Primeras sacudidas de "Terra Mítica"

Las primeras sacudidas del caso "Terra Mítica" ya se han sentido en el seno de una estafada CAM, según el PSPV, y afectan, como mínimo, a la imagen pública de Vicente Sala como presidente del segundo accionista (80 millones de euros invertidos por su entidad y dados prácticamente por perdidos) del parque temático tras la Generalitat. En la CAM se avecinan dimisiones y cambios de altura y ya se aventa en el horizonte una presidencia ejecutiva de Juan Antonio Gisbert, exdirector general cesado por presión política de Zaplana ante su militancia socialista. La vuelta de este no menos polémico alcoyano hasta se desea por muchos de los altos ejecutivos y empleados de la entidad pero es vista con mucha inquietud por consejeros del PP, como el murciano Javier Guillamón y el alicantino Armando Sala, dos de los arietes en su día contra Gisbert. Desde el PSPV hay quien ya habla de presuntos graves delitos societarios a sustanciar y de las responsabilidades políticas de Camps si no se decide a actuar cuando se da, como mínimo, una presunta gran estafa a la Generalitat y un presunto delito fiscal continuado.

El proceso no ha hecho más que empezar y terminará con el saldo de varios caídos no ajenos a todo lo que presumiblemente se ha movido de dinero fácil en torno a este tan faraónico como fracasado proyecto de "Terra Mítica"; un fracaso "cantado" desde su concepción para, presumiblemente, pegar el "pelotazo" de su vida muchos de aquellos que se embarcaron con Zaplana en la aventura de hacerse con el poder político en la Comunidad Valenciana en1995, bien para conservar su poder económico, bien para incrementarlo (la mayoría de las veces), bien para forjarlo desde una clara posición de ventaja. Y ahora vienen las dificultades con Hacienda y la Fiscalía porque algunos incrementos de patrimonio no se corresponden con las declaraciones del Impuesto de Sociedades o Renta de algunos implicados.Y el Estado siempre quiere cobrar el primero lo que es suyo. Y los "testaferros" no quieren ir a la cárcel en lugar de quienes les proporcionaron un negocio "fácil", que luego no lo era tanto para ellos por el pago de comisiones.

Los socialistas han solicitado a Camps una auditoría operativa para conocer qué se ha pagado en la construcción de "Terra Mítica" por encima de su valor de mercado y saber a qué bolsillo ha ido a parar ese dinero en primera instancia cuando la Agencia Tributaria habla ya de facturas por trabajos no realizados que alcanzan los 10 millones de euros como mínimo. La denuncia de Hacienda esta vez ante la Fiscalía del TSJ es por emisión de facturas falsas, supuesto fraude y elusión de impuestos. Políticamente, Camps y Sala se encontrarían "pillados" en su, hasta la fecha, labor calificada de obstrucionista por el PSPV. Pero una vez que el tema entre de lleno en el ámbito judicial, tendrán que colaborar y acceder a las pretensiones de jueces y magistrados. Lo único que se ve por todas partes es un intento desesperado por retrasar los acontecimientos y que no sorprendan las próximas elecciones con políticos relevantes del PP sentados en el banquillo. El Juzgado nº 3 de Valencia ya tiene en su poder las primeras diligencias del caso "Terra Mítica". Porque es delito fiscal un fraude a la Hacienda Pública por encima de los 120.000 euros, también tendrá que actuar de oficio la Abogacía del Estado en defensa de sus intereses.

Pero la Agencia Tributaria no sólo está centrada en "Terra Mítica", y mucho más que lo va a estar en Benidorm de aquí a diciembre. Existen también parecidos escenarios de investigación en Alicante, Orihuela y Torrevieja como consecuencia de las sospechas de presunta corrupción de políticos en connivencia con algunos destacados empresarios. En la capital, la Fiscalía tiene en su punto de mira al alcalde Diaz Alperi pero por otra serie de cuestiones que vienen muy de atrás. Pocos son ahora los que, sin perjuicio de la constitucional presunción de inocencia a que tiene derecho, apuestan a su favor de que saldrá indenme de esta "movida" en torno a políticos sospechosos de haberse lucrado de su largo paso por el poder. Hay quien propala, aunque sin aportar todavía una sola prueba pero sí un determinado número romano (?), que Alperi es el político de mayor fortuna en la Comunidad Valenciana tras once años en el cargo. No es ningún secreto de que es objetivo prioritario y preferente de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, y mucho más después de anunciar que pretende volver a ser el candidato del PP a la alcaldía de la ciudad. Alperi, al parecer y según fuentes jurídicas seguidoras del caso, terminará teniendo problemás mucho más serios con la Justicia de los que ha tenido hasta ahora. Y hasta es posible que tenga que apearse de su virtual candidatura si los acontecimientos se precipitan y el progresista e intachable fiscal Briones logra sentarlo en el banquillo antes de la primavera de 2007 con pruebas concluyentes que, por ahora, nadie ha logrado aportarle.

