Las CC.AA. españolas, las regiones con mayor exposición a la crisis

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que las comunidades autónomas españolas son en términos generales las regiones europeas más expuestas a la crisis al contar con menor flexibilidad a la hora de recortar el gasto, puesto que en gran parte está vinculado a políticas y servicios sociales, como educación y sanidad.

"En general, las regiones españolas son las más expuestas a la crisis al tener un mayor grado de ingresos vinculados a la actividad económica y contar también con un presupuesto más rígido, ya que gran parte de su gasto está más relacionado con provisiones sociales que en otras regiones europeas analizadas", apunta la agencia.

Como consecuencia de los mayores desequilibrios fiscales, la calificadora de riesgos señala que las regiones se han visto empujadas a recurrir en mayor medida a la financiación a través de la emisión de deuda, lo que en el caso de las CC.AA. españolas ha supuesto el mayor incremento del endeudamiento en términos porcentuales entre las regiones analizadas para hacer frente a sus crecientes déficit fiscales.

Por el contrario, el informe de Fitch señala a las regiones francesas como las que cuentan con una menor exposición a la crisis actual por su escasa dependencia de los ingresos procedentes de impuestos sensibles a la marcha de la economía.

La CNMV registra el acuerdo adoptado por el consejo de administración de CAM que ratifica la integración de un SIP

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado en su web el acuerdo adoptado hoy por el consejo de administración de Caja Mediterráneo con el que se ratifica el protocolo de intenciones para la integración de un Sistema Institucional de Protección (SIP) firmado el pasado 24 de mayo.

Este acuerdo comprende la llamada 'fusión fría' que integrará CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que esta tarde ha recibido el visto bueno del consejo de administración de Caja Mediterráneo.

EUPV advierte de que tras la 'fusión fría' de la CAM "hay un intento claro de privatizar las cajas de ahorro"

ALICANTE.- El diputado autonómico del grupo de no adscritos e integrante de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Lluís Torró, aseguró hoy en un comunicado que "detrás" de la fusión de Caja Mediterráneo (CAM) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "hay un intento claro de privatizar las cajas de ahorro".

Lluís Torró realizó hoy estas declaraciones, puesto que, a su juicio, la unión de estas cajas se produce "sin que se haya dado ninguna justificación sobre su necesidad y sobre cómo esta unión de cajas resolverá los problemas que tienen".

Asimismo, para el político de EUPV, la fusión se ha producido en unas condiciones de inferioridad para CAM, por lo que, en su opinión, la entidad con sede en Alicante "ha quedado en una posición de subordinación respecto a las otras tres".

"La fusión no tiene que respetar la relación proporcionada ni en activos, ni en depósitos y hay que recordar que CAM tiene más del 40 por ciento en ambos", explicó Torró.

El diputado autonómico lamentó, además, que la fusión se haya producido fuera del territorio y abogó por que ésta debería haberse realizado de manera "intraterritorial, de carácter público" y respetando "los puestos de trabajo".

Según el dirigente político, las cajas tienen que estar sometidas a un control público y democrático adecuado, para poner "el sistema financiero al servicio de los ciudadanos y las empresas". Asimismo, señaló que en los actuales "tiempos de crisis", "es necesario una estabilidad en el sistema financiero".

Para conseguir esta estabilidad, Torró apostó en el comunicado por la creación de una banca pública, basada en las cajas de ahorro.

Peralta dice que "se confirma la peor de las hipótesis para Camps" y le pide que la Generalitat sea "liberada"

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, manifestó hoy que con la inhibición parcial del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, a favor del alto tribunal valenciano, "se confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros altos cargos del PP implicados", al tiempo que pidió al jefe del Consell, Francisco Camps, que la Generalitat quede "liberada" y no tenga que acompañarle "en el tránsito judicial que todavía le queda".

Peralta se pronunció así al ser preguntado por la inhibición parcial de Pedreira a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de la investigación que sigue, para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio.

Al respecto, resaltó que "estas actuaciones judiciales van a tener un desarrollo significativo en la Comunitat Valenciana", por lo que, en su opinión, "bueno sería que la Generalitat no siguiera implicada y paralizada como consecuencia de esas actuaciones".

"Esa es la responsabilidad que tiene hoy Camps, que debe anteponer los intereses de la Comunitat Valenciana a sus intereses personales", sentenció.

El delegado insistió en que el auto en el que el TSJM remite actuaciones al TSJCV "por entender que en supuestos delitos están implicadas personas aforadas que corresponden a este Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no hace sino confirmar la peor de las hipótesis para el presidente de la Generalitat y los otros altos cargos del PP implicados".

Peralta señaló que, tras "casi año y medio de investigación judicial", la defensa de Camps es cada vez "más débil", y reprobó, en este sentido, que pese a "su afirmación inicial de que había pagado los trajes, ha sido incapaz de presentar cualquier tipo de factura".

Criticó asimismo "la argumentación tan brillantemente defendida por la alcaldesa de Valencia --Rita Barberá-- acerca de que el asunto no tenía la menor importancia", dado que "hoy el TSJM dice que, por el contrario, tiene mucha importancia y que esas actuaciones forman parte de un conjunto en el que ha habido contactos absolutamente ilegales entre altos cargos del PP, de la Generalitat valenciana y una red corrupta, que ha podido dar lugar a actuaciones presuntamente delictivas que deben ser objeto de investigación".

"Por tanto, se confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros altos cargos del PP", recalcó Peralta, quien sostuvo que "lo que sería bueno es que la Generalitat valenciana, que se ha visto arrastrada durante todo este tiempo de investigaciones a estar constantemente en los medios de comunicación por este motivo, quedara liberada y no tuviera que acompañar a Camps en el tránsito judicial que todavía le queda".

El delegado del Ejecutivo estatal en la Comunitat subrayó que "estas actuaciones judiciales van a tener un desarrollo significativo en la Comunitat Valenciana", por lo que reivindicó que Camps "debe anteponer los intereses de la Comunitat Valenciana a sus intereses personales" para que la administración autonómica deje de verse "implicada y paralizada como consecuencia de esas actuaciones".

La dirección nacional del PP mantiene su apoyo a Camps

MADRID.- La dirección nacional del PP mantiene su apoyo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, después de que el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, haya devuelto al tribunal valenciano la parte relativa a una supuesta financiación irregular del PP de Valencia.

