ALICANTE.- El Grupo Municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de la capital denuncia como una medida injustificable la intención del equipo de gobierno del Partido Popular de imponer una entrada no solo a turistas, sino también a los propios vecinos y vecinas de Alicante para acceder al Castillo de Santa Bárbara.
 
El informe presentado en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 
viernes, confirma que el Ayuntamiento estudia aplicar esta tasa, lo que 
supondría un nuevo ataque a los derechos culturales de la ciudadanía 
alicantina.
El Castillo de Santa Bárbara es el principal símbolo patrimonial y 
cultural de la ciudad, un espacio que pertenece al pueblo de Alicante y 
que debe seguir siendo disfrutado libremente. Convertirlo en un negocio 
más, mediante tasas indiscriminadas, es una decisión profundamente 
injusta y contraria al derecho de acceso a la cultura y al patrimonio 
común.
Además, esta propuesta constituye una doble imposición: las personas 
residentes en Alicante ya contribuyen con sus impuestos municipales al 
mantenimiento del Castillo. 
En 2025 el Ayuntamiento paga 780.000 euros a
 Esatur por la simple apertura y gestión del recinto, y en 2026 esta 
cifra se incrementará en 85.910 euros más, alcanzando un total de 
866.466,46 euros. A esto se suma que el acceso en ascensor cuesta 
actualmente 2,70 euros por viaje, una tarifa que quintuplica el precio 
de un billete de autobús.
Lejos de ser un hecho aislado, esta medida se enmarca en una estrategia 
global del PP de privatización y afán recaudatorio: la inminente 
privatización del aparcamiento del mercado de Babel, la ampliación de la
 zona azul y ahora también el cobro por entrar al Castillo. Todo ello, 
mientras tachan de “infierno fiscal” la propuesta de una tasa turística 
que, en cambio, sí descargaría de costes a la ciudadanía y haría 
contribuir al visitante.
A esto se suma que, desde hace ocho años, el PP ha sido incapaz de 
aprobar el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara, prometido en su 
día cuando degradaron el valor cultural del monumento, pasando su 
gestión de Cultura a Turismo y transformando un símbolo de la historia 
de la ciudad en una mera atracción turística.
En otras ciudades de España, incluida Sevilla, que recoge en sus 
ordenanzas fiscales ejemplos claros, se establece expresamente la 
exención del pago para las personas nacidas o residentes en el 
municipio, precisamente para garantizar que el patrimonio público siga 
siendo accesible a la ciudadanía local. El PP en Alicante, en cambio, 
vuelve a darle la espalda a su gente y a anteponer la recaudación a los 
derechos culturales.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha declarado: “El 
Castillo de Santa Bárbara forma parte de nuestra vida cotidiana y de la 
memoria de toda la ciudad. Pretender ponerle un peaje a los propios 
alicantinos y alicantinas es un despropósito. El Castillo no es del 
alcalde ni de las cuentas del PP, es patrimonio común y debe seguir 
siendo un espacio abierto y gratuito para la gente de Alicante”.
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