Golpe al atún rojo ilegal: redada en las lonjas de Madrid, Barcelona y Málaga

MADRID.- La Guardia Civil ha salido a la 'pesca' del atún rojo capturado de forma ilegal, al margen de las cuotas anuales establecidas por la Comisión Europea, en toda España. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona lanzó ayer una macrooperación, con registros y detenciones en mercados mayoristas como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla. 

Los agentes detuvieron a implicados en la trama durante varios de esos registros, como el de Mercamadrid. La operación seguirá abierta a lo largo de toda esta semana, por lo que no se descarta que los investigadores se personen en más mercados o empresas y arresten a más involucrados, según fuentes del Instituto Armado.

Los registros también han afectado al menos a diez empresas pesqueras y distribuidoras, según fuentes conocedoras de los hechos. Estas son: Roquetafish y Arrom (Barcelona), Pescnor (Valencia), Ricardo Fuentes y Pescados José (ambas en Murcia), Pescados Prado y Seifu (Madrid) y Lara (Málaga). 

También acudieron a recoger información a Petaca Chico (Cádiz), donde no hubo detenidos y los agentes permitieron seguir funcionando a la empresa con normalidad. La Guardia Civil también ha registrado Mercamálaga y otros puntos de venta mayorista en Almería o Valencia.

Fuentes del sector pesquero español explican que la sensación entre los operadores de este negocio es que la entrada en el mercado de atunes capturados fuera de las cantidades fijadas por Bruselas sigue existiendo. 

"Hasta 2007, cuando la pesca ilegal puso el atún en peligro por la sobrepesca, esto era una práctica extendida. Con las cuotas y el mayor control, bajó mucho. Pero en los dos últimos años notamos un repunte ya que quienes hacemos bien las cosas observamos que el atún legal es sustancialmente más caro respecto a otros atunes, también rojos. Algo ocurre", resumen las citadas fuentes.

La cuota para esta campaña de 2018 se situó en 28.000 toneladas para todo el atún rojo que se captura en Europa, de las que a España corresponden 5.000 toneladas. Las limitaciones a la pesca se establecieron en 2006, cuando se redujo drásticamente la captura -para permitir la supervivencia de la especie- hasta las 12.600 toneladas. 

Las mismas fuentes del sector consideran que tras la buena campaña de este año, las cuotas de capturas desaparezcan más allá de 2020 y se pase de una fase de conservación de la especie, a otra de gestión de la misma.

En España también se comercializa atún procedente de otros países extracomunitarios, como Marruecos, algo permitido siempre que el producto esté convenientemente identificado. 

El consumo de atún rojo en España se ha disparado en la última década y hoy día casi la mitad de lo que se captura en las aguas del Mediterráneo y Atlántico se queda en el país. Se acabaron por ahora los tiempos en los que el 95% del producto se iba directamente a Japón, entre otros mercados asiáticos.

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para el exdirector general de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante elevó a definitiva la petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, por el pago de dos dietas de 300.000 euros al expresidente de la caja murciano-alicantina, Modesto Crespo. 

También mantiene la petición de tres años de prisión para miembros del Comité de Retribuciones y dos años para el resto de miembros del Consejo de Administración. 

A todos les exime del pago de la responsabilidad civil.

Murcia, Cantabria y Valencia incumplen los plazos de pago con los autónomos

MADRID.- Cantabria, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades más morosas hasta mayo e incumplen los plazos de pago con los proveedores autónomos.

Según un informa de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a cierre de mayo y comparado con el mismo período del año anterior, destaca por pronto pago el País Vasco (23 días de espera), Andalucía (27) y Navarra (28).

Las administraciones locales son las únicas que incrementaron la espera de los autónomos para cobrar las facturas pendientes, con más de tres meses de espera (95 días).

Vigo es el municipio mejor pagador (14 días), mientras Jaén tarda 589 días de media.

La diputación provincial más morosa es la de Cádiz (114 días de media) y Pontevedra es la que menos (17 días).

En su informe, ATA reconoce el esfuerzo que realizan las administraciones regionales para reducir los plazos "en contraposición" con la central y la local que han aumentado en el último año.

Recuerda que la trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago.

Precisa que, aún teniendo en cuenta este detalle, las administraciones locales y la central incumplen la ley y tardan más de 60 días en efectuar el pago.

Los plazos medios de pago de las administraciones públicas son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017.

La media de las autonómicas ha sido la única que se ha visto reducido en el último año y se fija en 45 días.

Las administraciones locales pagan de media sus facturas en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017) y ATA aprecia que, "lejos de querer reducirlos, sigue poco a poco aumentando".

Indica que sólo tres comunidades autónomas están por encima de los 60 días de media de periodo de pago.

Cantabria es la que más tarda en pagar, unos 73 días, seguida de Murcia, con 66, y de la Comunidad Valenciana, con 63 días de media.

Por debajo de la media (45 días) está también Castilla y León (31 días), Galicia (33), Asturias (35) y Canarias (42).