En Orihuela y Torrevieja, tras los fiscales y jueces está ahora Hacienda. Parece que el alcalde de la villa marinera (un mancebo de farmacia cuando accedió al cargo, hace ahora quince años) no puede justificar normalmente su desmesurado incremento de patrimonio familiar. Está siendo investigado a fondo y, según parece, va a ser la primera pieza que se van a cobrar las acusaciones, que vienen de mucho tiempo atrás, de los partidos de oposición. Hombre de Zaplana desde siempre, Hernandez Mateo, acostumbrado a una falsa sensación de impunidad, sostiene con frialdad estar tranquilo ante los acontecimientos, creído de que se siente protegido por el presidente Camps, a cuyas filas se acercó desde que notó el gran riesgo que tenía un Zaplana suelto por Madrid, haciendo las mismas cosas que se le conocían de su paso por Valencia. A este alcalde extasiado con el ladrillo, raro será no verlo salir del cargo escoltado por fuerzas de la Guardia Civil, para evitar posibles agresiones, si se llega a probar todo lo que se le imputa por la opinión pública informada por los partidos presentes en este ayuntamiento.

En Orihuela, haber tenido tratos con el alcalde José Manuel Medina, sólo puede traer ahora graves problemas con Hacienda y la Justicia al promotor Marcos y al empresario Fenoll como concesionario perpetuo de la concesión de la recogida de basura. Otros pequeños empresarios, implicados desde supuestas tramas de corrupción municipal, van a seguir los pasos de sus compañeros de Benidorm y van a "cantar" de plano cuando Hacienda los lleve ante la Fiscalía por presunto delito fiscal. Todo hace pensar que el "modus operandi" en las obras de "Terra Mítica" se ha reproducido a escala en la costa sur alicantina. Y parece que con mucha mayor profusión en Orihuela. Por algo a Medina le aguarda un largo peregrinar por los juzgados y audiencias de la Comunidad Valenciana, siempre desde la presunción de su inocencia, por supuesto.

También en el caso de Alperi, la pirámide de combinados intereses locales y foráneos del mundo del negocio rápido y fácil que logró auparlo al cargo, se va a resentir del signo de los tiempos por más que haya una presunta maraña de pequeñas y ocasionales empresas interpuestas para actuar en el mercado. En la era de la informática nada es tamaña labor para los especialistas en rastreos de la Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Todo es cuestion de tiempo. Y parece que se está en ello para despejar toda sombra de duda. No sería de extrañar que el famoso promotor Enrique Ortíz fuese llamado a declarar en breve aunque es de dominio público que este empresario hecho desde abajo tiene cogidos por los h..... a muchos funcionarios municipales, y también políticos del PP y del PSPV de la ciudad de Alicante por ser aquí donde se centran sus actividades promotoras y de servicios. Ortíz parece tener poco que temer por tener todo bien atado tras una determinada forma de trabajar a que le obligan los gobernantes de turno. Y los métodos empleados para dejar cada cosa en su sitio si tiene que demostrar su situacion relativa.

El ministerio de Hacienda se apresta a aplicar de inmediato la, en trámite todavía, Ley de Prevención del Fraude Fiscal, y después del verano se van a perseguir las sociedades instrumentales y patrimoniales sin actividad real pero que emiten facturas ficticias, porque sirven de refugio a las plusvalías generadas y no declaradas como rentas personales. En ese momento, la Agencia Tributaria podrá actuar de lleno en los tribunales contra los titulares que hayan participado en tramas de comisiones ilegales a políticos y contra los políticos que las hayan percibido como rentas opacas al fisco. En septiembre, con la nueva legislación en el BOE, la caza de presuntos defraudadores de "cuello blanco" será la noticia de cada día en los periódicos porque todas las cuentas bancarias de los sospechosos de fraude fiscal serán bloqueadas hasta la sustanciación del procedimiento administrativo o proceso penal. Después pueden venir los embargos patrimoniales tras el bloqueo, igualmente, de los registros públicos y la retirada del NIF para impedir alzamientos de bienes y/o transmisiones patrimoniales fraudulentas.