personas sin escrúpulos, tanto dentro de los Servicios Sociales, a todos los niveles de la Administración -local, regional y estatal-, como por parte de personas intermediarias en esto que podemos llamar privatización de los servicios públicos y que no es nada más que un buitreo que permite que se estén arrancando miles de menores a sus familias indefensas, en momentos de vulnerabilidad, cuando la propia Constitución en su artículo 39 dice que habría que auxiliarlas legal y económicamente. Lo que hacen es aprovecharse de esa coyuntura, destrozar familias, maltratarlas y para colmo, muchos de estos menores, sabemos, que acaban en redes de prostitución y drogas».

Silencio cómplice

Barredo explica que se desconoce la magnitud de esta situación en España «por un silencio que hace cómplice a gran parte de la población, por la inacción de los políticos y por la implicación de jueces, policías, fiscales, abogados y todo tipo de profesionales, sin duda también técnicos de los Servicios Sociales. Cuando algún día se sepa, va a haber mucha gente que no va a saber explicarlo. Y sólo esperamos que haya posibilidad de adoptar todo tipo de acciones penales contra ellos. Porque esto es un auténtico robo organizado de niños en nuestro país».

Herencia del franquismo

Detrás del negocio de los menores y adolescentes tutelados dice que se esconden «las mismas sectas del poder, de orientación nacional-católica y de la Administración, que ya robaban niños en la Dictadura, y que son las propietarias de más del 80% de los centros privados donde se está maltratando a los niños y, a veces, incluso, no se les deja ver nada más que media hora al mes a una madre o un padre que no paran de llorar. Esto es execrable. 

Hay toda una organización para desarraigar a los menores de forma que, cuando los consiguen recuperar, ya no se reconocen entre hermanos, ni padres e hijos. Esto es lo mismo que hacían Sor María, aquella repugnante señora vestida de monja. O el doctor Vela del Opus Dei. Ahora lo están haciendo encubiertos por la Administración y leyes obscenas. Y por supuesto, tapándose los ojos aquellos que tienen que tapárselos», concluye. 

Por su parte, José Borja, de la Asociación Nacional del Menor Tutelado ha expresado su preocupación por el futuro de los menores. «Queremos tabicar esos centros, porque ni son centros ni son nada. Ahí lo que consiguen es que las criaturas salgan más rebeldes y que el día de mañana sean delincuentes. Tienen que estar con sus familiares. No sabemos cómo los Servicios Sociales tienen tanto poder. La Constitución dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y que proclama fundamentalmente en su ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad. Para estos niños no hay ni libertad, ni igualdad, ni democracia».

Aumento de casos en los juzgados

El manifiesto hecho público por los colectivos apunta que las cifras de niñas y niños tutelados no dejan de crecer, aumentando los casos en los juzgados. «Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para atender a tantos, y cubren los expedientes por la ley del mínimo esfuerzo de instrucción, dando siempre por válidos los informes de los Servicios Sociales, sin mirar siquiera los presentados por las familias, ni sus certificados médicos aunque sean de la Seguridad Social».

Si bien reconocen que «hay casos extremos en los que es necesario apartar a los menores de sus padres, son muy pocos comparados con los flagrantes secuestros institucionales que terminan con las niñas y los niños encerrados en centros sórdidos en los que son mal atendidos por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones les presionan, amenazan, golpean y hasta violan».

Son muchas las sentencias a pesar de que la mayoría de las familias afectadas tienen pocos recursos y no pueden denunciar «salvo con abogados de oficio frente a jueces, en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder».

Primero te tratan de loca y luego te mandan al psiquiatra

Rosa Aguilera portavoz de las asociaciones ADENI e Infancias Robadas relata cómo puede ser el punto de partida para terminar en la espiral del sistema de protección a la infancia. «Ha llegado un momento en el que denuncias violencia de género, sufres un desahucio o has decidido ser madre soltera como yo y, cuando pides una beca de comedor, pasas a ser un expediente. Y empiezas a ser investigada sin que tú sepas nada. Eres culpable mientras no se demuestre lo contrario.  

Las trabajadoras sociales tienen presunción de veracidad y eres tú, que esto no pasa en ningún tipo de delito, la que tiene que demostrar que no eres culpable, enfrentándote a todas las instituciones, que lo primero que hacen es tratarte de loca y luego te mandan al psiquiatra. Tienes que aceptar el desamparo, porque si no lo aceptas dicen que no se puede trabajar contigo, con lo cual no te dan visitas. 

