Competencia abre expediente sancionador a tres navieras por posible pacto de precios

MADRID.- La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a Trasmediterránea, Balearia e Isleña Marítima de Contenedores por posible acuerdo de reparto el mercado y fijación de precios en los servicios de transporte regular de pasajeros y mercancías entre la Península y Baleares, y entre estas islas.

El expediente tiene origen en una denuncia presentada por el Consell Insular de Ibiza. En el marco de la investigación abierta por la CNC, el pasado mes de mayo se inspeccionaron las sedes de dos de las navieras.

El organismo que preside Luis Berenguer recordó en un comunicado que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Según indicó, ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente y que la CNC le resuelva.

En concreto, Competencia indicó que el proceso se originó cuando el Consell de Ibiza denuncia a las tres navieras por supuestas conductas anticompetitivas, consistentes en adoptar acuerdos para repartirse el mercado y fijar precios y condiciones comerciales no equitativos en el transporte de pasajeros y mercancías entre la Península y Baleares.

Ante esta denuncia, la Dirección de Investigación de la CNC inició una información reservada para determinar, de forma preliminar, si concurrían circunstancias que justificase abrir expediente.

En el marco de dicha información es cuando los pasados días 11 y 12 de mayo se inspeccionaron las sedes de Trasmediterránea y Balearia.

Como resultado de todo ello, la Dirección de Investigación consideró que existen "indicios racionales" de la comisión por parte de estas tres compañías navieras de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia en los referidos términos, con lo que procedió a abrir el correspondiente expediente sancionador.

Competencia sopesa llevar a los tribunales a la Comunidad Valenciana por las concesiones de autobús

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se está planteando impugnar ante los tribunales la normativa de la Comunidad Valenciana sobre la renovación de concesiones de rutas de transporte de viajeros en autobús, en caso de que no atienda a sus requerimientos y la modifique para garantizar la competencia en el sector.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda está "analizando casos similares en otras comunidades autónomas" a partir del informe que ha realizado, en el que constata la "falta de competencia efectiva" que registra la normativa autonómica sobre concesiones de transporte público de viajeros por carretera.

La CNC remitirá además a la Comisión Europea este informe con el fin de que adopte las medidas oportunas "en relación al posible incumplimiento del derecho comunitario que suponen estas leyes regionales".

En su análisis, Competencia indica que las normas de las distintas regiones "cierran el mercado y tratan de eliminar la liberalización del mismo" mediante la prórroga de las concesiones lo que, "a efectos prácticos, supone que no hay competencia efectiva, con claro perjuicio para el usuario final del servicio".

El organismo que preside el profesor y abogado alicantino Luis Berenguer ha "observado atentamente" las actuaciones que muchas comunidades han adoptado en los últimos años en relación con las concesiones de rutas de autobús de su titularidad, por las que, según indica, "se arbitran mecanismos para, en la práctica, prorrogar esas concesiones a las empresas que actualmente las explotan mediante diversos instrumentos normativos".

Por ello, advierte de que, sin perjuicio de las iniciativas que las empresas afectadas puedan adoptar, se reserva la "posibilidad de emprender las medidas que considere oportunas para instar la corrección" de dichas regulaciones regionales.

En este sentido, en un comunicado la CNC señala el caso de la Comunidad Valenciana, a la que le ha remitido un "primer requerimiento" para que cambie su normativa de renovación de concesiones de autobús.

"Si en el plazo de un mes no es atendido el requerimiento, se abrirá la vía para que la CNC, en virtud de lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia, pueda impugnar dicha regulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa", indica Competencia.

Competencia ha emitido un segundo informe sobre la normativa estatal sobre concesiones de transporte en autobús, dependiente del Ministerio de Fomento, en el que insta a este departamento a realizar de nuevo "cambios drásticos" en las 'reglas de juego' pactadas con las empresas del sector para renovar los contratos que vencen estos años.

Para la CNC, los pliegos de los concursos diseñados tras la primera advertencia de este organismo "siguen siendo altamente insatisfactorios y muy deficientes".