Respecto a las diputaciones y tras la de Pontevedra, es la de ALaCoruña la que mejor paga, con 20 días de media, el mismo tiempo que la de Palencia.

 Algo más de tres semanas (24 días) esperan a cobrar sus facturas los autónomos que trabajan para las diputaciones de Salamanca y Córdoba y 25 días los que lo hacen para la de Huesca y el Cabildo insular de la Gomera.

Por debajo de 30 días de media pagan las diputaciones de Vizcaya (27 días) y Ciudad real (28 días).

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.

La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 

"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.

Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.

El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.

Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 

"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 

El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 

"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 

El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.

En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 

"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.

La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 

Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.

 

Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.

 

Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.

 

En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.

 

El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.

 

Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.

(*) Columnista

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13952/peperos-al-borde-de-un-ataque-franquista-de-nervios/

La defensa comunica al juez que Zaplana está muy grave y ha perdido cinco kilos en prisión

VALENCIA.- La defensa del político cartagenero Eduardo Zaplana ha comunicado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de València, que instruye el caso Erial, el "estado muy grave" de salud del exmninistro y expresidente de la Generalitat valenciana, que ayer tuvo que ser hospitalizado por una bronquitis vírica y que ha perdido 5 kilos desde que ingresó en prisión el pasado 24 de mayo.

En el escrito, los abogados consideran que el estado del exministro y expresidente de la Generalitat valenciana es "muy grave" y por ello presentaron ayer mismo un escrito en el que dejan constancia de la situación y reiteran su puesta en libertad condicional o, en su defecto, una medida de prisión atenuada.
Zaplana, que sufre leucemia desde hace tres años, fue llevado al hospital por problemas derivados del mal funcionamiento de su pulmón izquierdo y su estado es grave pues padece un cuadro profundo de inmunosupresión y un riesgo mayor de contraer infecciones. Regresó por la tarde a la cárcel de Picassent.
El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana habría regresado a la cárcel después de haber sido trasladado este lunes al hospital de La Fe de Valencia donde le fue diagnosticada una bronquitis, según habrían informado fuentes próximas a su familia. 
En el denominado caso Erial, a Zaplana se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En ocasiones anteriores, la jueza ya rechazó su puesta en libertad de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El PP demandará a la Generalitat por las ayudas al valenciano para medios de la familia de Ximo Puig

VALENCIA.- El PPCV presentará de manera "inminente" una demanda contra la Generalitat Valenciana por malversación, nepotismo y tráfico de influencias en la concesión de ayudas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación que pertenecen a familiares del presidente, Ximo Puig, según ha avanzado la diputada en las Cortes Beatriz Gascó. 

En una rueda de prensa, Gascó ha explicado que han detectado "irregularidades" en la concesión de subvenciones para fomento del valenciano en medios de comunicación "para beneficiar a empresas de familiares del president Puig que han incrementado estas ayudas en un 1.600%".
Así, ha dicho, "ante las negativas de Educación", han acudido al TSJCV para iniciar el procedimiento judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la concesión de las subvenciones concedidas a Mas Mut Produccions SLU y Comunicacions dels Ports SA.

 "Finalizado el plazo, el grupo popular va a presentar la consiguiente demanda contra la Generalitat por nepotismo, malversación y tráfico de influencias. Vamos a mantener el proceso para que los tribunales decidan si hay irregularidades y sus consecuencias", ha indicado la portavoz de Educación del PP.
"Hemos detectado numerosas irregularidades y como a través de la vía administrativa no hemos conseguido la documentación que lo aclare, ahora vamos a utilizar todos los cauces legales para conocer qué está pasando. Todo lo que rodea este procedimiento genera dudas y es muy sospechoso, tanto el texto de las órdenes como la forma de resolución y en base a qué se han resuelto", ha indicado.
La parlamentaria ha explicado que "la convocatoria de 2015 estaba lista y se dejó, por cuestión de prudencia, sobre la mesa para el siguiente Consell" cuando el PP dejó de gobernar, "pero tardaron cinco meses en publicarla, lo hicieron in extremis en diciembre porque se agotaba el tiempo". 

Su sorpresa, ha proseguido, fue "ver cuáles eran las modificaciones para retrasar el expediente" y que "uno de los requisitos que había desaparecido era que las empresas debían tener la licencia y una de las empresas que se beneficiaban de ello era una de las empresas de familiares del president de la Generalitat".
Asimismo, ha recordado que "en el pleno del Consell de abril 2016, Puig se ausentó porque un familiar directo iba a recibir una licencia. Qué casualidad que en 2016, cuando esta empresa ya tenía la licencia, se vuelve a establecer la necesidad de esa licencia como requisito en el expediente".

