ALICANTE.- Las portavoces del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, María del Carmen de España y María del Carmen Sánchez,
respectivamente, han firmado una Declaración Institucional conjunta
para ser debatida en el próximo pleno que plantea la "defensa del
derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de
sus hijos".
En el escrito formalizado ante la secretaría del Pleno indican que la Ley de Plurilingüismo,
"lejos de contemplar la diversidad cultural y la riqueza del idioma, es
la consecución de hacer primar la lengua valenciana sobre el resto de
lenguas, no sólo las vehiculares en el Estado español, sino también de
otras lenguas extranjeras dando una falsa apariencia de proyección
global que nada tiene que ver con la realidad".
Además,
en la exposición de motivos de la declaración institucional se explica
que "el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana señaló
en la sentencia nº165/18 que existían preceptos clave que hacían
contrario a derecho el modelo lingüístico propuesto por el Consell del
Botànic".
"Había preceptos contrarios a
derecho en el decreto nº9/2017, de 27 de enero del Consell, y hay
preceptos contrarios a derecho en la ley 4/2018, de 21 de febrero de la
Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano, puesto que repiten muchas cuestiones del
decreto anulado por el TSJCV, por lo que la aplicación de la ley 4/2018
en los centros educativos de la Comunitat Valenciana es del todo
cuestionable", ha expresado.
Los grupos
municipales de PP y Ciudadanos ha hecho constar que "defienden la
pluralidad y el derecho que tienen las familias a elegir la educación
que quieren para sus hijos". "El Estado no puede sustituir a las
familias con el único objetivo de imponer un modelo único en valenciano y
acabar con el derecho de las zonas castellano hablantes", han
explicado.
Por
todo lo expuesto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Alicante
ha pedido al pleno que declare inalienable el derecho fundamental de los
padres a decidir y elegir la educación de sus hijos y la obligación
"ineludible" de las Administraciones Públicas de "garantizar el
ejercicio de este derecho y reconocer cualesquiera impedimentos o trabas
para ello".
Asimismo, también se
reclama que el pleno del Ayuntamiento de Alicante inste al Consell de la
Generalitat Valenciana a derogar los artículos de la Ley 4/2018 de 21
de febrero de la Generalitat por la que se regula y promueve el
plurilingüismo en el sistema educativo valenciano que "supongan la
vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y
Enseñanzas del Valenciano, garantizando el derecho de los padres a la
elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos de acuerdo a
la singularidad del territorio en el que se reside".
Además,
se insta a la Conselleria de Educación a que "cualquier instrucción que
se le dé a los centros sobre la implantación de la Ley 4/2018 del
Plurilingüismo que está prevista para el próximo curso 2020-2021 sea por
escrito para dar respaldo jurídico a los centros educativos".
Finalmente,
la Declaración Institucional conjunta plantea aprobar los proyectos
lingüísticos de centro en base a la planificación (en la que al menos el
30% de los centros, en cada área de influencia, oferten líneas en
castellano) los resultados académicos y una consulta vinculante a todas
las familias y reclama "velar por que haya una oferta suficiente en
castellano y en valenciano para que las familias puedan ejercer su
derecho a elegir la lengua en la que quieran que sus hijos sean
escolarizados".
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