La institución normativa del valenciano «discrepa» de la futura norma
y solicita «un esfuerzo a los responsables políticos y a todos los
actores del ámbito educativo para propiciar un espacio de reflexión y de
diálogo, como también piden otras instituciones, que ayude a hacer
posible la plena normalización del valenciano en la escuela».
Con este
objetivo, ofrece su colaboración «en beneficio del valenciano, la lengua
propia de la Comunitat Valenciana, nuestra señal de identidad más
importante y uno de los cimientos de nuestro autogobierno».
Esta es la conclusión de un documento de observaciones aprobado por
la institución acerca de la proposición de ley d libertad educativa y
que ha sido remitido a la Conselleria de Educación, según ha avanzado la presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó.
Para la máxima responsable de la institución, «las leyes educativas,
como otras que afectan al bienestar social, deberían ser consensuadas».
«Creo que se debe escuchar mucho más y atender a la diversidad y la
pluralidad, que es lo que hace la AVL, por ejemplo, en su diccionario.
Cuando uno tiene una responsabilidad institucional, lo más importante es
escuchar. Nos gustaría que la ley fuera más consensuada, que
intervinieran todos los actores que participan en el sistema educativo y
que tienen cosas que decir, que se moviera por criterios pedagógicos y
que se mirara por el bien de las dos lenguas oficiales», ha reconocido.
En las observaciones, la Acadèmia
ofrece un decálogo de consideraciones sobre el proyecto legislativo. En
primer lugar, señala que «omite toda referencia al especial respeto y
protección que merece el valenciano» y, de esta manera, «ignora el
mandato» que figura en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Recuerda la AVL que las menciones a la recuperación del valenciano «han
figurado siempre en los diferentes textos normativos que han tratado el
régimen de las lenguas en la educación en los anteriores gobiernos
valencianos de cualquier signo político».
Sin embargo, en la presente proposición de ley el concepto de
normalización lingüística está «ausente», mientras que la exención de
cursar la asignatura de valenciano aparece mencionada hasta en 17
ocasiones.
«El texto legal está más preocupado en facilitar la exención que al
promover la normalización lingüística», apunta la AVL, que sostiene que
«tratar de manera idéntica a quién es diferente es tan discriminatorio
como tratar de manera diferente a quien se encuentra en una posición
idéntica».
Aún así, aseveran, la proposición de ley, «no es que se limite a
equiparar las dos lenguas, sino que va en la dirección contraria a la
normalización de la lengua propia de la Comunitat Valenciana: en lugar
de promover el valenciano, favorece el castellano», algo «especialmente
significativo en el caso de las comarcas castellano-hablantes en las que
los alumnos se ven impedidos de acceder a un conocimiento suficiente del
valenciano».
En este sentido, se alerta de un trato diferente a los alumnos de en
función del municipio donde residen. «En las comarcas
castellano-hablantes el valenciano se ve abocado a la marginalidad»,
subraya la AVL, que enfatiza que «el sistema de educación público no
puede discriminar los niños y jóvenes de esas comarcas en la hora de
adquirir un conocimiento adecuado del valenciano».
Por otro lado, la proposición de ley, a diferencia de los decretos y
leyes anteriores, incluye en el artículo 19 una mención específica a la
necesidad de respetar la normativa lingüística valenciana, pero omite
la palabra «oficial» y la mención a la propia AVL como institución
normativa del idioma valenciano.
«Si el legislador considera conveniente que figure una referencia a
la obligación de respetar la normativa lingüística, tiene que quedar
claro que se trata de la normativa oficial que, de acuerdo con el
artículo 6.8 del Estatuto de Autonomía, es la establecida por la AVL»,
inciden estas observaciones.
Además, la institución cree que el título de la propia ley es
«equívoco», ya que habla de la regulación de la libertad educativa,
cuando el objeto de la norma es realmente regular la libertad de
elección de lengua. «Una cosa es el derecho a la libertad educativa, y
otra, muy diferente, la libertad de elección de lengua en la educación»,
recalca.
La libertad de educación está reconocida en la Constitución en
un artículo que «no cita el derecho de elección de lengua de enseñanza
por parte de los padres», expone la Acadèmia, que, de hecho, alude a la
jurisprudencia del TC que avala que sea la Administración quién regule
el sistema de lenguas vehiculares en la enseñanza.
Es más, la AVL avisa de que esa libertad de elección de lengua no
está garantizada y «solo hay que consultar el apartado referente a
Distribución de unidades en función del porcentaje de familias que hayan
optado por cada lengua cooficial como lengua base para darse cuenta».
«Si partimos de la hipótesis de un colegio con una sola unidad en la
cual el 49,9% de los padres eligen el valenciano en la hora de
matricularse en Educación Infantil, los alumnos solo recibirían el 25%
de la enseñanza en valenciano (incluida la asignatura de valenciano). El
mismo caso les pasaría si hubiera dos unidades y los padres que piden
valenciano fueran el 24,9%. Y así sucesivamente. La situación en la cual
se quedan estos padres es de total indefensión», pone como ejemplo.
Además, califica de «vaga» la manera en la que la proposición
contempla la posibilidad de constituir unidades si no hay suficiente
oferta en la lengua base elegida.
«Utiliza términos ambiguos, conceptos
jurídicos indeterminados. No hay ninguna concreción, y, por lo tanto, no
hay ningún deber ni ninguna obligación. Es un elemento de inseguridad
para los padres, porque, aunque haya una demanda de alumnado suficiente
para constituir una unidad, no se garantiza que se cree», insiste.
La Acadèmia abunda en «la inseguridad» para las familias, que «no
podrán saber a priori si en el centro que han elegido garantizará la
enseñanza en valenciano, puesto que no existe ningún tipo de
planificación lingüística y todo se deja al azar de los porcentajes que
se logren en el proceso de matrícula».
«Todas estas incertidumbres
--señalan-- pueden desmotivar las familias a escoger el valenciano como
lengua base y contribuyen negativamente a la percepción social del valor
de la lengua propia».
Otra objeción que resalta la AVL es el «tratamiento asimétrico en
función del territorio» de las lenguas cooficiales, ya que en las
comarcas castellano-hablantes «se impone un porcentaje máximo de
presencia del valenciano del 10 o el 12%, o sea, solo la asignatura de
valenciano (de la cual, además, se puede pedir la exención). Esta
regulación, dicen, »va en contra del criterio jurisprudencial, que
establece un mínimo de 25%, excluida la asignatura de lengua".
Finalmente, incide en que la lengua extranjera «tiene un tratamiento
notablemente mejor que el valenciano en las comarcas
castellano-hablantes» --los alumnos de estas zonas podrán recibir en
inglés más del doble del tiempo lectivo que en valenciano-- y la
modificación del requisito de valenciano, que «sorprende de manera
especial» en el caso de los inspectores de educación.