 "Alguien malpensado podría concluir que se adaptaron las circunstancias a esta empresa. Cuando son un cúmulo de casualidades el tema empieza a ser sospechoso", ha incidido.
Beatriz Gascó se ha referido a más modificaciones en el texto de la orden: "Las ayudas al sector iban para radios y televisiones, pero Marzà lo amplía a medios digitales y escritos. Nuestra sorpresa es que la empresa de familiares de Puig se presenta a todo. Gracias a las modificaciones, poder optar sin licencia y en todas las modalidades, estas empresas pasan de recibir 6.000 euros a 100.000 euros, un 1.600% más".
Según ha dicho, "las modificaciones parecen hechas ad hoc para favorecer a estas empresas" y, además, "aparecen como justificantes de gastos el pago del alquiler de un local a Joaquín Puig Mestre, padre del president de la Generalitat, y la contratación de un hijastro", lo que no es para el PP "ético ni estético".
La diputada también ha explicado que han detectado "irregularidades" en la justificación de la subvenciones a estas empresas en base a los espectadores: "Ellos dicen que tienen 55.000 espectadores en la tele pero ningún técnico se pone en contacto con ellas para pedir aclaraciones como hacen con otras empresas. 

En los oyentes de radio, según ellos, tienen casi el 100% de los oyentes de la zona en la que emiten. O en prensa digital: tienen el 70% de las visitas en castellano. Y es una página web que no escribe en castellano".
Asimismo, ha indicado que "Comunicacions Els Ports subcontrata a Mas Mut Produccions, cuando los accionistas son los mismos. A su vez Mas Mut subcontrata a otra empresa, pero todas se presentan a las ayudas. No es que sea ético o estético, es que es ilegal al incumplir la Ley de subvenciones. Nos parece grave y nos pusimos en contacto con la Conselleria de Educación. Ni siquiera se molestaron en mirar el expediente". 

La portavoz 'popular' ha afirmado que "hay irregularidades desde el minuto uno y nadie nos da ninguna explicación. Cuando Marzà aseguró la semana pasada en la comisión que no había irregularidades en la subvención mintió. No sabemos por qué ocultó información y no quieren dar la cara".
"Hemos intentado agotar antes todas las vías administrativas pero no ha sido posible. Nos ocultan información de forma reiterada a nosotros y al juzgado", ha criticado.
Por todo ello, "ante las negativas" de Educación, el PP ha acudido al TSJ con un procedimiento judicial "con la interposición de un recurso contencioso-administrativo al que, finalizado el plazo, se añadirá la consiguiente demanda contra la Generalitat por nepotismo, malversación y tráfico de influencias: Vamos a mantener el proceso para que los tribunales decidan si hay irregularidades y sus consecuencias".

Empresas en Cataluña

"Este mismo galimatías de las empresas de familiares de Puig se aplica también a otras empresas con domicilio fiscal en Cataluña", ha advertido, ya que "se cometen irregularidades porque en la convocatoria del 2014, con el PP, se decía que podían optar a ayudas las empresas en el ámbito de la Comunitat Valenciana; en 2015 intervienen tres empresas catalanas y se les conceden casi 100.000 euros. ¿Cómo es posible si no cumplen las bases?".
Después, ha apuntado, "se dieron cuenta de que habían metido la pata y lo modificaron en la orden de 2016, ampliando a emisión en otros territorios. Al final concurren 7 empresas y reciben casi 300.000 euros", ha añadido.

'Ryanair' afronta un parón salvaje a finales de julio que afectará a 115.000 pasajeros españoles al día

MADRID.- Ryanair está a punto de empezar su verano más convulso. Alrededor 5.000 tripulantes de cabina (TCP) de la mayor aerolínea europea paralizarán sus vuelos en el ecuador del estío si la compañía irlandesa no se decide finalmente a reconocer a sus sindicatos, avanza El Mundo. 

De uno a tres días puede durar este parón de actividad que sólo en España afectaría a 115.000 pasajeros al día, a razón de al menos seis vuelos diarios con una media de 190 pasajeros para la flota de casi 100 aeronaves que Ryanair basa en nuestro país. En España, previsiblemente, unos 1.800 TCP la secundarán.
Sin embargo, el conflicto no se circunscribirá a España; alcanzará a varios países. 

En una acción sincronizada, Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los TCP españoles en esta más que probable convocatoria en defensa de su derecho a contar con sindicatos en las condiciones en que los ampara la legalidad vigente en sus respectivos Estados. 

Italia, pendiente de una cuestión jurídica debida a un preacuerdo firmado, espera poder aunar sus fuerzas. Mientras el Reino Unido, donde el personal de Ryanair alcanzó un acuerdo hace unas semanas, gracias a que sus contratos sí eran conformes a la legislación británica, se sumará con acciones de apoyo.
El anuncio de huelga, que puede abocar a la legalidad laboral más estricta a la única gran aerolínea que se mantenía al margen en Europa, se producirá en Dublín -sede principal de la compañía- vencido el plazo de este sábado, 30 de junio, para alcanzar un acuerdo. 