Por ello, pide que se elimine el derecho de preferencia a favor del concesionario actual de la línea de autobús en caso de similitud de oferta y, a cambio, otorgue mayor importancia a las ofertas que se realicen sobre tarifas y frecuencias, "las dos principales variables de decisión del consumidor".

Además, solicita que limitar los plazos de duración de las concesiones para ajustarse a lo que establecen los reglamentos comunitarios.

Luis Berenguer advierte de que la sentencia del TS no supone una "carta blanca" para las eléctricas

MADRID.- El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el abogado alicantino Luis Berenguer, señaló hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que anula la mayor sanción impuesta por Competencia a tres compañías eléctricas en 2004 no implicará la concesión de una "carta blanca" al sector para "realizar conductas abusivas, tremendamente dañinas para el precio de la energía y para los consumidores".

Berenguer indicó que la CNC ha analizado la decisión del Alto Tribunal y no comparte sus argumentos, al tiempo que dejó claro que las posteriores sanciones impuestas por el organismo a compañías del sector eléctrico "no coinciden y no quedan en entredicho por los argumentos de esta sentencia".

"No querríamos que, con base en esta sentencia, se considerara que se concede una carta blanca a las empresas eléctricas para realizar conductas abusivas, tremendamente dañinas para el precio de la energía y para los consumidores", recalcó el presidente de la CNC.

Tras la presentación de una Guía de Competencia para asociaciones empresariales, Berenguer fue preguntado por esta sentencia, dictada el pasado 27 de enero por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

A través de esta resolución, se anula la mayor sanción impuesta a Endesa, Iberdola y Fenosa, que fueron multadas por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia en julio de 2004 con casi un millón de euros cada una por abuso de posición dominante en el mercado eléctrico.

La CNC tiene abierta una investigación por posibles prácticas anticompetitivas en el sector eléctrico, que se dirige a Endesa, Iberdrola, HC, Gas Natural y E.ON y que recientemente se ha ampliado a la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

El lanzamiento de la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) y el avance que supuso en la liberalización del sector condujeron a la CNC a incrementar la supervisión sobre las principales eléctricas.

Así, el organismo ya ha multado con 35,8 millones de euros a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo por abuso de posición de dominio. El organismo presidido por Berenguer ya dijo en aquel momento que el abuso consistió en negar a la empresa comercializadora de electricidad Céntrica información relevante para poder competir en el mercado.

Competencia sanciona a la industria alimentaria por recomendar alzas de precios

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 1,3 millones de euros a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y a otras ocho asociaciones del sector por realizar recomendaciones colectivas para elevar los precios, informó hoy el organismo que preside el alicantino Luis Berenguer.

Las mayores multas han sido impuestas a la FIAB, con 500.000 euros; a la Federación Española de Asociaciones del Dulce, FEAD (300.000 euros), y a la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Ceopan (270.000 euros).

También han sido sancionadas las patronales de fabricantes de pastas alimenticias (AEFPA), con 52.000 euros; fabricantes de helados (AEFH), de panificación y pastelería de marca (PPM) y de chocolate y derivados del cacao (Chocao), con 45.000 euros cada una; la asociación de fabricantes de salsas y condimentos preparados, con 37.000 euros; y de harinas y sémolas (AFHSE), con 15.000 euros.

La CNC considera a estas asociaciones responsables de una estrategia de recomendación colectiva ilícita, al constituir una conducta "objetivamente restrictiva de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado".

Este expediente tuvo su origen en diversos comunicados de prensa emitidos durante el verano de 2007 "supuestamente" con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.

"En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos", explica el organismo.

Varias de las asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, Bonmacor Gestión de Asociaciones, por lo que la dirección de investigación de Competencia realizó una inspección en la sede de esta entidad, así como en la de Ceopan.

La información obtenida en estas inspecciones llevó a incoar un expediente sancionador contra nueve asociaciones del sector, incluida la FIAB y Ceopan. "La instrucción realizada ha revelado que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa", señala la CNC.

Según argumenta, el contenido, el lenguaje y la difusión de las notas de prensa contribuían a transmitir el mensaje de que era inevitable la translación de los incrementos de costes a precios finales, lo que "constituía una señal para que las empresas actuaran en un mismo sentido y para predisponer a los consumidores a aceptar los incrementos de precios".