Fuentes de dirección popular aseguraron que las explicaciones del barón valenciano tras conocer la decisión del juez Pedreira han sido "acertadas", en especial el hecho de que haya recordado que hay que ponerlo en su justo valor en comparación con las supuestas adjudicaciones a la trama Gürtel.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Camps afirmó que su gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso, se está hablando "de 80 contratos en seis años" y de una "pretendida financiación" irregular del PPCV que se ha "demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así".

En 'Génova' recuerdan además que se trata de un trámite más del proceso y recalca que este asunto ya ha sido rechazado en el TSJCV, como ha destacado el propio presidente de la Generalitat. "Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado", dijo Camps.

La dirección nacional de los 'populares', que no va a hacer ningún pronunciamiento público por el momento, confía en la Administración de Justicia y está convencida de la inocencia del presidente valenciano.

Luna asegura que Camps podría "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilite"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, aseguró hoy que, tras el auto de inhibición del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, al alto tribunal valenciano, "hay un inminente un acto formal de imputación" contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que podría "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilite", ya que no se trata sólo de "tres trajes", apuntó.

De esta manera, opinó que con la inhibición se ha producido un "cambio cualitativo muy importante en lo que es el devenir judicial de los problemas del presidente Camps y de algunos de los miembros de su Gobierno".

Luna, --que se pronunció de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a la decisión del instructor del 'caso Gürtel' de inhibirse a favor del TSJCV de la parte de la rama valenciana que investiga en las diligencias penales de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa y que hacen referencia a una supuesta financiación irregular del PPCV, apuntó que esto "da al traste con estas alegrías e ideas peregrinas que hemos estado oyendo durante estos días" desde el PP.

Según explicó Luna, Pedreira "reconoce la certidumbre, la veracidad y la rectitud" del planteamiento procesal socialista, así como que no se está hablando de un asunto de "tres trajes", sino que reconoce que cuando el PSPV pidió en el asunto de los trajes que se investigaran los "contratos", las "irregularidades administrativas", las "relaciones entre los miembros de la trama, las empresas de la trama y las administraciones de la Generalitat".

Luna destacó que eso que pedían "se va a hacer ahora", ya que lo que propone Pedreira es que se "acumule" la parte de los autos para la que acuerda la inhibición al asunto de los trajes que se está tramitando en la Comunitat.

Por ello, a partir de ahora "tenemos otro procedimiento" y si la sala del TSJCV admite la competencia del caso --si no lo hace "tendrá que explicar por qué", dijo-- "estaríamos saltando de un procedimiento del jurado a un procedimiento ordinario" y "estaríamos hablando de otro tipo de delitos --no el de cohecho pasivo impropio--, como el cohecho ordinario, de malversación, de delito electoral --Luna apuntó que en el auto aparece el nombre del ex tesorero del PP Luis Bárcenas--, incluso de asociación ilícita".

Las penas, con estos delitos "no serían una simple multa", sino que cabría "la posibilidad de inhabilitar políticamente y penalmente" al presidente de la Generalitat y a algunos de los miembros de su Gobierno, con lo que el salto cualitativo en el caso es "excepcional", ya que supone que uno "no se puede esconder bajo el manto de que aquí no pasa nada y son tres trajes", sino de "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilita".

El síndic socialista aventuró que esto para el PP esto va a ser "una ventaja más" porque se van a poder defender", apuntó que hay que ser "serios" y "rigurosos", ya que si Pedreira dicta el auto que ha dictado es porque "aprecia indicios de delito en aforados de la Comunitat que no pueden ser encausados por el TSJM. Por tanto, hay una clara apreciación de delitos", subrayó. Sin embargo, es un "auténtico varapalo que quiebra completamente las expectativas ilusorias de Camps" porque se está hablando "de lo que ha ocurrido en realidad" y de lo que "nos han estado ocultando", agregó.

De esta manera, Luna, que comparó a Camps con el Cid Campeador cuando el sábado pasado "ante sus correligionarios" se lanzó a la "conquista de España" y por ello, está "siendo perseguido y castigado", apuntó que este caso trata de cosas "más prosaicas" donde todo está "negro sobre blanco" en el auto del magistrado Pedreira.

Al respecto, recordó que cuando el PSPV presentó la querella, el TSJCV lo archivó porque trataba de delitos que estaban siendo investigados en Madrid, cuyo tribunal "no podía hacer un acto formal de imputación con Camps y los aforados de la Comunitat". Así, Pedreira dice que, según Luna, "ha llegado a un punto en el que lo que ha investigado es ya suficiente como para que se produzca un acto formal de imputación. Ya hay que imputar a personas", entre las cuales, "hay aforados, insistió.

Por otro lado, destacó como importante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de la inhibición para que no prescriban "algunos delitos de carácter electoral", aunque, "sigue habiendo otras cosas" que "estoy seguro" que continúan investigándose en Madrid, como la vista del Papa a Valencia. "En Madrid siguen trabajando sobre ese tema", lo que ocurre es que lo "inmediato y lo urgente era esto" y por eso "la inhibición se produce en estos términos", añadió.

Oltra: "Camps no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat"

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Mónica Oltra, consideró hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat", tras la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a favor del tribunal valenciano con motivo del 'caso Gürtel'. "Espero -dijo-- que Rajoy se deje ya de deshojar la margarita y que Camps no acabe el día de hoy como presidente de la Generalitat", subrayó.

Oltra se expresó de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a la decisión del instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la parte de la rama valenciana que investiga en las diligencias penales de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa y que hacen referencia a una supuesta financiación irregular del PPCV.

En este sentido, apuntó que el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, "tiene hoy una decisión muy importante que tomar: si el PP quiere ser cómplice de los corruptos y de los dirigentes que han atacado gravemente a la democracia".

"Hoy el PP de España debe tomar la senda de la democracia, la transparencia y la ética o de ser encubridor y cómplice de los malhechores, de los corruptos y de los corrompidos y los corrompibles", manifestó. "Esa es la asignatura que tiene hoy Rajoy, pero Camps no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat", repitió.

Para Oltra, "es evidente que lo que era un rumor y los españoles, desde el Cabo de Gata a Finisterre sabían, es que no eran cuatro trajes" y por ello, el TSJM va a enviar al alto tribunal valenciano la causa "en la que ya se habla de cohecho, pero no de los trajes, sino de cohecho de financiación ilegal del partido y de delito electoral", algo "gravísimo, porque Camps alardea mucho de ganar las elecciones". Pero, "haciendo trampas es más fácil ganar elecciones", por lo que supone un "gravísimo ataque a la democracia", subrayó.

