BRUSELAS.- El Parlamento Europeo reiteró su denuncia a los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertó de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.El pleno adoptó, por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, una resolución que condena "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos" medioambientales, históricos y culturales.
El texto ha sido impulsado por el laborista británico Cashman, y suscrito también por los españoles Joan Calabuig y Carlos Carnero (PSOE), David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU).
En el debate previo, celebrado el pasado martes, el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, rechazó el documento al considerar que "invade competencias" de las autoridades españolas y que las mayorías absolutas conseguidas por su partido en los comicios autonómicos de Madrid y Valencia deslegitiman las críticas.
La resolución parte de la visita que dos eurodiputados, el propio Cashman y el conservador polaco Marcin Libicki, realizaron en marzo a municipios de Madrid, la Comunidad Valenciana y Almería, para investigar denuncias urbanísticas, en gran parte procedentes de ciudadanos europeos residentes en España.
Lamenta los daños ambientales y culturales de los planes urbanísticos, pero se centra en la situación de indefensión que estarían sufriendo ciudadanos españoles y europeos que invierten en proyectos ilegales sin saberlo o que ven peligrar sus pequeñas propiedades engullidas por grandes promociones.
Así, advierte de que la obligación de ceder tales propiedades "sin un proceso y una compensación adecuada", o la de pagar "costes arbitrarios" por infraestructuras comunes, constituye una "violación de los derechos fundamentales".
Sostiene que estas prácticas están "extendidas en varias comunidades autónomas en España, en particular la valenciana y otras partes de la costa mediterránea, pero también, por ejemplo, en Madrid".
Y deplora "la aprobación tácita por algunos ayuntamientos" de proyectos que después son declarados ilegales en perjuicio de los "ciudadanos europeos" que han invertido en ellos de "buena fe".
El texto urge a las autoridades autonómicas y estatales, así como a la Comisión y al Consejo de la UE, a actuar para corregir tales abusos.
La Comisión Europea prevé denunciar el próximo miércoles la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que incumple la Directiva sobre contrataciones públicas.
La Eurocámara cuestionó hoy, sin citar a ninguna comunidad, "los métodos de designación y poderes a menudo excesivos que ciertas autoridades municipales otorgan a urbanizadores y promotores", y denunció que, en ocasiones, estos "interfieren" sobre el registro de propiedades para debilitar a los pequeños propietarios.
La resolución recomienda a las autoridades españolas que prevean mecanismos de arbitraje para este tipo de litigios y subraya que, cuando sean necesarias, las compensaciones deberán tener un montante adecuado tal como lo define la jurisprudencia europea.
Además, pide que la actuación de la Comisión no se ciña al área de las licitaciones, sino que evalúe también el cumplimiento de las normativas ambientales, del agua y consumo.
En diciembre de 2005, el Parlamento Europeo aprobó, por 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones, un informe en el que alertaba de las irregularidades del urbanismo español a raíz de las cerca de 15.000 quejas recibidas contra la, entonces vigentes, Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).- (EFE)
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Los promotores alicantinos salieron ayer al paso del anuncio que un día antes hizo el comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, sobre la inminente denuncia de la Ley Urbanística del Gobierno Valenciano ante el Tribunal de Europeo de Luxemburgo. La patronal de un sector que genera -junto al turismo- la cuarta parte del producto interior bruto provincial y de la Comunidad Valenciana alerta de que se está produciendo en los últimos meses, desde que arrecia la polémica urbanística, un desvío masivo de compradores de viviendas turísticas en la Costa Blanca hacia otros destinos vacacionales de Europa del Este.
«Aprovechan la coyuntura para desacreditar nuestro trabajo y todo lo que representa bajo el argumento de que en otros destinos vacacionales sí se respetan los derechos fundamentales y en la Costa Blanca no», afirmó ayer, sin poder ocultar su enfado, el secretario de la patronal alicantina de la promoción inmobiliaria Provia, Jesualdo Ros.
Los promotores ya lo han analizado en sus últimas juntas directivas y asambleas. Tienen pruebas fehacientes, entre ellas varios portales inmobiliarios, que controlan intermediarios europeos, los cuales «desvían» las compras hacia Turquía, Croacia, Albania y la antigua Yugoslavia. «Los intermediarios, que eran los mismos que antes trabajaban con los promotores alicantinos, ahora les advierten de que no compren aquí, que esto es la Costa Blanca», añade Ros. El destino vacacional alicantino, uno de los más importantes del mundo dentro del turismo de sol y playa, se ha convertido en un maldito para muchos foros mediáticos, según la opinión de los promotores alicantinos.
Polémica visita
La explicación a esa mala coyuntura no hay que hallarla sino en la progresiva y monumental polémica urbanística formada antes y después de la polémica visita de los europarlamentarios a raíz de las 15.000 firmas recogidas contra la anterior legislación de la Generalitat Valenciana, la LRAU, por parte de la Asociación Abusos Urbanísticos No. «A no nosotros no nos tienen que dar lecciones de saber estar y cumplir con las leyes, ni los europarlamentarios ni tampoco los intermediarios que desvían ahora las compras a otros lugares», añade el directivo de la patronal Provia. Según él, la única diferencia que hay entre una casa vacacional comprada en la Costa Blanca o en un destino de Turquía o Europa del Este «es que aquí valen de media 180.000 euros y en esos países 60.000».
Este importante sector, generador de unos cien mil puestos de trabajo en la construcción residencial y de obra civil, manifiesta su satisfacción por el anunció del Gobierno de Bruselas. Aunque parezca paradójico, después de muchas críticas y silencios tras los dos varapalos consecutivos dados por la CE y el Parlamento Europeo a la política urbanística del Consell, Provia asegura ahora que el anuncio de la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por posible conculcación de los contratos públicos que «pondrá orden y a cada uno en su sitio». «Llevamos varios años en los que unos señores que se creen intocables (en alusión a los europarlamentarios) nos ponen a caldo», añade Ros. Afirma que el PE reconoce que no tiene capacidad ni en ordenación del territorio ni en el medio ambiente, aunque sí admite competencias en un posible delito por conculcar la libre competencia en los contratos públicos de la Administración. «No se puede estar difamando siempre, que sea ya la Justicia la que ponga orden», sentencia el representante del sector que más factura, junto al turismo, en la provincia, muy por delante de la industria tradicional. «Esto es como la prensa rosa, ciertos señores prejuzgan al principal sector económico de la provincia y no podemos estar así cuatro o cinco años más, así que lo mejor es que se acaben los juicios paralelos y que hable la Justicia», subraya Provia.
El pasado 27 de marzo se dio a conocer el documento elaborado tras la visita de los europarlamentarios a la Costa Blanca, que critica la «desidia y escasa colaboración del Consell» y alerta del blanqueo de dinero negro por parte de los promotores y constructores. En una nota de Prensa, Provia dijo entonces que «Europa ataca y desprecia con falsas acusaciones a los empresarios que cumplen las leyes». La patronal Coepa ha salido varias veces al paso en defensa del sector.
De "La Verdad"
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