El Ayuntamiento de Alicante empieza a suspender obras ilegales en suelo no urbanizable e inundable

 ALICANTE.- La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha notificado el primer decreto de suspensión de obras ilegales de reparcelación en suelo no urbanizable e inundable en la partida rural de La Cañada del Fenollar, al que se sumarán otros en los próximos días.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, en la actualidad hay 40 expedientes abiertos en Urbanismo por infracciones de este tipo, de los que 15 corresponden a ramblas.

Esta decisión parte de la colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con las que se trabaja en un protocolo que fija las actuaciones de cada administración tras las denuncias de estas irregularidades urbanísticas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado esta situación durante la segunda reunión de la mesa técnica de evaluación de riesgos para emergencias del Ayuntamiento, celebrada este miércoles.

Barcala ha informado que ha enviado una petición formal a dirección de la AVPT para que "se prioricen las actuaciones en las zonas con riesgo de inundación".

En concreto, en el escrito remitido se pide "introducir un nuevo concepto" para atender antes los expedientes de zonas con niveles de peligrosidad 1, 2, 3 y 4, según la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), así como aquellas calificadas por el planeamiento vigente municipal como suelo no urbanizable de protección de ramblas o equivalente.

El Ayuntamiento de Alicante pretende "agilizar el desmantelamiento de estos asentamientos" con un informe jurídico, que está en curso, sobre la legislación aplicable en estas situaciones y acerca de cuáles son "las vías de actuación administrativa y modificaciones normativas, en su caso".

El decreto municipal de suspensión de estas obras ordena la "paralización y suspensión inmediata de la edificación o uso del suelo", ya que "resultan actuaciones de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanación, por estar ejecutándose sin ser conformes con el planeamiento municipal".

Tanto el expediente como el acta de inspección de la Policía Local y el informe técnico municipal se trasladan a la AVPT, "al tratarse de una infracción tipificada como grave y estar delegada la competencia exclusiva en materia de protección de la legalidad urbanística, respecto a infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido".

En caso de incumplimiento de la orden de paralización, agentes de la Policía Local proceden a precitar las obras y a informar a la autoridad judicial "por la posible comisión del delito de desobediencia y/o resistencia".

Además, se advierte a los interesados que "deberán restaurar la legalidad urbanística y, de no hacerlo, la AVPT adoptará las medidas restauradoras y sancionadoras pertinentes", con independencia de la posible responsabilidad administrativa y penal que se pudiera derivar de ese incumplimiento.

El protocolo de actuación en el que han trabajado el consistorio, Seprona y AVPT contempla que las competencias del Ayuntamiento son el levantamiento de actas de infracción y el dictado de medidas cautelares, como la suspensión de obras mediante decreto y el precintado oficial en caso de incumplimiento.

Asimismo, el Ayuntamiento puede emitir informes técnicos, a través del servicio de Planeamiento, conforme a los modelos establecidos por la AVPT, y remitirá a la agencia la documentación requerida (actas, informes técnicos y decretos de suspensión), por lo que a partir de ese momento la tramitación del expediente de restauración urbanística de la legalidad será competencia de la AVPT.

Una vez aprobado y firmado por las partes el protocolo de actuación y tras análisis de los informes jurídicos realizados, se elaborará "una hoja de ruta de las diferentes casuísticas existentes y su plan de minimización de riesgos" --modificaciones de ordenanzas o normativas, planes de restitución de la legalidad o expropiaciones--.

Dentro de los trabajos asociados a la redacción del nuevo PGOU, se va a realizar el "estudio completo de inundabilidad de todo el municipio", que junto a todos los informes parciales ya elaborados "será la herramienta actualizada y fundamental para la toma de decisiones, para el futuro desarrollo urbanístico y protección de la ciudad".

Por otro lado, en el marco de las actividades que se desarrollan en paralelo a la mesa técnica de emergencias climáticas, la AVPT, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado un taller sobre intervenciones en situaciones de emergencias y actuaciones en casos de vivienda e infravivienda en zonas con riesgo de inundación, dirigido a los policías locales de los municipios de l'Alacantí.

Los agentes han podido conocer las distintas casuísticas que se producen en el territorio y los modos de identificación y actuación en aquellos casos que se encuentren de manera irregular e incumplan la normativa vigente, de forma que se desarrolle una actividad de control coordinada.