Además, señaló que, seguro que ningún diputado de las Corts "alardea ya, como ocurrió el otro día, de haber cometido cohecho impropio por haber recibido una caja de bombones; ni a ningún dirigente del PP se le ocurra minimizar la gravísima actuación, con todos los visos de ser delictiva, del presidente de la Generalitat y del presidente del PPCV".

"No creo que a nadie se le ocurra ridiculizar el tema de los trajes", señaló Oltra, quien aseguró que "todos sabemos que aquí hay mucho más que los trajes", un asunto que sólo era la "punta del iceberg", ya que detrás de ellos "había potentes intereses, potentes tramas de corrupción que se han enriquecido con el dinero de los valencianos, que han corrompido el Gobierno valenciano de arriba abajo, que se ha dejado corromper con su presidente a la cabeza".

Morera (Compromís) asegura que el "delito electoral implica directamente a Rajoy"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, aseguró hoy que el "delito electoral" al que hace referencia el auto de inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) "implica directamente" al presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, e "imputa directamente" al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Morera, que se expresó de esta manera en los pasillos de las Corts explicó que la decisión del magistrado del TSJM Antonio Pedreira "se enmarca en el tercer aniversario de las elecciones", por lo que esta decisión es "muy oportuna" ya que en tres años "podía haber caducado el delito electoral", apuntó.

"El delito electoral implica directamente a Rajoy y esta imputación va directamente a Esteban González Pons", dijo Morera, quien señaló que la trama "financió la visita de Rajoy en el V Encuentro de las Familias" en Valencia. Por ello, aseguró que se trata de un "delito electoral en la que está inmersa también la cúpula del PP a nivel español".

En este sentido, insistió en que el delito electoral "afecta directamente al administrador electoral de la campaña general" con un acto "en el que estuvo presente Rajoy".

Morera, que aseguró que el PP "ha engañado" a la Sindicatura de Comptes "con este acto", apuntó que el PP y el PSPV han "blindado" esta Institución. Asimismo, agregó que si el ente fiscalizador "defendiera realmente los intereses de los valencianos, estaría pidiendo la documentación electoral, previsiblemente falsa según el auto, al PP".

"La victoria electoral del PP está montada sobre un gran fraude que han comentido unos sobre una fraude y una ilegalidad y otros sobre una promesas de 400 euros", señaló.

Morera, criticó que el PSPV "son profesionales para montar teatro", pero no "para buscar el fondo de las cosas" y subrayó que los socialistas "han pactado" el Síndic de Comptes, el Síndic de Greuges y el Consejo de Administración de RTVV. Sin embargo, Compromís "no forma parte de ese consenso que bloquea las instituciones valencianas y evita que haya nna investigación más fuerte".

El síndic de la coalición pidió a la Sindicatura de Comptes que "actúe ya reclamando los expedientes", al tiempo que lamentó que el "pacto PP y PSPV -en relación al Síndic de Comptes-- no actúe de forma contundente ante una presunta información ilegal, incorrecta y ficticia del PP en su campaña electoral".

Por otro lado, pidió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "dé la cara" porque "no tiene más remedio, una vez conectados los regalos con la financiación ilegal, el cohecho impropio y propio, no tiene más remedio que dar explicaciones" y "asumir su responsabildad política". Así, pidió su "dimisión".

Morera destacó comentó también que los "ritmos de la justicia son los ritmos de la justicia, pero efectivos" y los de los medios de comunicación son "la actualidad" y los de los partidos políticos "otros", pero con un presidente de la Generalitat "que no responde y no asume su responsabilidad, la Justicia, creemos, lo va a poner en su sitio".

Morera insistió en que Camps "no puede dejar que el presidente de la Generalitat se siente en un banquillo de acusados" pero, como el PPCV es un "partido regionalista dependiente de su dirección central, acabarán cesándolo".

"Qué triste que todo un presidente de la Generalitat sea cesado por una dirección nacional del PP, como en su día fue cesado Ricardo Costa".

El juez ve indicios de delito electoral, cohecho, financiación ilegal y contra la Hacienda en el PPCV

MADRID.- El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó hoy la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la investigación que sigue para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio, según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En el auto, el juez esgrime que esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.

El magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. Además, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.

El juez también advierte que de los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.

Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.

La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

DELITOS ELECTORALES

Así, el juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. "La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria", señala el juez.

Añade que "esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos, 345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades".

"Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste".

"Estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas formuladas por el PP de la Comunidad Valenciana, como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV", agrega. Así, asegura que Ricardo Costa y Vicente Rambla eran los gestores del pago de la totalidad de la deuda del PPCV con Orange Market, según la documentación intervenida.

IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN Y COHECHO PROPIO

En el auto, el juez solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.

Indica que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del Presidente.

"Por ello, el delito de cohecho que se investiga en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal --cohecho impropio--, sino tipificado en los artículos 425, 419 o 420 --cohecho propio-- del mismo texto legal", recoge el auto.

En este punto, el juez se refiere a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia".

PLANTEA COMPROBAR RELACION ENTRE REGALOS Y CAMPS

Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, resalta que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret --ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo--; Víctor Campos --ex vicepresidente del Consell de la Generalidad--; Ricardo Costa --ex secretario general del PP y diputado regional de Valencia-- y Francisco Camps, presidente de la Generalitat".

DELITOS CONTRA LA HACIENDA

Asimismo, el juez cita de nuevo el informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT de 6 de mayo de 2010 para corroborar los datos y conclusiones expuestos por la unidad de auxilio judicial de la UDEF, de 31 de julio de 2009, respecto a la facturación, en el año 2007, de la mercantil Orange Market S.L. al PP de la Comunidad Valenciana.

El instructor entiende que los hechos expuestos podrían ser constitutivos de dos delitos electorales sancionados en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; de delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre el Valor Añadido y de Impuesto sobre Sociedades de 2007 de la sociedad Orange Market S.L. y de delito de falsedad documental.

"Una de las personas que aparece como partícipe en estos delitos es Ricardo Costa Climent", a quien se le imputa en Valencia la percepción de regalos por parte de responsables de Orange Market. Por esas dádivas, uno de los delitos que se le imputan es el de cohecho.

Añade que el informe desvela que otros hechos de la facturación de la mercantil en años anteriores y posteriores podrían ser también constitutivos de un delito electoral, de un delito electoral vinculado a las elecciones celebradas en 2008, de delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre el Valor Añadido y de Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los años 2005, 2006 y 2008 de Orange Market S.L., de delitos fiscales relacionados con las retenciones de trabajo practicadas por Orange Market en 2006 Y 2007 y de falsedad en documento mercantil.