Son los días 3 y 4 de julio, cuando los representantes unilaterales de los tripulantes de cabina de la low cost en los distintos países europeos se han dado cita para anunciar medidas.
Según ha podido saber El Mundo, la huelga se ha planeado con un preaviso más amplio que el legalmente obligado, por lo que coincidirá con fechas en el apogeo anual de la actividad aérea.Es decir, que la compañía, que cuenta con 39 bases en Europa, se puede ver paralizada en los últimos días de julio y/o los primeros de agosto.

Ambas partes, hablarán así, a partir de la semana que viene con una huelga sobre la mesa.
Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener determinados aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos estarían no reconocer el derecho a la acción sindical que comprende que en las reuniones entren representantes de los trabajadores que no son sólo empleados directos de Ryanair, es decir, de los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce, a cuyo nombre están dos tercios de los contratos. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.

Cómo se gestó

La entrada de los sindicatos en Ryanair está siendo un proceso largo pero que se ha precipitado en el último año. Hace sólo seis meses que la irlandesa comunicó su decisión de reconocer a los sindicatos de sus pilotos, que aún siguen en su lucha por lograr derechos laborales mediante una negociación sindical.
Pero la mecha de este conflicto la encidieron los TCP españoles. Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien les abrió camino. En 2009 Sitcpla asistía ya «a un pequeño número de empleados», a los que apoyó a título individual» al defenderlos por «aspectos disciplinarios de Ryanair», dice el portavoz del sindicato, Antonio Escobar. La experiencia fue buena, «mantuvieron su puesto de trabajo», explica.
En 2017 «viene ya un nutrido grupo que quiere que Ryanair comience a evolucionar hacia el siglo XXI», cuenta Escobar, y deciden, a finales del pasado julio, hacer una hoja de ruta con ocho puntos. Constitutir una sección sindical; lograr afiliación masiva; hacer asambleas; convocar elecciones para elegir a sus representantes; notificar la constitución de la sección a la Administración, vía Dirección General de Empleo, y también a Fomento y las diferentes instancias autonómicas relacionadas con la materia. 

Y, sobre todo, notificar a Ryanair la existencia de la nueva sección constituida legalmente y pedir su reconocimiento como tal, algo que se produjo el 6 de octubre.

A partir de ahí se lanzan a denunciar con una carta pública «los seis incumplimientos más groseros en materia laboral y de seguridad social que Ryanair hacía en España», recuerda el portavoz. Pero en el lapso de julio a octubre una sentencia crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que el personal de vuelo de Ryanair tuviera derecho a acudir a los tribunales laborales de cada país donde tiene sus bases.
Además se tocaron palos en el plano jurídico contratando a dos despachos de abogados externos sólo para temas de Ryanair y el sindicato visitó sus 13 bases en España para canalizar las demandas de derechos por áreas temáticas y de forma grupal. 

Poco después presentaba ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo sus reclamaciones y ésta les pedía un dosier que entregaban a finales de enero de 2018, con unas 300 páginas.
«Paralelamente hubo conversaciones oficiales» hasta que la sección en Sitcpla se plantó tras las seis sanciones de Ryanair a empleados españoles que rechazaron trabajar en vuelos de la compañía en Portugal justo cuando los TCP vecinos estaban en huelga el pasado abril. Sí continuaron las charlas oficiosas, sin fruto.
Ahora «están hechos a la idea de que tendrán que aplicar la legislación española, adelanta Escobar. Lo demuestra que «Ryanair ya tiene un despacho de abogados en España; hace un año era inconcebible». 

Aún así «habrá huelga porque en la dirección de Ryanair quedan personas enrocadas como el consejero delegado Michael O'Leary o el responsable de recursos humanos, Eddie Wilson». 

 La junta de accionistas del 18 de julio será clave en este aspecto. 

«Los accionistas tendrán que tomar decisiones de orden mercantil». Y «la primera consecuencia de una huelga es que bajan las reservas, pero luego lo hacen las acciones», señala Escobar.
Ryanair declinó hacer comentarios ante la consulta de El Mundo. «No hacemos comentarios sobre las negociaciones con nuestra gente», remarcó un portavoz.

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Cofradías de Pescadores crean una base de datos para garantizar la sostenibilidad del sector

GERONA.- Las cofradías de pescadores de Palamós (Gerona), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Motril (Granada) se han asociado para crear una base de datos ambiental y socioeconómica que fomente el desarrollo del sector de forma sostenible.

Según informa la primera de estas entidades, el proyecto, denominado Cofradedmed, cuenta también con la participación de biólogos pesqueros y expertos en medio ambiente.

La pesca sostenible estaría basada en la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas y, para ello, las tres cofradías, que desarrollan su actividad dentro del espacio de protección europeo Red Natura 2000, han desarrollado una tecnología común de localización de áreas con presencia de alevines de especies de alto interés.

El proyecto también contempla el intercambio de conocimiento entre los profesionales, así como su divulgación tanto a la sociedad como a los actores implicados en el sector.

Por el momento, se han determinado las especies a estudiar y se han realizado encuestas y embarques para realizar el muestreo de tallas de peces capturados con el que diseñar cuadros comunes de buenas prácticas y extraer resultados.

