BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la Unión Europea acordaron hoy reforzar las medidas para evitar la evasión fiscal como respuesta al escándalo desencadenado por el descubrimiento de importantes cantidades de dinero negro en Liechtenstein.
Los Veintisiete, liderados por Alemania por ser el país más afectado por la fuga de capitales al principado centroeuropeo, pidieron a la Comisión que acelere la presentación de nuevas propuestas para modificar la denominada directiva sobre la fiscalidad del ahorro y extienda su ámbito de aplicación a otros paraísos fiscales.
Esta norma, en vigor desde julio de 2005, se aplica a todos los Estados miembros, a 5 países europeos que no forman parte de la UE (Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra) y a 10 territorios dependientes que son antiguas colonias de Reino Unido y Países Bajos.
La directiva obliga a los bancos de estas 42 jurisdicciones a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia.
No obstante, contempla una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de referencia. Luxemburgo, Austria, Bélgica y el resto de países de fuera de la UE que participan en el acuerdo se acogen a esta segunda posibilidad.
El comisario de Fiscalidad, Lazslo Kovacs, explicó que la Comisión presentará a finales de junio un informe sobre el funcionamiento de la norma, tal y como estaba previsto.
Según dijo, tras el debate de este martes todos los Estados miembros están de acuerdo en extender geográficamente el alcance de la directiva para aplicarla a los centros financieros asiáticos (Hong Kong, Macao y Singapur), con los que Bruselas ya está negociando.
Además, los Veintisiete coinciden en que también debería aplicarse a otros productos de ahorro: no sólo a los depósitos bancarios, sino también los bonos, las acciones, los fondos u otros instrumentos. Kovacs explicó que, sobre la base de la evaluación que realice en junio y de las opiniones de los Estados miembros, presentará propuestas legislativas para modificar la norma.
El comisario de Fiscalidad destacó que la alternativa de las retenciones en origen es un "arreglo transitorio" y que "a medio plazo" todos los países -incluidos Luxemburgo, Austria y Bélgica-- deberían aceptar levantar el secreto bancario e intercambiar información.
"Espero que finalmente todos los que participan en la directiva intercambiarán información en lugar de aplicar una retención", resaltó.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reiteró que el Gobierno tiene información sobre españoles implicados en la evasión fiscal a través de Liechtenstein.
"En estos momentos el trabajo está en manos de la Agencia Tributaria, que lógicamente tomará las decisiones que estime pertinentes e incluso si es necesario acudirá a los jueces".
Solbes se declaró partidario de cualquier iniciativa que "ayude a la lucha contra el fraude fiscal" y especialmente del intercambio de información, pero se mostró muy cauto y no quiso detallar los cambios que España querría introducir en la directiva sobre fiscalidad del ahorro.
Los Veintisiete, liderados por Alemania por ser el país más afectado por la fuga de capitales al principado centroeuropeo, pidieron a la Comisión que acelere la presentación de nuevas propuestas para modificar la denominada directiva sobre la fiscalidad del ahorro y extienda su ámbito de aplicación a otros paraísos fiscales.
Esta norma, en vigor desde julio de 2005, se aplica a todos los Estados miembros, a 5 países europeos que no forman parte de la UE (Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra) y a 10 territorios dependientes que son antiguas colonias de Reino Unido y Países Bajos.
La directiva obliga a los bancos de estas 42 jurisdicciones a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia.
No obstante, contempla una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de referencia. Luxemburgo, Austria, Bélgica y el resto de países de fuera de la UE que participan en el acuerdo se acogen a esta segunda posibilidad.
El comisario de Fiscalidad, Lazslo Kovacs, explicó que la Comisión presentará a finales de junio un informe sobre el funcionamiento de la norma, tal y como estaba previsto.
Según dijo, tras el debate de este martes todos los Estados miembros están de acuerdo en extender geográficamente el alcance de la directiva para aplicarla a los centros financieros asiáticos (Hong Kong, Macao y Singapur), con los que Bruselas ya está negociando.
Además, los Veintisiete coinciden en que también debería aplicarse a otros productos de ahorro: no sólo a los depósitos bancarios, sino también los bonos, las acciones, los fondos u otros instrumentos. Kovacs explicó que, sobre la base de la evaluación que realice en junio y de las opiniones de los Estados miembros, presentará propuestas legislativas para modificar la norma.
El comisario de Fiscalidad destacó que la alternativa de las retenciones en origen es un "arreglo transitorio" y que "a medio plazo" todos los países -incluidos Luxemburgo, Austria y Bélgica-- deberían aceptar levantar el secreto bancario e intercambiar información.
"Espero que finalmente todos los que participan en la directiva intercambiarán información en lugar de aplicar una retención", resaltó.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reiteró que el Gobierno tiene información sobre españoles implicados en la evasión fiscal a través de Liechtenstein.
"En estos momentos el trabajo está en manos de la Agencia Tributaria, que lógicamente tomará las decisiones que estime pertinentes e incluso si es necesario acudirá a los jueces".
Solbes se declaró partidario de cualquier iniciativa que "ayude a la lucha contra el fraude fiscal" y especialmente del intercambio de información, pero se mostró muy cauto y no quiso detallar los cambios que España querría introducir en la directiva sobre fiscalidad del ahorro.
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