Romero ha acudido este miércoles a declarar ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de València, encargado de investigar presuntas irregularidades con las ITV y el Plan Eólico en la época en la que la Generalitat Valenciana estaba presidida por Eduardo Zaplana.

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Los investigadores consideran que Romero podría haber colaborado con los "propósitos delictivos" de Zaplana. En concreto, la UCO cree que el expresident se habría valido de la empresa con la que estaba vinculado el peluquero con el objeto de posibilitar la disposición de fondos y bienes en su beneficio y como medio para ocultar la identidad del verdadero titular de los mismos.

Sin embargo, el empresario, durante su comparecencia en el juzgado, ha negado estos extremos. Ha indicado que desconocía los motivos por los que se había visto envuelto en este procedimiento y ha aseverado que no participó en ninguna trama delictiva.

Romero ha señalado que nunca ha firmado nada irregular y ha asegurado sentirse utilizado. Además, ha negado negocios con Zaplana, con quien sí ha admitido una relación profesional, aunque no personal. 

Al respecto, se le ha preguntado por el motivo por el que entonces lo invitó a la boda de su hija, y el investigado ha señalado que porque también iba el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y para que no estuviera solo.

Junto a Romero también han acudido a declarar ante el juzgado otros investigados, entre ellos, el exconseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, Fernando Castelló, y uno de los presuntos testaferros del 'expresident' Joaquín Barceló, quienes se han acogido a su derecho a no prestar declaración.

A Castelló se le investiga por presuntamente recibir una comisión de algo más de 150.000 euros a cambio de adjudicaciones. La UCO considera que el exconseller tuvo un "papel activo" en 2002 en una supuesta trama liderada por Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunitat a empresarios afines.

La trama

El caso Erial, en el que está imputado Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques e licos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Se trata de un procedimiento que saltó a la luz pública hace alrededor de tres años, cuando en mayo de 2018 se detuvo a Zaplana al considerar que había cobrado comisiones por la adjudicación del servicio de las ITV en la Comunitat, cuya privatización aprobó en 1997, y por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en 2003. Aunque en ese momento ya no estaba en el Consell, se baraja que lo dejó todo hilado para las empresas finalmente adjudicatarias.

Y lo que pudo llevar a los agentes de la Guardia Civil a detener a quien fuera ministro con José María Aznar fueron unos papeles hallados por una persona en un lateral de una caja fuerte de un piso que había alquilado y que había sido propiedad de Zaplana. 

Por casualidad, el que los encontró había mantenido una relación con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenomiado 'Yonki del dinero', y se los enseñó.

Se inició entonces una investigación que culminó con varias detenciones y registros, además de con el hallazgo de las agendas personas de Zaplana, con múltiples anotaciones y citas. Tras ello, el exjefe del Consell pasó unos ocho meses en prisión acusado de cohecho, blanqueo, malversación y prevaricación, hasta que consiguió la libertad provisional.