La CAM acumula en su balance viviendas y solares por valor de más de 1.400 millones de euros

OVIEDO.- Modesto Crespo, presidente de Caja Mediterráneo (CAM), proclamó a principios de este año que la entidad alicantina estaba saneada y sin urgencias para unirse a otras. «Hemos hecho los deberes que consistían en garantizar que la entidad fuera viable por sí sola», añadía el ejecutivo al presentar las cuentas de 2009.

Efectivamente, en ese año la CAM, la cuarta caja de España, había reducido casi a la mitad sus beneficios -declaró 203 millones de ganancias- para reforzar las provisiones y cubrir sus riesgos. Destinó a ese propósito 1.136 millones de euros. Y también durante 2009 la segunda caja de la Comunidad Valenciana cerró 115 oficinas y recortó 335 empleso, la mayoría mediante jubilaciones anticipadas, según recuerda el periódico 'La Nueva España'.

Pese a ese plan de saneamiento y a las manifestaciones entonces de Modesto Crespo, el Banco de España terminó por azuzar a Caja Mediterráneo para que buscara con presteza compañeros de viaje en el proceso de fusiones.

Según algunas versiones, el problema de la CAM no era de solvencia -presenta un ratio de capital notable (11,4%)-, pero sí podía llegar a tener algún contratiempo de liquidez. Y en el balance pesa también el patrimonio inmobiliario, las viviendas y solares embargados por impagos o adquiridos a los promotores que de otro modo no iban a hacer frente a sus deudas con la entidad.

El conjunto de ese patrimonio superaba los 2.000 millones de euros a finales de 2009. Según un balance más reciente, la CAM tiene algo más de 1.400 millones de euros bajo el epígrafe «activos no corrientes disponibles para la venta», donde se suelen computar los pisos y otras propiedades de las que bancos o cajas intentan desprenderse. Es uno de los reflejos de una gestión pegada al «boom» inmobiliario, singularmente intenso en la costa levantina y, en particular, en Alicante.

Aún siendo una de las preocupaciones de la CAM, el equipo directivo de Crespo ha restado importancia al problema inmobiliario de la caja. Sobre todo a partir de otoño del pasado año, cuando la filial creada para vender las viviendas a través de internet empezó a cerrar operaciones con cierto ritmo tras meses de sequía.

La CAM ha continuado este año con su política de reforzar capital y para ello vendió una de sus participaciones empresariales relevantes: el 1,68% que controlaba en la concesionaria Abertis; obtuvo con ello 108 millones de euros.

La CAM participará en todas las decisiones estratégicas del SIP

ALICANTE.- Los socios de Caja Mediterráneo en el Sistema Institucional de Protección (SIP) no podrán tomar ninguna decisión "estratégica" sin el apoyo de la entidad alicantina. Así lo prevé el documento pactado por las cuatro cajas de ahorros participantes en la operación -la CAM, Cajastur (que aporta también el negocio de Caja Castilla-La Mancha), Caja Extremadura y Caja Cantabria-, que establece una mayoría cualificada del 75% para las grandes decisiones, según el diario 'Información'.

Está previsto que esta tarde los consejos de administración de las cuatro entidades den su visto bueno al acuerdo, que supondrá la creación del tercer grupo entre las cajas de ahorros y del quinto del sector financiero español, con un volumen de activo de 135.000 millones de euros y más de 14.000 empleados.

En el caso de la CAM, los consejeros consultados por este diario acogieron con notable satisfacción el anuncio del SIP y señalaron que el presidente de la caja, Modesto Crespo, y su director general, Roberto López Abad, no tendrán problemas para aprobarlo.

En cuanto al sistema de mayorías reforzadas previsto en el SIP, el objetivo es que ninguna de las dos grandes cajas, CAM y Cajastur, que tendrán el 40% cada una, pueda aliarse con las dos pequeñas para dejar a la otra fuera de las decisiones de cierto calado. Esto obligará a que las líneas estratégicas de actuación se adopten siempre por consenso entre los directivos alicantinos y los asturianos.

Se trata, en definitiva, de un mecanismo de defensa dado el alto grado de integración por el que han optado la CAM y sus socios. En este sentido, hay que recordar que las cuatro cajas han decidido poner en común el 100% de sus beneficios cuando legalmente sólo estaban obligados a compartir un 40%, y que el banco que crearán se hará cargo de toda la política de control de riesgos y la gestión financiera de las entidades.

Participaciones compartidas
Las cajas también pondrán en común toda su cartera de participaciones industriales, valorada en más de 4.000 millones de euros. Esto significa que cualquier nueva inversión también pasará por el SIP, según admitieron ayer fuentes de la CAM, lo que hace más que aconsejable la existencia de las citadas mayorías cualificadas.

Aunque la intención de todos los socios es empezar a trabajar de forma coordinada "inmediatamente", según las citadas fuentes, lo cierto es que la constitución formal del SIP todavía tardará meses. Así, la operación deberá volver al Banco de España para su aprobación definitiva, deberá pasar también por el Tribunal de Defensa de la Competencia e, incluso, por Bruselas. En cualquier caso, el objetivo es que el nuevo banco que controlará el negocio conjunto de las cajas implicadas esté formalmente constituido y plenamente operativo antes de final de año.

Lo que sigue sin estar decidido es la cantidad de dinero que el SIP pedirá prestado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para acometer el proceso. Algunas fuentes apuntaban ayer que la cifra podría superar los 1.600 millones, aunque las entidades no lo confirmaban. Por el contrario, el presidente de Caja Cantabria, Ambrosio Orizaola, sí dejó claro que la operación está abierta a la incorporación de nuevas entidades, siempre que éstas cumplan ciertos requisitos de solvencia y acepten mutualizar el 100% de sus beneficios.

Consejeros satisfechos
En Alicante, la sensación más extendida entre los miembros del consejo de administración de la CAM era una mezcla de alivio y satisfacción tras dos semanas de infarto desde que fracasasen las negociaciones con Cajamurcia. "Creo que es una buena operación. Primero, porque acaba con la incertidumbre que estaba lastimando la imagen de la caja y, segundo, porque refuerza la solvencia de la CAM pero nos permite seguir independientes", explicaba ayer uno de los consejeros.

"Es una buena solución para los intereses de la Comunidad Valenciana y también para los alicantinos. Creo que hubiese sido más coherente fusionarnos con Cajamurcia pero también es cierto que así formaremos parte de la tercera caja del país", reconocía otro.