Cofradedmed se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 

Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 

Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  

Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 

De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.

Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 

De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 

«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE: pocos pasajeros y sobrecostes

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado este martes un informe sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea en el que denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas y sobrecostes en las obras, así como que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista.

Los auditores europeos han visitado España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Austria para analizar el gasto en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que representa alrededor del 50% del total del bloque comunitario. Su principal conclusión es que, aunque "la longitud de las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad está en crecimiento, no se alcanzará el objetivo de triplicar la longitud de las líneas hasta los 30.000 kilómetros en 2030".

En concreto, el documento analiza diez líneas de alta velocidad (entre las que se encuentran el Eje Atlántico gallego y las líneas Madrid-León, Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Galicia) y cuatro interconexiones transfronterizas (entre ellas, Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la 'Y vasca').

El documento resalta que España es el Estado miembro que ha recibido más fondos europeos para invertir en redes ferroviarias de alta velocidad, con 11.200 millones de euros desde el año 2000 hasta 2017. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.

A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio "no se usaron adecuadamente" y que "la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas". 

 "En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica", señala el informe.

Además, dos líneas españolas de alta velocidad (el Eje Atlántico y Madrid-León) registraron un número de pasajeros bastante inferior al umbral de nueve millones (o seis en su primer año de funcionamiento) que establece la UE para que sean viables. Si se tiene en cuenta el nivel de "pasajeros potenciales" en cada área, el informe denuncia que las inversiones tampoco serán viables en las líneas Figueras-Perpiñán y en la 'Y vasca'.

Sobrecostes y menor velocidad

En relación a los sobrecostes, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa es la que más se ha desviado entre las españolas con respecto a su presupuesto original (un 38,5%, hasta los 12.109 millones de euros), seguida de Madrid-León (un 33,3%) y el Eje Altántico (un 26,3%). El informe no aporta datos sobre la línea Madrid-Galicia.

No obstante, el mayor sobrecoste entre las líneas auditadas corresponde a la conexión Stuttgart-Múnich, cuyo presupuesto original era de 1.800 millones y se ha disparado un 622% hasta los 13.273 millones. Las obras de esta vía, además, siguen en marcha.

Con respecto a la velocidad real de los trenes, la línea Madrid-Galicia circula a una velocidad alcanza sólo el 29% con respecto a la prevista (110 kilómetros por hora, frente a los 350 kilómetros por hora esperados). 

Esto ocurre también en las conexiones Madrid-León (39%), Eje Atlántico (50%), Madrid-Barcelona (54%) y Figueras-Perpiñán (36%).

El informe también recoge los años que tardaron en completarse las obras de cada una de las líneas, que asciende a 16 años en el caso de la conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa y alcanza los 25 años si se cuenta desde que comenzó a planificarse. 

A su vez, la línea Madrid-Galicia tardaría 18 años en construirse si se cumple el plazo de terminarla en 2019, mientras que se tardó 14 años en finalizar las obras del Eje Atlántico y de la conexión Madrid-León.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com. 

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.

Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.

El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.

Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.

“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.

La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Atún, cerámica o albaricoques: las otras barreras comerciales que Trump aplica a España

MADRID.- EE UU está ahora mismo gravando las exportaciones de acero y aluminio de España, con un impacto para la industria española de 7.700 millones de euros. Pero no son los únicos aranceles que está aplicando. Un informe de la Secretaría de Estado de Comercio detecta hasta cinco conflictos sin resolver, denunciados por los exportadores españoles. Al ya conocido de la aceituna negra se suman otros cuatro, revela hoy Cinco Días.

España es el primer suministrador de aceituna negra a EE UU, con un volumen de negocio que escaló a 58 millones de euros. Además del arancel aplicado durante el pasado ejercicio por vender supuestamente por debajo de coste, el 100% de los contenedores son parados en puertos e inspeccionados en destino, lo que supone, según estimaciones empresariales, perdidas del 5% sobre la ventas. Ambas afectan a 20 empresas.

Otra barrera de acceso al mercado estadounidense la sufren los productores de bebidas alcohólicas. Un grupo de 1.700 empresas españolas, que exportan por valor de 300 millones de euros, denuncian que están siendo discriminadas frente a los productores locales, ya que les obligan a negociar con distribuidores y minoristas para hacer ventas directas, mientras que las empresas estadounidenses lo pueden hacer de forma directa. 

Asimismo, las compañías españolas también denuncian que no se pueden beneficiar de las reducciones fiscales incluidas en la última reforma fiscal de Trump para 2018 y 2019.

EE UU ya aplica aranceles a determinados productos españoles y europeos desde hace varios años. De hecho fue uno de los puntos que estuvo en la mesa de negociaciones del tratado de libre comercio de EE UU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, y que finalmente no salió adelante por la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Barack Obama. Los productos más afectados era el atún en aceite de oliva, con una arancel del 35%; las conservas de albaricoque, con un recargo entre el 10% y el 30%; piezas de automóvil, con un 13%, y las alcachofas un 11%. 