Pero claro, si yo he puesto una demanda judicial, cómo voy a aceptar el desamparo. Porque además, si lo aceptas, luego te dicen que lo has aceptado. Entonces, es una impotencia…Te sientes tan maltratada y humillada, tan pequeñita. Yo me he leído mi expediente y no me reconozco en él. Son todo mentiras».

Cambio de paradigma

En palabras de Victoriano Fernández de la Asociación de Familias para el Siglo XXI, el modelo alternativo al actual sistema «pasa por que los Servicios Sociales en vez ver qué explicación hay para llevarse a las niñas y los niños, fueran servicios ambulatorios. Es decir, deberían entrar en las casas a ayudar. Ahora no se sabe cuales son los protocolos, que no los dicta la autoridad municipal, que es la que inicia los expedientes». 

Y añade que para aflorar las irregularidades que se detectan en los centros «siempre ha sido necesario que personas que están dentro conecten con personas que estamos en el activismo, porque si no, sencillamente, los directores de los centros y todo el aparato que hay alrededor lo tapan y no sale».

Por el bien superior del menor

Por ello, las organizaciones reclaman un Pacto de Estado que revise el actual modelo, así como que se depuren las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de los menores tutelados. 

Exigen también los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección a la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades.

Asimismo, demandan la implicación de los políticos de todos los partidos «que se esconden para no ver lo que ya es evidente: las tutelas no son un beneficioso servicio público sino un negocio privado».

Y por último, piden «a los directores de los medios hegemónicos de comunicación que dejen de obedecer a sus dueños, que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños españoles las víctimas».

El PPCV vuelve a pedir una comisión de investigación sobre menores tutelados en la Comunitat

VALENCIA.- El PPCV ha acordado este lunes volver a exigir que Las Cortes abran una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados por la Generalidad, además de exigir al presidente, Ximo Puig, que depure responsabilidades en el sistema de protección.

Así lo ha avanzado la 'popular', Mª José Catalá, tras una reunión del grupo parlamentario para marcar las prioridades de 2022, entre las que ha destacado la protección de estos menores ante "una situación que ya es insostenible, se ha convertido en un escándalo y no tiene ningún tipo de tolerancia".

Catalá ha denunciado ante los periodistas que "desde el 20 de junio de 2020 al 20 de junio de 2021 hay 175 menores del sistema de protección de la Generalidad que han sufrido abusos, el 72% de ellas en acogimiento residencial", por lo que ha asegurado que su partido ha ampliado la petición que remitió hace unos meses a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para incluir estos datos.

"No se trata solo de un caso aislado por estar vinculado a la vicepresidenta", ha recalcado en alusión a la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y la condena a su exmarido por abusos sexuales a una menor tutelada, además de criticar que "en Compromís nadie va a dimitir ni con agua caliente".

Por eso ha urgido a Puig, también líder del PSPV, a "dar respuestas porque es el responsable de que el sistema de protección de la Generalidad a menores tutelados no esté funcionando". Es algo sobre lo que le interpelará en la próxima sesión de control en Las Cortes.

En general, Catalá ha recordado que han pedido sin éxito la apertura de una comisión de investigación sobre menores tutelados en varias ocasiones, al igual que su partido ha solicitado en el Congreso sobre la protección en la Comunitat y en Baleares, y ha lamentado la "falta de empatía" del gobierno valenciano para llegar al "problema de fondo".

Más de 274.000 menores en la Comunitat Valenciana viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según Save the Children

 VALENCIA.- Más de 274.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que en el conjunto de España se eleva hasta los 2,1 millones de menores.

   Así lo denuncia Save The Children en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Niño, que cada año tiene lugar el 20 de noviembre. En esta ocasión, la ONG pone el foco en cómo está afectando la pandemia de la Covid-19 en los derechos de la infancia, recogidos internacionalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño.

   La organización considera que las necesidades de la infancia y su priorización en base al interés superior del menor "no han estado suficientemente garantizadas en las políticas públicas de la gran mayoría de los países a la hora de afrontar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la pandemia".

   Save the Children reivindica que la lucha contra las consecuencias sanitarias de la pandemia es indisociable de sus efectos socioeconómicos y que la población que previamente estaba en riesgo de exclusión social ha de ser prioritaria, y en especial la infancia.