"No podemos pedir más. Es verdad que Cajastur consigue una cuota de representación (del 40%) mayor que su peso real, pero la CAM ha conseguido la presidencia, que es muy importante, y que Roberto López sea el director general", señalaba otro significativo miembro del consejo de administración, que también recordaba que la caja seguirá con su sede en Alicante.

El juez Pedreira se inhibe a favor del TSJCV de la parte valenciana que investiga

MADRID.- El magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha acordado la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), para su unión a las Diligencias Previas 1/09 que se siguen en la citada sala por un presunto delito de cohecho impropio, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En el auto se desprende que el objeto de esta decisión es evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana, y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid conozca de proceso alguno contra aforados que no sean de la Comunidad Autónoma madrileña.

Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana una vez que el magistrado instructor sobreseyera la causa al entender que no había delito.

Una de las últimas actuaciones en este sentido fue la declaración el pasado 18 de mayo de Álvaro Pérez El Bigotes, quien negó los hechos de corrupción que se le imputan relacionados con unos trajes que supuestamente pagó al presidente valenciano.

Castedo dice que el nuevo decreto provocará "una paralización total y absoluta del día a día" de Alicante

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, consideró hoy que el nuevo decreto de ajuste aprobado por el Gobierno central va a producir "una paralización total y absoluta del día a día de la ciudad", y "el caos absoluto para el año 2011, para esta ciudad y para todas las ciudades y de todos los pueblos de España".

Sonia Castedo lamentó que las medidas de ajuste pueden "significar un caos total y absoluto en el funcionamiento del día a día de los ayuntamientos".

"La situación será de una paralización total y absoluta del día a día de la ciudad, y creo que no somos conscientes de qué caos se puede llegar a organizar con este nuevo decreto que ha sacado en este caso el Gobierno central", advirtió.

Según explicó, el consistorio alicantino podría "prescindir de determinadas inversiones muy necesarias para esta ciudad si la época así lo reclama", pero "no se puede prescindir del día a día, ni de recoger la basura todos los días, ni de limpiar la ciudad todos los días, ni la gente mayor del transporte público".

El gasto corriente "es todo", y "no sólo es el salario de los funcionarios, sino el día a día de la ciudad, es la luz, el alumbrado, la limpieza, el mantenimiento de los parques y jardines, las plazas, y el transporte público", insistió.

Ante estos ajustes, aseguró que para los consistorios "es imposible adelantar la solicitud de los préstamos", porque trabajan sobre presupuestos cerrados en los que los ingresos tienen que estar equilibrados con los gastos.

"Si se hubiera hecho para este año, el presupuesto habría que rehacerlo íntegro y habría sido imposible cerrarlo, porque nosotros ya este año estamos con varios millones de euros menos, en comparación con el año pasado", detalló, al tiempo que remarcó que si no se les permite solicitar crédito, "ninguna administración local tendrá dinero para poder hacer frente a ningún tipo de gasto".

Al respecto, además consideró que las medidas de ajuste someten a los ayuntamientos a una situación que ha sido como tener "con una soga al cuello dentro del mar, y ahora tirar, en lugar de hacia arriba para intentar sacar poco a poco a las administraciones locales, hacia abajo".

"Al final el afectado, desgraciadamente como siempre, es el ciudadano", añadió.

Ripoll afirma que el acuerdo para la 'fusión fría' de CAM es una "solución buena y muy positiva"

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, mostró hoy su satisfacción por la fusión 'virtual' de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura, a la que se refirió como "una solución buena y muy positiva".

Ripoll destacó que esta unión a través de Sistema Institucional de Protección (SIP) permitirá a Caja Mediterráneo pertenecer al tercer grupo en activos de España, "lo cual es muy importante para CAM y sobre todo para la provincia de Alicante", indicó.

Entre las ventajas de esta operación, recordó que esta unión "será muy respetuosa con todos" y además permitirá "mantener las marcas y la personalidad de las cajas". Además, subrayó la importancia de que la CAM sea la que aporta más reservas, y que su presidente, Modesto Crespo, y su director general, Roberto López, se pongan al frente del grupo.

Además, Ripoll avanzó que en los territorios a los que no pertenecen las cajas que participan en la unión, --Asturias, Cantabria, Extremadura y en Castilla-La Mancha-- "posiblemente la marca única que quede sea la de CAM".

"Entre los distintos nombres que se barajan, el que más parece que agrupa a todos sería el de Caja Mediterráneo, pero eso son los flecos de la negociación", apuntó al respecto.

Ripoll comentó las ventajas de que la operación cuente con la bendición del Banco de España, que CAM mantenga su imagen en su territorio y en algunos territorios limítrofes, y que se acumulen una serie de activos "que van a permitir tener ayudas del FROB, y por lo tanto, de afrontar la crisis con mayor fiabilidad".

Así mismo, como las cajas de ahorro implicadas no comparten clientes, la planificación de las plantillas "que habrá que hacer en cualquier caso", según dijo, se podrá hacer "con mayor tranquilidad" que si las red de oficinas fuera común entre varias entidades.

Con esta operación, la CAM además acaba con la presión para que la caja adoptara algún acuerdo de fusión, que ha sido "muy nociva para su imagen y para la de la provincia de Alicante".

"A partir de ahora, las prisas y las urgencias las tendrán otros y habrá que ver cómo queda el mapa después de esta primera etapa de fusiones, para ver si en el futuro podemos completar esa idea inicial nuestra de que la caja respondiera también al territorio", dijo.

En este sentido, se mostró convencido de que en la actualidad, las entidades atraviesan por una "primera etapa de fusiones", que estará seguida de "una segunda etapa de fusiones".

El presidente de la Diputación también resaltó que esta operación constituye la "primera fusión interregional que se hace de verdad en España" y recordó que "en su momento la CAM ya fue ejemplo, con las cuotas participativas, de buscar fórmulas imaginativas para afrontar los momentos difíciles de la crisis".

"Ahora también ha sido ejemplo de conseguir una fusión entre cajas de distintas regiones, y lo que es más difícil, de distinto signo político en las regiones", añadió, al tiempo que celebró que "ha primado más el interés de las propias cajas que intereses políticos que hubieran podido intentar de una u otra forma, torpedear esa fusión".

En su intervención, recordó que el PP provincial se había postulado a favor de la fusión con Cajamurcia, pero "lo deseable no es posible, y a veces hay que ser realistas y hacer posible lo que es posible".