El sector más afectado, sin embargo, es el cerámico, con 175 millones de exportaciones, mientras que en el de la automoción solo se ve afectado 15 de los 1.500 millones que exporta.

Otra barrera que está contemplada en la legislación estadounidense, aunque por ahora sólo se ha aplicado con una empresa canadiense, se refiere a un artículo de la ley Helms-Burton, que fija el embargo a Cuba. 

Ese artículo concede a los ciudadanos norteamericanos, cuya propiedad fue expropiada por el gobierno de Cuba, la posibilidad de llevar a los Tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que desarrollan actividades económicas con dichas propiedades.  

Esto puede afectar a hoteleras como Meliá o Iberostar, las dos con mayor presencia en Cuba. La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer cuenta en la actualidad con 39 hoteles y 15.584 habitaciones, mientas que la firma dirigida por la familia Fluxá tiene 17 hoteles.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.

El PP estima que en sus primarias sólo votarán "en torno al 7 u 8%" de los afiliados censados

MADRID.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "en torno al siete u ocho por ciento" de los 860.000 afiliados "en el censo" de la formación votarán en la primera vuelta para elegir al candidato que habrá de suceder a Mariano Rajoy en la presidencia.

"En los últimos congresos autonómicos creo que votó en torno al siete o el ocho por ciento. Creo que la cifra puede andar por ahí", ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha afirmado que "no va a haber una gran diferencia entre el congreso autonómico y el congreso nacional en términos de participación".
Aunque Martínez-Maillo ha reconocido que no tiene las cifras concretas porque "se están incorporando algunas provincias" y aún "tiene que analizarlo el comité", sí ha apuntado que "son 860.000 en el censo" del PP. Por eso, si como ha afirmado, la participación "va a ser muy parecida" a la de los congresos autonómicos, serían entre 60.000 y 69.000 los militantes 'populares' que votarían candidatura.
El coordinador 'popular' ha atribuido esta baja estimación a que los afiliados del partido "no están acostumbrados al proceso que se abre en la formación para elegir presidente" y ha reconocido que la cifra de participación "puede resultar llamativa".
En todo caso, considera que "habría que preguntar al resto por qué no quieren participar".
La cifra de afiliados que ha facilitado tampoco está cerrada y aún se encuentra en revisión. Según ha explicado, en el PP estaban trabajando para adaptar el censo a la realidad teniendo en cuenta "la baja, el alta y las modificaciones vía online", un proceso que "se interrumpió" con la moción de censura y el cambio de Gobierno. Este lunes, la hasta ahora secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, cifró la militancia en algo más de 780.000 personas.
Con todo, Martínez-Maillo ha recordado que el proceso tendrá una primera vuelta el 5 de julio en la que votarán estos afiliados y una segunda donde sólo pueden participar los compromisarios.
"No sé si los compromisarios notables son muchos, son los que tienen la última palabra. Hemos establecido este sistema reforzado en el que los afiliados en la primera votación eligen a un compromisario y un precandidato", ha comentado.Por otra parte, el diputado 'popular' ha celebrado "la diversidad" de las seis candidaturas a presidir el PP y considera que es "una auténtica lección" que, mientras en otros partidos se necesitan casi 9.000 avales para presentar candidatura, en el PP bastan 100 apoyos para concurrir.
"No creo que sea malo tener más de una candidatura y que podamos llegar a un acuerdo, no existe ningún riesgo de ningún tipo de fractura. A la mayor parte de las candidaturas le separan matices, ni siquiera cuestiones de fondo, y a veces son más personales que otra cosa", ha subrayado Maillo en relación a los programas de los distintos candidatos.
Respecto a la petición del candidato José Manuel García-Margallo de crear debates entre los distintos postulantes para discutir sobre los programas, Maillo ha explicado que esa idea "se descartó por las dificultades de ser una campaña muy corta" y que ya existe "un libro de patrimonio ideológico del partido".
Respecto a la apuesta de la precandidata María Dolores de Cospedal de unificar en una lista conjunta a los dos candidatos que resulten de la primera votación, Maillo ha añadido que "incluso esa unificación de listas se puede hacer ya, hasta el último día de la primera votación", aunque, "dependerá de los candidatos".

Merkel, dispuesta a apoyar a España si crece la llegada de inmigrantes

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que se implicará a nivel europeo para que España reciba más "apoyo" si se intensifica la llegada de inmigrantes a las costas españolas.