   Entre las medidas "más perniciosas" tomadas a nivel global se encuentran, según la entidad, el efecto del cierre de los centros educativos y otros espacios para la infancia. Durante la primera ola de la pandemia se tomó esta medida excepcional, pero durante la segunda ola existe una disparidad de criterios entre los países, a pesar de que la mayoría reconoce la importancia de mantener una educación presencial para garantizar que el alumnado con menos recursos quede definitivamente descolgado.

   Save the Children afirma que la clausura de espacios como los parques infantiles sí se ha extendido y critica que no se le esté dando la importancia que tienen para el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo para aquellos en situación de pobreza.

   De acuerdo a los datos facilitados por la ONG en un comunicado, un 27,4% de los menores de 18 años, más de 2,1 millones de niños y niñas, está en riesgo de pobreza en España, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (2019). Sin embargo, Save the Children recuerda que estos datos no reflejan el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables y advierte de que la pobreza infantil se incrementará por culpa de la Covid-19. 

La organización estima que, si no se toman las medidas adecuadas, la pobreza puede llegar a alcanzar al 33% de los niños y niñas a finales de este año y destaca que serán los hogares con menores a cargo los que más sufran los efectos de la crisis económica.

   En el caso de la Comunitat Valenciana, Save the Children señala que un 32,5% de los menores de 18 años de la autonomía está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone que más de 274.000 niños y niñas del territorio se encuentran en esta situación.

   Para revertir este riesgo, apuesta por invertir en políticas públicas destinadas directamente a la protección de la infancia, como el mantenimiento de la prestación por hijo o hija a cargo, que ha sido suprimida del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 al considerarse que el ingreso mínimo vital sería equiparable.

   En el ámbito autonómico, la organización insta al Consell a continuar impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable y a seguir incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil en los próximos presupuestos de la Generalitat, como es la Renta Valenciana de Inclusión, con el fin de cubrir las necesidades de las familias con hijos a cargo a las que no llega el ingreso mínimo vital.

   Alerta también la entidad de la tasa de abandono escolar. En la Comunitat Valenciana, a pesar de haber mejorado en los últimos años, esta tasa se sitúa en un 16,4%. Además, en la ratio de estudiantes por ordenador es la tercera autonomía por la cola con 3,9 alumnos por ordenador, lejos de comunidades como el País Vasco o Extremadura, con 1,5 y 1,7 estudiantes por ordenador respectivamente.

   Por ello, Save the Children pide también al Consell que se continúe invirtiendo en políticas de refuerzo, como es el caso del PAM (Pla de Atención para la Mejora) y se continúen aumentando las plazas públicas de educación de 0 a 3 años. Es necesario también que la Generalitat siga apostando por mejorar la digitalización de la Educación en la Comunitat Valenciana, sobre todo de aquellos niños y niñas con menos recursos.

   En cuanto a la violencia hacia la infancia, Save the Children recuerda que en lo que va de año han muerto al menos 14 niños y niñas por causas violentas en España, dos de ellos en la Comunitat Valenciana. Además, en 2018 (último año con cifras oficiales) se interpusieron en toda España un total de 37.980 denuncias en las que la víctima un niño o niña, de las cuales 6.027 tuvieron lugar en la autonomía.

   La crisis del coronavirus "ha sacado a la luz lo que estaba fallando en la protección a la infancia y adolescencia, a la vez que ha agravado sus consecuencias. Una encuesta realizada por la organización a las familias beneficiarias de sus programas de lucha contra la pobreza reveló que uno de cada cinco padres/madres de la Comunitat Valenciana perdió los nervios en alguna ocasión durante el confinamiento, llegando a gritar o insultar a sus hijos e hijas", recuerdan.

   En cuanto a la infancia migrante, alerta de que en la Comunitat Valenciana son 691 los menores migrantes sin referentes familiares tutelados por la Administración. Se trata de niños y niñas que en la mayoría de ocasiones han huido de condiciones terribles en sus países y que suponen un colectivo especialmente vulnerable.

   Por todo ello, para Save the Children es funtamental aprobar e implementar a la mayor brevedad posible la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia, que cuente con mecanismos de coordinación de la Generalitat para garantizar la necesaria transversalidad y coherencias de las políticas públicas que afectan a la infancia y adolescencia.