"Ésta es una solución buena, muy positiva, ya se lo he trasladado al presidente y al director, (aunque) no era lo que más deseábamos, ni siquiera ellos ni yo, pero esa es una fusión que permite que la CAM quede muy bien posicionada", manifestó.

La fusión con entidades de otras comunidades autónomas también puede hacer que la provincia de Alicante se acerque a esos territorios, "lo que es importante para una provincia turística como Alicante", concluyó.

El sector del juguete reduce un 12% su facturación en 2009

VALENCIA.- El consumo anual de juguetes en España se situó durante 2009 en 1.204,16 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,42 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, este crecimiento no revirtió en un incremento de la facturación de las empresas jugueteras, que cayó un 12 por ciento, por la reducción de precios y la prioridad dada a vender el stock almacenado, hasta un total de 1.028,88 millones de euros.

Así lo explicó el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, tras la reunión de la Junta Directiva de esta entidad, que se celebró hoy en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y a la que también asistió el vicepresidente del Consell y titular de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla.

Según los datos de la AEFJ, el año 2009 supuso una ligera recuperación del sector del juguete que aumentó sus ventas con respecto al año anterior gracias a su apuesta por la innovación, la calidad de sus productos y la adecuación de su oferta a las necesidades del mercado.

Las empresas de juguetes incrementaron su intensidad innovadora un 61,4 por ciento durante 2008 con respecto al año anterior, de modo que el juguete nuevo o mejorado representa más de un 21,3 por ciento de su cifra de negocio.

De hecho, el esfuerzo innovador realizado por las empresas fabricantes de juguetes en España en partidas de I+D e inmovilizado fue un 74,2 por ciento superior a la media del resto de empresas industriales.

El incremento del 1,42 por ciento se debe, por un lado, a los esfuerzos de las empresas del sector, que han disminuido el precio medio en un 3,04 por ciento. Y por otro, al incremento de la población infantil entre 0 y 14 años del 1,93 por ciento, lo cual ha permitido mantener el gasto por niño/año en 2009 en 173,27 euros.

Por término medio, en 2009 se adquirieron 9,83 juguetes por niño frente a los 9,58 de 2008. Según los paneles de consumo que maneja el sector, también se ha observado la tendencia apuntada ya en 2008, hacia una mejora de la cuota de mercado del canal especialista frente a la gran distribución generalista.

Tras la caída de ventas del primer trimestre del 2009 (-14,2 por ciento), el mercado se recuperó debido al buen comportamiento de las campañas de verano, con lo que se lograron cifras positivas en los siguientes trimestres (3,3 y 3,1 por ciento, respectivamente).

En el último trimestre, destaca el extraordinario comportamiento positivo de las ventas de juguetes durante la campaña de Navidad de 2009, con un aumento de las ventas del 2,7 por ciento sobre la campaña anterior, lo cual ha incrementado ligeramente el grado de estacionalidad del sector que continua concentrando un 69 por ciento de las ventas anuales durante estas fechas.

Durante los próximos años el sector quiere hacer frente a sus grandes retos mediante el desarrollo del Plan Estratégico, que ha sido estudiado y analizado durante 2009 y que se ha puesto en marcha en 2010. El proyecto cuenta con diversas líneas de actuación, tres de ellas son medidas de apoyo al sector como son la dirección estratégica, proactiva y profesionalizada, la cooperación entre empresas y la distribución justa.

Preguntado por las previsiones para 2010, Pastor explicó que los datos del primer trimestre son buenos, aunque son un "espejismo" y "son fruto de cómo ha terminado el año pasado". Precisó que a nivel de consumo, el primer trimestre "no ha empezado mal" aunque, "quizá mejor en las exportaciones", debido a la "confianza" generada porque la Unión Europea "está saliendo antes" de la crisis.

En el mercado nacional, señaló que el clima entre los empresarios del sector es de "bastante pesimismo", lo que se nota en el consumo y "se está notando" en el segundo trimestre, dijo. No obstante, aseguró que hasta que no llegue la campaña de navidad, donde "nos jugamos el 69 por ciento de las ventas", es "difícil hacer una estimación".

Manuel Pizarro supone que el SIP de la CAM "será bueno"

VALENCIA.- El presidente de la Fundación Ibercaja, Manuel Pizarro, afirmó hoy que supone que la integración de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en un Sistema Institucional de Protección (SIP)

"será buena" si lo han "elegido" las partes, aunque advirtió de que las denominadas 'fusiones frías' son "un mecanismo un poco complejo". No obstante, señaló que hay que ver estas operaciones "con perspectiva" para evaluar su funcionamiento.

Pizarro se pronunció así en declaraciones a los periodistas antes de impartir en Valencia la conferencia 'Crisis económica y reforma de las cajas de ahorros', en un acto organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU con el que inaugura el Foro de Empresa.

Preguntado por la integración de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, destacó que tiene "un gran afecto" a la CAM, por lo que le deseó "que le vaya muy bien", al tiempo que subrayó que Cajastur es "una gran caja".

"Ha elegido la mejor compañía", agregó.

En su opinión, cada caja "tiene que encontrar su sitio en el mercado" y "tomar su camino" para "poder sobrevivir en medio de la crisis y dar servicio" a las regiones donde se encuentran. "La decisión es de ellos, los demás no podemos decir nada", dijo.

Pizarro recalcó que "las fusiones hay que verlas con perspectiva" e insistió en que son las cajas las que deben "elegir su camino".

"Cuando lo han elegido, supongo que será bueno", subrayó.

Además, aseguró que conoce el funcionamiento de las cuatro cajas que se integran en este SIP y respecto a las entidades que acompañarán a CAM, señaló: "Caja Asturias es una gran caja, lo ha hecho muy bien; Caja Extremadura también es una caja que está fenomenal, y en el caso de Caja Cantabria, sucede igual".

Así, deseó que "a través de un mecanismo un poco complejo, como son las 'fusiones frías', ganen en dimensión, abaraten costes --que es de lo que se trata, apostilló-- y den servicio en un momento en que los tipos están muy bajos, con lo cual el margen es muy pequeño" y remarcó que, en definitiva, el objetivo es "encontrar los instrumentos necesarios para poder competir".

El Gobierno rectifica y da siete meses más a los municipios para endeudarse

MADRID.- El Gobierno ha dado marcha atrás y ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una corrección para retrasar hasta enero de 2011 la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo.

Así, a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.