Merkel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras abordar en una reunión la reforma de la eurozona y la crisis migratoria, los dos puntos clave de la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas.
La canciller destacó que otros países de la UE ya han recibido apoyo del bloque en situaciones similares, y señaló el caso de Grecia durante el período más crítico de la crisis de los refugiados, porque el Gobierno heleno "recibió un montón de apoyo".
"Creemos que España podría recibir más apoyo de la Comisión Europea, eso lo apoyaríamos con seguridad", indicó la canciller, que agregó que "si la situación en España se agrava", ella se "implicaría para que España reciba más apoyo".
"Vemos que la llegada inmigrantes a España se ha incrementado", señaló la jefa del Gobierno alemán en relación al alza del número de embarcaciones con migrantes que en las últimas semanas están llegando a costas españolas.
Dentro de su visión de cómo podría concretarse la respuesta del grupo de países europeos que quieren trabajar conjuntamente en la cuestión migratoria, Merkel apuntó podría establecerse que cada jefe de gobierno hable con ciertos países de origen (principalmente africanos), pero "no individualmente", sino "en nombre del resto de colegas".
"La responsabilidad se puede repartir entre líderes europeos", de tal forma que cada socio miembro hable con "uno o dos" países de origen, aclaró.
La canciller agregó a este respecto que el acuerdo de la UE con Turquía es un ejemplo, pues ayudó a reducir drásticamente el número de refugiados que llegaban a Europa y posibilitó el cierre de la denominada ruta de los Balcanes.
Merkel indicó que la cuestión migratoria es un "punto central" de la cumbre de líderes de este jueves y viernes en Bruselas y abogó por integrar este asunto en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo.

Macartismo universitario / Ramón Cotarelo *

En los años cincuenta del siglo XIX, Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, solicitó la nacionalidad británica, que le fue denegada. Se conserva el informe que el policía que lo atendió elevó a sus superiores dando pie a la negativa porque, decía el probo funcionario, "el hombre no ha sido leal a su Rey y su País". 

No ser leal a un rey y una patria permite sin duda pensar por inferencia que tampoco se será a otro rey y otro país. No estoy muy seguro de si cabe vincular la nacionalidad de un país a la lealtad o falta de lealtad del solicitante a otro rey pero estoy dispuesto a admitir que, si se trata de conseguir la ciudadanía de un lugar, esta petición tiene algunos (pocos) visos de verosimilitud.

En donde no los tiene es en la actividad de la Academia, de la Universidad que, como su nombre indica, está por encima de estas obediencias terrenas. Salvo que se esté hablando de España y la Universidad española en donde a veces se aplican criterios políticos y partidistas para tomar decisiones que debieran obedecer a fines exclusivamente académicos; en donde los profesores actúan como comisarios políticos del régimen y purgan a los adversarios de este, no por razón de sus méritos de estudio, sino de su doctrina política.

Obviamente, no se trata de que esta tradición de inquisidores respete el principio de libertad de cátedra que es propia del Occidente civilizado, cuando las Universidades acogían generosas a estudiosos perseguidos en otros lugares por sus opiniones, como sucedió, por ejemplo con Campanella en la Sorbona y muchos otros. Ya se sabe que el liberalismo jamás germinó en el solar español, ni siquiera en sus universidades.

Pero, cuando menos, estaría bien que disimularan. Hace una fechas, mi departamento de la UNED acordó negarme la condición de "colaborador honorífico", imprescindible para renovar la de profesor emérito. Los promotores trataban de hacerme daño. Su argumento, el único que se expuso por boca de un profesor a tiempo parcial y plumilla de "El País" a tiempo completo (y al que, en el ínterín, han echado de su cargo en el diario), Torreblanca, fue que, en mi condición de funcionario público estoy obligado a mostrar la lealtad y el respeto a las instituciones españolas que a él le parezca bien y no puedo manifestar determinados puntos de vista que se le antojan condenables.

Sin embargo, nadie, al parecer, (yo, lógicamente, no estaba presente) levantó la voz para decirle al Macarthy de turno que, aunque eso fuera cierto, que no lo es, no corresponde a un departamento universitario tomar decisión alguna restrictiva de derechos de su profesorado por razones políticas y no académicas. Para eso están los jueces, a los que el departamento ha suplantado. 

El fondo de la cuestión, claro, es mi posición favorable a un República Catalana independiente que profeso con el mismo derecho con el que otros profesan que Catalunya debe ser una región de España o, incluso menos que eso: el derecho de la libertad de pensamiento y expresión que no se puede reservar a los amigos y negar a los adversarios  so pena de quedar como lo que se es, un franquista.

No tiene mayor importancia. El impulsor se limitó a sacarse una espina personal por una controversia que habíamos tenido en las redes y de la que, por supuesto, no informó a los otros miembros, aunque varios de ellos, sin duda, la conocían. Otro departamento, Sociología I, actuando con criterios de rendimiento profesional y no macartistas al servicio de la derecha (y de la derecha ciudadana), decidió acogerme.

Queda claro que, si en la Universidad española hay profesionales competentes que se atienen a los principios académicos, también sigue habiendo los inquisidores de siempre, sin mérito ni categoría, que solo tratan de hacer daño. Sin conseguirlo, porque ignoran la gran enseñanza de Sócrates de que vale más sufrir la injusticia que infligirla. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Eduardo Zaplana, trasladado al hospital con problemas respiratorios de su pulmón izquierdo

VALENCIA.- El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha sido trasladado este lunes al hospital de La Fe de Valencia desde la prisión de Picassent con problemas respiratorios derivados de un mal funcionamiento de su pulmón izquierdo, han informado fuentes próximas a su familia.