   "En el día del Niño celebramos la aprobación hace más de 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia con 195 Estados firmantes, entre los que se encuentra España, pero todavía presenciamos cada día cómo millones de niños y niñas sufren pobreza, explotación, violencia o son asesinados", asegura el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

   "Incluso en la Comunitat Valenciana existen niños y niñas cuyos derechos, por unos motivos u otros, no se están cumpliendo, y es algo que como sociedad no podemos tolerar, especialmente este año debido a la pandemia, que no sólo es sanitaria sino también social y afecta especialmente a la infancia", concluye.

Unos 3.800 menores se encuentran en situación de desprotección en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Alrededor de 3.800 menores se encuentran en situación de desprotección en la Comunitat Valenciana. En su mayoría, se trata de "simples" negligencias en la atención a los menores por parte de sus tutores o cuidadores "más fáciles" de reconducir con planes de protección al menor y escuelas de padres, pero entre un 15-16% son casos de maltrato físico o psicológico.

   Así lo ha puesto de manifiesto la directora general del Menor, Rosa Aragonés, durante la presentación de tres guías que la Generalitat ha editado para ayudar a los profesionales de la Sanidad, la Educación y del ámbito policial a detectar casos de riesgo y saber qué hacer ante este tipo de situaciones. La secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, Lucía Cerón, ha conducido el acto, en el que ha estado también el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi.

   En cualquier caso, es un "número excesivo, son muchos menores que requieren atención", ha alertado Cerón, y ha invitado a conocer los protocolos y los centros que se ocupan de ellos y en los que "cuando un niño que entra con ojos tristes o magullado, sale con los ojos por lo menos mirando a un futuro".

   Precisamente prevenir este tipo de casos, la Conselleria de Bienestar Social, a través de la Dirección General del Menor, ha editado tres folletos desplegables que explican de manera "clara y sintética" todas las cuestiones técnicas, procedimientos y normativas en las que pueden apoyarse profesores, médicos y policías para reconocer las situaciones de riesgo, desamparo del menor o maltrato infantil y saber qué hacer cuando las detecten.

   En estos momentos, la actuación de la Administración en situaciones de desprotección infantil viene motivada en la mayoría de los casos por derivaciones y notificaciones de los Servicios Sociales Municipales (37,96%), el ámbito policial (17,92%), el ámbito sanitario (13,8%), el ámbito educativo (5%), Fiscalía (10,13%), los juzgados (6,32%), el área de la Mujer (0,99%), denuncias de particulares (1,04%), ONG (1,05%), otras regiones (2,42%), por iniciativa propia de la Comunitat (3,05%) y otros (0,32%), ha precisado Cerón.

   Los trípticos guía presentados hoy responden a preguntas que pueden hacerse profesores, médicos, enfermeros y policías como: '¿Qué es el maltrato infantil y a través de qué señales puede reconocerse?, ¿Cómo valorar la urgencia de las situaciones y qué hacer en los casos de mayor gravedad?, ¿Cómo comunicarlas y proteger a los menores? o ¿Dónde encontrar las hojas de notificación?'.

   En total se ha publicado una tirada de 95.000 ejemplares, en castellano y valenciano, la mayoría de las cuales se distribuirán entre las consellerias con competencias en el área educativa, sanitaria y policial, así como en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

   En el ámbito educativo se distribuirán principalmente entre maestros, jefes de estudio, directores de centros escolares e inspectores educativos. En el sanitario, se priorizará su distribución especialmente en los servicios de pediatría, ginecología y matronas, unidades de salud mental infantil, servicios de urgencias y unidades de trabajo social tanto de los centros de atención primaria como de atención hospitalaria.

   Por último, en el ámbito policial, la guía se distribuirá entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto autonómicas como locales y nacionales, especialmente entre los grupos policiales especializados en temas de mujer y de menores.

   Las guías ofrecen una serie de contactos y teléfonos de interés a los que dirigirse para contactar con las entidades competentes en esta materia y para solicitar o ampliar información sobre la forma más adecuada de proceder, como el Teléfono del Menor (900 10 00 33), el Teléfono de Ayuda a la Infancia (116111), el Teléfono Prop de la Generalitat (012), los teléfonos de las direcciones territoriales, los centros de recepción de menores y los de las Fiscalías de Menores de cada provincia, entre otros datos de interés.