Es decir, los ayuntamientos no podrán endeudarse a largo plazo durante todo el año 2011, un cambio significativo respecto al contenido original del decreto antidéficit publicado ayer en el BOE, que establecía que esta prohibición entraría en vigor desde hoy hasta el 31 de enero de 2011.

De esta forma, los municipios españoles tendrán siete meses por delante para solicitar créditos públicos o privados a largo plazo que les ayuden a financiar sus proyectos.

Asimismo, también durante todo el año 2011 los ayuntamientos tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.

El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

Precisamente, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado hoy a los alcaldes con representación en este organismo para analizar el contenido del decreto de medidas antidéficit.

Tras conocerse el lunes que el Gobierno iba a prohibir desde este martes hasta 2012 que los ayuntamientos pudieran pedir créditos, varios municipios y dirigentes políticos cargaron contra la decisión del Ejecutivo.

Una de las más críticas fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que calificó de "burrada" prohibir a los ayuntamientos endeudarse porque pondría en riesgo los servicios que prestan las corporaciones locales.

Por su parte, el alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, reprochó al Gobierno que practique el "café para todos" al prohibir que los consistorios se endeuden.

Desde el PP, su coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno, rechazó la medida y acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de generar "una enorme alarma" y de llevar a la "bancarrota" al conjunto de las corporaciones locales.

El decreto antidéficit establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Dichos destinos pasan en primer lugar por sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo.

En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones, según consta en la norma.

Camps, profundamente satisfecho del acuerdo de la CAM

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se ha mostrado "profundamente satisfecho" del acuerdo que desembocará en la fusión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura.

A su juicio, se trata de "un paso hacia adelante, sólido, potente, con garantía y con expectativa de crecimiento y de mucho futuro" y resaltó que la decisión es "acertada, equilibrada" y defiende el modelo de "una caja de ahorros en Alicante con potencia y expectativas", al tiempo que es una "apuesta novedosa".

El presidente del Consejo indicó que "hoy en un gran día para las entidades financieras de la Comunidad Valenciana" y para quienes "durante tantísimas generaciones han ido consolidando una entidad financiera del porte y de la importancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo". Camps dio la enhorabuena al presidente de la CAM, a su equipo directivo y a todos los trabajadores de la entidad.

Asimismo, recordó que ha mantenido que "cualquier decisión que tuviese que ver con el futuro de la CAM tenía que ser liderado por los órganos de dirección y con decisiones directamente relacionadas con apuestas y propuestas de tipo económico y social", porque esa tenía que ser "la forma de trabajo".

Así es como, afirmó, "se han ido desarrollando durante estos meses los distintos contactos que la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha ido realizando" sobre los que, afirmó, ha tenido información "permanente".

En cualquier caso, insistió en que su postura ha sido respetar que se trataba de una decisión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de sus órganos de dirección y sus equipos directivos.

El presidente de la Generalitat resaltó que se trata de una apuesta "novedosa, que permite la captación de fondos, la alianza con otras cajas de ahorro importantes del resto de España" que cuenta, según le comentó el presidente de la CAM, dijo, con el aval del Banco de España y que permite que Alicante "siga teniendo su sede operativa, su lugar de decisión, en la propia provincia".

También subrayó el "nulo coste social" del acuerdo, en el sentido de los trabajadores.

En su opinión, "todas las premisas que estaban previstas desde el inicio de la reflexión al respecto del futuro de las cajas en nuestra Comunidad se cumplen en su totalidad con la decisión que ayer se nos anunció por parte de las cuatro cajas de ahorro" así como "la posibilidad de seguir desarrollando el modelo de financiación y económico que nosotros entendemos y que entienden mejor que nadie nuestras cajas de ahorro: la cultura de la CAM, como la cultura de Bancaja, son culturas de financiar nuestro modelo de crecimiento y de prosperidad", algo que da un "plus de garantía y de fuerza".

Las cajas, dijo, son "factor de crecimiento, factor de prosperidad, de confianza y son factor de desarrollo económico para el futuro" por lo que dio la bienvenida a este acuerdo, aunque advirtió que hay que esperar las decisiones que se adopten en los respectivos consejos de administración.

La CAM halla novio en el norte /Jordi Cuenca

Tras varias semanas de vértigo y a punto de sonar la campana del Banco de España, Caja Mediterráneo (CAM) ha conseguido una alianza que, en apariencia, aleja los principales peligros que acechaban a la entidad. Como pedía la sociedad alicantina, no se fusionará con Bancaja.

También da la espalda a la operación mejor vista por el supervisor, la unión con Caja Madrid, que habría supuesto, más pronto o más tarde, su absorción. Además, consigue, en el plazo límite marcado por la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que concluía hoy, formar parte de una sociedad que le permitirá mejorar en capitalización -los activos totales superan los 135.000 millones- y en solvencia, la que aportará, principalmente, Cajastur.

Por contra, pese a duplicar en tamaño a la entidad asturiana, la CAM va a tener el mismo peso (un 40%) que esta última en el consejo que surgirá del SIP y, también muy relevante, el consejero delegado de la entidad será el presidente de Cajastur, Manuel Meléndez, quien, así, se convertirá en el principal gestor del nuevo grupo.

Pese a que los resultados de la CAM y sus ratios eran mejores que los de otras muchas entidades, la caja alicantina, una de las más activas en el sector inmobiliario -origen en buena medida de esta crisis- y la única que había emitido cuotas participativas, estaba en el punto de mira del Banco de España desde hace meses.

El supervisor apostaba por una radical reordenación del sistema financiero y había diseñado una fusión entre Caja Madrid, la CAM y Caixa Galicia, que contaba con el apoyo del PP nacional y del Gobierno. La entidad gallega, por voluntad del presidente de esa autonomía, Alberto Núñez Feijóo, se descolgó para al final unirse a Caixanova.

En noviembre del año pasado, parecía inminente un SIP (Sistema Institucional de Protección, también denominado fusión virtual porque se suman los balances pero se mantienen la marca, los órganos de gobierno y la naturaleza jurídica de los socios) entre las cajas alicantina y madrileña.

Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llamó a capítulo a los máximos responsables de la CAM, Modesto Crespo, y Bancaja, José Luis Olivas, para decirles que no permitiría la pérdida de una sede financiera y para pedirles que encargaran un informe a una consultora independiente que evaluara la viabilidad de una fusión entre las dos grandes entidades valencianas.