En este sentido, agrega que la comunicación entre asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de otras, a que se coordinaran los mensajes y a potenciar su difusión, "fortaleciendo la aptitud de la conducta para distorsionar la competencia".

Además, el organismo que preside Luis Berenguer advierte de que tanto las asociaciones como los directivos "tienen que ser conscientes en materia de comunicación pública de que sus mensajes pueden transgredir el ámbito de lo lícito si son aptos para unificar el comportamiento de sus asociados y el de otros terceros".

Ante esta resolución, la FIAB ha anunciado que someterá a estudio de su comité ejecutivo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que la decisión podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.

En un comunicado, la patronal de la industria alimentaria afirmó que someterá a estudio las distintas posibilidades legales que puedan ser oportunas en la defensa de sus intereses, puesto que considera que la decisión "es contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos".

Según destacó, a lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha "mantenido, mantiene y mantendrá un estricto respecto al marco legal exigible" y en concreto a la ordenación en defensa de la competencia.

En este sentido, incidió en que la resolución se basa en un comunicado que "no puede encajar en el concepto de una recomendación colectiva", sino que responde a la función de cualquier organización de defender los intereses de sus miembros, "anticipándose a los problemas que se les puedan presentar".

A su juicio, sanciones de este tipo ponen en peligro la continuidad de organizaciones profesionales que trabajan para dinamizar el mundo empresarial.

El alicantino Luis Berenguer, paladín contra los cárteles

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha iniciado una investigación por posibles prácticas anticompetitivas en el sector de los aparatos elevadores y las escaleras mecánicas, anunció el organismo en un comunicado.

Como parte de la investigación, Competencia realizó ayer inspecciones en empresas del sector. Las posibles prácticas anticompetitivas que se estudian consisten en acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios y el establecimiento de condiciones comerciales, entre otras.

Competencia recuerda que las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de encontrarse algún indicio, señala, se procedería a la incoación formal de expediente, a la vista de que estas conductas restrictivas suponen una infracción de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.

De hecho, podría considerarse que la práctica supone una infracción muy grave, acompañada de una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

El organismo presidido por Luis Berenguer explica que su facultad de inspección se reforzó en la actual Ley de Defensa de la Competencia con el objeto de luchar contra las prácticas más dañinas y, en particular, contra los cárteles.

Comerciantes tachan de panfleto el informe de Luis Berenguer y dicen que parece "está a sueldo" de grandes superficies

MADRID.- El secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Angel Fraile, calificó de "panfleto antiguo" el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre el anteproyecto de la Ley de ordenación del comercio minorista y afirmó que, tras su lectura, parece que el presidente de dicho organismo, el alicantino Luis Berenguer, "está a sueldo" de las grandes superficies.

"Es un documento nada trabajado que transpira un liberalismo arcaico que es el que de alguna manera nos ha conducido a la crisis económica", señaló Fraile, quien consideró que Berenguer "tendría que dejar al margen sus fobias con el tema autonómico" y ser "respetuoso" con el Estado de Derecho, la Constitución y el Estado de las Autonomías.

Según el secretario general de la CEC, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley siguiendo "escrupulosamente" los criterios de la Directiva de Servicios, al eliminar todas las consideraciones económicas a la hora de fijar una licencia comercial y dejar sólo aquellas que Bruselas admite, es decir, las de carácter urbanístico y medioambiental en razón del interés general.

"Bruselas admite y entiende que se puede pedir autorizaciones para la implantación de grandes superficies, si eso a él no le gusta que se lo diga a Bruselas", señaló Fraile, quien reiteró que el informe de la CNC es "más de lo mismo" y agregó que "mejor no hacerle caso, porque no aporta nada".

Por último, indicó que los datos económicos de España de la distribución comercial avalan que la regulación comercial ha beneficiado más a los grandes que a los pequeños y no ha impedido que los grandes crecieran. "No entendemos por qué piensa que esta regulación que hasta ahora hemos tenido ha ido tan mal para las grandes superficies, porque no es vedad", dijo.