La propuesta de la AEP va más allá de la posición del Ministerio de Sanidad, que solo
considera necesario (y financia) la vacunación de los menores con
patologías de riesgo o que conviven con personas que las sufren. Las
familias que deseen inmunizar a sus hijos deberán recibir de su
pediatra la receta y asumir el coste de la vacuna. Las disponibles
cuestan unos 15 euros por dosis y el primer año se requieren dos, aunque
en los siguientes basta con una.
La población diana asciende a unos 2,3
millones de niños. Sociedades científicas como la Asociación Española
de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (Sespas) no comparten la recomendación de la
AEP y siguen los criterios del ministerio.
Sobre
el debate médico, abierto desde hace años acerca de esta vacuna, planea
la controversia en torno a los conflictos de interés que surgen cuando
sociedades científicas emiten recomendaciones que tienen importantes
repercusiones económicas mientras reciben cuantiosas aportaciones de las
empresas farmacéuticas beneficiadas por sus posicionamientos.
La AEP y
su fundación recibieron en 2020 un total de 363.000 euros de dos de los
mayores fabricantes de vacunas pediátricas contra la gripe, GSK y
Sanofi. Las dos compañías destinaron también el año pasado otros 253.000
euros a otras asociaciones de pediatras regionales y de atención
primaria.
En este caso, además, los 12 miembros del
Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP) que ha aprobado la recomendación
también admiten haber percibido pagos de la industria en los últimos
cinco años, según la declaración de intereses incluida en la recomendación.
Los datos publicados por el sector ofrecen detalles más precisos y
actualizados: seis de ellos percibieron el año pasado entre 5.000 y
14.000 euros de GSK y Sanofi, otros tres cantidades menores (menos de
1.000 euros) y tres más ningún importe.
De los 12
miembros del Comité, todos declaran haber cobrado en los cinco años
anteriores por participar en “actividades docentes subvencionadas” por
los fabricantes de vacunas; ocho forman o han formado parte de consejos
asesores de las farmacéuticas (en su mayoría de GSK); seis han
contribuido a ensayos o estudios clínicos de las compañías; y en cuatro
casos la relación con la industria se limita a haber sido invitados a
eventos o cursos de formación.
Solo uno de ellos deja claro en la
declaración de intereses que “desde que es miembro del CAV-AEP no ha
aceptado patrocinio directo alguno de ningún laboratorio farmacéutico
para ninguna actividad”.
Ildefonso Hernández, portavoz de
Sespas, defiende que “como norma general, no es bueno ni deseable que
las sociedades científicas hagan recomendaciones de este tipo que van
más allá de lo establecido por las autoridades sanitarias porque es algo
que genera confusión entre los ciudadanos y que puede acabar provocando
una presión innecesaria e interesada sobre el sistema sanitario”.
Este
especialista destaca que el asunto “adquiere especial relevancia cuando
existen conflictos de interés en las personas que elaboran estas
recomendaciones”.
Abel Novoa, coordinador del grupo de
trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (Semfyc), recuerda que “el objetivo no es impedir la
colaboración con la industria, sino que exista un buen gobierno es este
ámbito”.
“Hay muchos ejemplos de instrumentos para que los distintos
actores puedan relacionarse sin conflictos de interés que puedan poner
en duda su imparcialidad. Revistas de prestigio como JAMA, por
ejemplo, no dejan que quienes firman los artículos donde se establecen
los protocolos e indicaciones para el manejo de enfermedades tengan
conflicto alguno. Otro ejemplo son los comités de evaluación de posibles
conflictos que muchas sociedades científicas han desarrollado en otros
países, pero no todavía en España”, concreta.
En una
respuesta por escrito, la AEP defiende que sus recomendaciones “están
basadas siempre en el criterio científico” y que “evita el respaldo de
las actividades de la industria en las que no se aprecia otro interés
que el puramente comercial”. Sobre los cobros de los miembros del Comité
Asesor de Vacunas, la AEP sostiene que la relación de sus miembros con
la industria “está sujeta al Marco Ético de la sociedad”,
aunque estos especialistas “en el ejercicio de su libertad profesional,
pueden participar en otras actividades en calidad de expertos en su
materia y a título personal”.
La AEP asegura que ya tenía
previsto recomendar la vacunación universal de los niños de seis meses a
cinco años el año pasado, pero que decidió esperar porque entonces
priorizó “la vacunación de personas mayores y de grupos de riesgo”. Pese
a ello, la sociedad pidió el pasado febrero al Ministerio de Sanidad
incluir a los niños en el calendario vacunal. Una petición que no ha
sido atendida, pero que la AEP seguirá “solicitando hasta que lo sea”.
Un
portavoz de GSK considera que “no tiene sentido deducir que estas
colaboraciones condicionan el criterio clínico de los profesionales
sanitarios” y destaca que “la colaboración entre la industria
farmacéutica, profesionales sanitarios y sociedades científicas y
médicas es particularmente importante” para “la investigación y el
desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, y su uso adecuado”.
Por su
parte, Sanofi sostiene: “Creemos que las interrelaciones entre industria
farmacéutica y profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias son
indispensables y benefician a todos”.
La Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2012 la vacunación de los niños
contra la gripe, aunque esta medida —adoptada poco después de la amenaza
pandémica de la gripe A— no ha sido seguida por muchos países y las coberturas logradas en los que sí lo han hecho son en general bajas.
Aunque la AEP asegura que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) también recomienda esta medida desde ese año —algunos documentos técnicos de esas fechas evaluaban si podía ser útil en algunas situaciones—,
un portavoz del organismo no lo confirma.
“La Unión Europea y los
Estados miembros no han acordado una recomendación conjunta sobre la
vacunación de los niños”, expone por escrito. Dinamarca, Finlandia,
Letonia y algunos Estados alemanes son los únicos de la Unión Europea
—además del Reino Unido, que la abandonó en febrero de 2020— que tienen
programas de vacunación universal para la infancia.
Según
la AEP, “existe evidencia científica suficiente para recomendar la
vacunación antigripal universal en los niños de 6 a 59 meses”. Las
razones son que esta medida “proporciona al niño protección individual y
favorece la protección familiar y comunitaria”, ya que “los niños
preescolares y escolares son los principales difusores de los brotes de
la gripe”.
La tasa de hospitalización de niños sanos es de “uno de cada
mil casos”, añaden los pediatras.
El Ministerio de
Sanidad y otras sociedades científicas, por el contrario, piensan que la
vacunación infantil de niños sanos no presenta un balance
coste-beneficio favorable dada la escasa gravedad de los cuadros
clínicos desarrollados por los menores.
“Es una vacuna con una
efectividad reducida, que protege a cerca de la mitad de quienes la reciben.
Está indicada en personas para las que la gripe es realmente un riesgo,
pero este no es el caso de los niños”, concluye José Tuells,
coordinador del grupo de trabajo de vacunas de Sespas.
