BARCELONA.- La Agencia Catalana de Consumo inicia este mes una campaña inspectora específica para detectar publicidad engañosa en la venta de viviendas ante el previsible aumento de la "agresividad" en las técnicas para captar clientes, según avanzó el director de la ACC, Jordi Anguera.Según indicó Anguera, el hecho de que se haya frenado el mercado inmobiliario hace temer que las promotoras "utilizarán una publicidad más agresiva para captar clientes", una tendencia que la Agencia Catalana de Consumo (ACC) ya ha empezado a detectar y donde percibe un riesgo de que siga incrementándose.
El alto precio de los pisos ha llevado a que los consumidores se fijen mejor en lo que compran, comprueben más la memoria de calidades y aumenten las reclamaciones por no coincidir aquello que se ofrecía con el resultado final.
Anguera ha recordado que la publicidad que se hace de una promoción inmobiliaria es "vinculante" para el promotor, y todo lo que aparece en ella tiene que cumplirse después, "aunque luego no esté en el contrato que se firma".
Así, por ejemplo, si el folleto publicitario incluye una fotografía de una piscina, el edificio tiene que tener piscina, por lo que finalmente no se construye, puede ser objeto de una reclamación.
También se vigilarán algunos datos que se incluyen en la publicidad, como los minutos a los que supuestamente se encuentra la vivienda de algún lugar de interés, sobre todo cuando llegan a incluirse hasta dos marcos de referencia, como, por ejemplo, anunciando una "casa a diez minutos de Barcelona y a treinta de una estación de esquí", una situación a todas luces imposible.
La campaña para analizar la publicidad en la vivienda empieza este mes desde los servicios centrales de la Agencia Catalana de Consumo en Barcelona y se analizará cualquier tipo de propaganda que se haga por los canales habituales donde la gente busca a la hora de comprarse un piso, como internet, prensa escrita, revistas gratuitas o folletos informativos, entre otros.
La fase inspectora durará unos dos meses y, después, los inspectores pasarán la información al área de procedimiento, formada por el cuerpo de abogados de la agencia, que decidirán si se abre expediente sancionador en función de las infracciones detectadas, lo que se comunicaría a la empresa para que puedan presentar sus alegaciones.
Por otra parte, la Generalitat prepara una nueva ley de consumo, que podría estar en vigor en septiembre de 2008 y que pretende "simplificar" y "actualizar" el marco normativo a las necesidades actuales, en sustitución de la del año 1990.
La nueva normativa, que todavía se encuentra en fase de debate interno, pretende fomentar el arbitraje entre empresas y consumidores, para lo que es necesaria la adhesión de la mayoría de las empresas catalanas.
Además, la Generalitat estudia si se tipifican o no nuevas infracciones en materia de consumo o si se actualizan la cuantía de las sanciones que ya existen.- (EFE)
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