Fue el último intento. El documento confirmó que los costes de la operación serían tan elevados que ni vendiendo Bancaja sus participadas, como el 38% del Banco de Valencia o el 6% de Iberdrola, sería viable. Con esos números y el rechazo alicantino, sólo una decisión política podía relanzar el proyecto, pero la debilidad del Consell por el caso Gürtel era una losa descomunal, como se ha visto.

Aún así se hizo un último y de nuevo fallido intento hace dos semanas, cuando una desesperada CAM fracasó en sus negociaciones con Cajamurcia. Es conocido que todas las cajas -tal vez con la excepción de La Caixa- llevan meses hablando con todas las demás y en especial aquéllas que fueron señaladas por el Banco de España. Como la CAM. De ahí que Bancaja, con vía libre para seguir sola, apueste por esperar a la segunda oleada de fusiones, que prevé para dentro de dos años.

Negociaciones

La entidad alicantina ha cometido el grave error de estar, como quien dice, negociando en la plaza pública, lo que la ha puesto en una situación de extrema debilidad ante posibles socios. Todos aquellos a los que se ha acercado porque tenían unos mejores números, han sido muy exigentes, pese a tener un tamaño en ocasiones tres veces inferior.

Como apuntan fuentes financieras, parece lógico que piensen que si son ellos los que han de solucionarle los problemas también han de ser quienes tengan la sartén por el mango. Sucedió con Cajamurcia, que logró grandes ventajas y con la que rompió cuando su presidente, Carlos Egea, exigió ser el ejecutivo principal durante cinco años. Inaceptable.

Con la vizcaína BBK, que ayer dio por rotas las negociaciones, ha sucedido algo parecido en los últimos días. Exigió la mayoría en el banco que crearían con su SIP. También inaceptable.

Con Cajastur, que está en proceso de digestión de la intervenida Caja Castilla-La Mancha, sí ha habido acuerdo, pero también ventajoso para la entidad del norte. El ultimátum del Banco de España a la CAM concluía hoy, aunque también es cierto que en este caso han entrado otras dos cajas (Cantabria y Extemadura), lo que permitirá alianzas en la toma de decisiones.

http://www.levante-emv.com/economia/2010/05/25/cam-hallo-novio-norte/708351.html

CAM provoca el enfado de Rodrigo Rato tras despreciar la opción de Caja Madrid

CAM no ha esperado a ninguno de sus candidatos oficiales. La entidad valenciana anunció ayer lunes por la tarde su integración virtual en un SIP (Sistema Institucional de Protección) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Tres entidades entre las que no figura Caja Madrid, para disgusto de su presidente Rodrigo Rato, que recibió con sorpresa y enfado la noticia después de haberse postulado como referente para liderar un proceso de fusión diagonal del que ya se había caído la gallega Caixa Galicia, según 'El Confidencial'.

La entidad madrileña no tuvo margen de maniobra después de que CAM fracasara en su último intento de fusión. La caja de Alicante y Murcia, también bajo la órbita política del PP, negoció hasta el último instante un acuerdo bilateral con la vizcaína BBK. Esta opción, sin embargo, no recibió el último visto bueno por parte del presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, al conocer que se trataba de una operación desigual, que sacaba el domicilio social a una región que no era neutra para sus intereses.

Descartada la solución BBK, una de las cajas fuertes en el proceso de reordenación del sistema que pujó por CCM, la caja de ahorros valenciana se entregó a la opción abanderada por Cajastur, rival de la vasca en la subasta de la primera caja intervenida. En este caso, la alternativa liderada por la asturiana aglutina un proyecto de SIP con otras entidades más pequeñas, caso de Caja Cantabria y Caja Extremadura, todas bajo la órbita socialista, que ya tenían apalabrado su protocolo de fusión virtual.

La salida elegida por CAM, que compartirá un 40% de peso en el SIP con Cajastur, por un 11% de Caja Extremadura y un 9% de Caja Cantabria, permite a la entidad valenciana salvar su dilución en BBK, que exigía mayoría en los órganos de poder, o en Caja Madrid, donde Rato esperaba integrar a las cajas populares de Valencia y Galicia. Esta diagonal, aceptada por el Banco de España, ha topado con la oposición de los barones regionales del PP, que han ignorado el plan con el que Mariano Rajoy ilusionó al presidente de la madrileña.

“Hemos tenido que tomar una solución de urgencia”, explican desde el consejo de administración de CAM. “Aunque la situación de la caja no es mala, existía una corriente de opinión que había que neutralizar. Esto sirve para que nos tranquilicemos todos”, subrayan con desahogo, después de que la caja formara parte de quinielas con entidades urgidas por el Banco de España para culminar un proceso de fusión que les permitiera acceder a las ayudas del FROB. Y en este contexto, el caso de Cajasur aceleró los tiempos.

Además de Rato, el enfado con Camps es compartido por buena parte del poder económico de Valencia. “Ni se lo ha creído, ni le ha interesado”, comenta un financiero valenciano. “Por desgracia, el presidente de nuestra comunidad está dedicado a otras tareas que tienen que ver más con sus intereses personales”. El barón popular no se implicó en ninguna de las alternativas locales que los valencianistas esperaban cerrar: la fusión con la también valenciana Bancaja o con la vecina Caja Murcia, también perteneciente a la esfera del PP.

Manuel Menéndez, el hombre fuerte

Mientras tanto, el acuerdo de SIP sienta las bases para la tercera caja de ahorros del sistema, con unos activos bajo gestión de 135.000 millones de euros, una red de 2.300 oficinas, 14.000 empleados y un volumen de negocio de 177.000 millones. Como en otras fusiones, “cada caja mantiene su personalidad jurídica, su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, poniendo en común política de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios”.

Según los datos facilitados, la entidad resultante arroja unos fundamentales más acordes con las exigencias del mercado: ratio de solvencia del 12%, TIER 1 del 9,4% y core capital de 7,6%, sin contar la futura entrada de capital vía FROB, aunque de momento las cuatro cajas no han definido el importe que solicitarán para consolidar su proceso de integración. Además, no hay que olvidar que Cajastur tiene aún pendiente la absorción del CCM, para la que también recibió ayudas el fondo controlado por el Banco de España.

Respecto al reparto de poder, la nueva estructura será encabezada por Modesto Crespo, actual presidente de CAM, mientras que el primer ejecutivo será Manuel Menéndez, director general de Cajastur. Por su parte, el presidente de Caja Extremadura, Víctor Bravo (ex alto cargo de Economía de la Junta de Extremadura), será vicepresidente primero, mientras que su homólogo de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio (catedrático de Organización de Empresas y ex dirigente del PSOE), vicepresidente tercero.