Tanto Instituciones Penitenciarias como el hospital valenciano han confirmado el traslado de Zaplana, que padece leucemia desde hace tres años, aunque no han detallado los motivos del mismo por razones de confidencialidad de la información clínica.
El exministro está en prisión desde el 24 de mayo tras ser detenido por el caso Erial, en el que se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
Su abogado, que ya pidió sin éxito su libertad por razones humanitarias, ha remitido hoy un nuevo escrito a la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia para reclamar su puesta en libertad condicional o, en su defecto, una medida de prisión atenuada.
En el escrito, según fuentes consultadas, apela al riesgo vital del exministro ante la gravedad de su estado de salud, pues padece un cuadro profundo de inmunosupresión y un riesgo mayor de contraer infecciones.
La jueza ya rechazó a comienzos del mes de junio su puesta en libertad de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El pasado 5 de junio, el expresidente valenciano fue trasladado durante unas horas al mismo centro hospitalario, en ese caso para recibir el tratamiento y pasar los controles habituales por la leucemia.
Según las fuentes de Instituciones Penitenciarias, hoy ha ingresado por decisión de los sanitarios de la prisión de Picassent. Las fuentes próximas a la familia han añadido que el traslado se ha realizado de urgencia ante los problemas respiratorios que presentaba.

Banco Sabadell perdonará al Estado parte de la factura del Fondo de Garantía

MADRID.- Las negociaciones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) con la banca están cerca de llegar a buen puerto. El organismo público encargado de asegurar los depósitos de los bancos tiene sobre la mesa una oferta de BBVA y Banco Sabadell que resolvería todos los problemas, evitando un agujero inasumible al FGD y la posibilidad de que Estado asuma más déficit.

Tras meses de negociaciones estancadas, las dos entidades han ofrecido asumir algo más de la factura pendiente de los esquemas de protección de activos (EPAs) de CAM –que asumió Sabadell- y Unnim –comprada por BBVA-, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Un gesto que ha sido bien recibido por la Comisión Gestora del FGD, compuesta por el Banco de España, el Tesoro, Hacienda, Santander, BBVA, la Ceca y Caja Laboral. Ninguna de las entidades hizo comentarios.

La clave de la negociación es encontrar una solución para liquidar de forma acelerada los EPAs de CAM y Unnim sin generar un agujero inasumible al Fondo ni déficit al Estado. La liquidación se hará con una venta de activos a Cerberus, en el caso de BBVA; y a otros fondos, en varias subastas que tiene en marcha Sabadell.

Más del 20% de coste

Además, las negociaciones persiguen otros dos objetivos: que el FGD ponga ya un precio definitivo a estas ayudas concedidas al comienzo de la crisis, de cara a una liquidación de las mismas; y permitir a Banco Sabadell y BBVA vender aceleradamente sus carteras de activos problemáticos y sanearse como pide el Banco Central Europeo (BCE).

La oferta de BBVA y Sabadell todavía no se ha cerrado con números, aunque las fuentes consultadas descartan que se alejen en más de 10-15 puntos del 20% del coste del EPA que les corresponde.

Cuando Sabadell compró CAM en 2011 y BBVA hizo lo propio con Unnim en 2012, el Estado les dio unas garantías públicas para cubrir parte de la cartera problemática de estas entidades. Como entonces el Frob no tenía las mismas competencias que ahora, se hizo a través del Fondo de Garantía.

En CAM, se acordó que el FGD asumiría el 80% de las pérdidas de una cartera de 24.644 millones, el resto Sabadell, durante un periodo de diez años hasta mediados de 2021. Pasado dos tercios de este periodo, el Fondo pública calculaba que esta cartera sufrirá pérdidas por 12.248 millones –la mitad de lo cubierto- de lo que el Fondo tendría que pagar casi 6.700 millones.

Lo que ahora quiere hacer Sabadell es traspasar gran parte de su exposición inmobiliaria –propia y de CAM- a fondos oportunistas. Estas operaciones son a un mayor descuento, lo que implicaría un agujero al FGD, de ahí que Sabadell ofrezca cubrir parte.

El caso de BBVA es parecido, sólo que la entidad presidida por Francisco González ya tiene un acuerdo de traspaso del ladrillo a Cerberus. Este pacto sólo está pendiente del Fondo de Garantía.

En el caso de Unnim, la cartera cubierta con el mismo esquema que la de CAM -80/20- es de 7.359 millones. A finales de 2017, el fondo calculaba pérdidas para la cartera de 3.633 millones, de los que al Fondo le corresponden 1.842 millones.

Este rompecabezas está cerca de solucionarse tras el gesto de las dos entidades. Las distintas partes involucradas temieron por las negociones con el cambio de Gobierno. Aunque, añaden las fuentes consultadas, las primeras señalas enviadas por la ministra Nadia Calviño han sido buenas.