ALCOY.- El colectivo de afectados por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy en 1993 han entregado más de 3.000 firmas al delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, para solicitar que los imputados en la causa cumplan las penas que les han sido impuestas y no se les conceda el indulto.
El presidente de este colectivo, Enrique Rodes, ha indicado que han enviado estas adhesiones a Valencia, con el fin de que los condenados por la quiebra fraudulenta cumplan las penas a las que fueron condenados.
"Estamos contentísimos porque no han ayudado muchísimo" y se ha obtenido un "apoyo amplísimo" a esta reivindicación por parte de los alcoyanos, ha señalado Rodes, que han respaldado esta petición con cerca de 3.500 firmas, recogidas durante las últimas semanas por los propios afectados en mercados y calles de la ciudad.
Así mismo, Rodes ha confirmado que el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, ha desestimado la solicitud de indulto propuesta por la que fue subdirectora de esta entidad, Mercedes Llopis, para eludir los tres años de prisión a los que fue condenada.
De este modo, el presidente ha afirmado que Llopis "tiene que cumplir la pena de tres años de prisión" y ha expresado que los afectados esperan que la Audiencia de Alicante no le permute esta condena de privación de libertad por la de servicios sociales a la comunidad, como, al parecer, ha solicitado la condenada.
El portavoz de los afectados ha recordado que Llopis cometió un delito de "quiebra fraudulenta" y ha remarcado que los perjudicados no desean su ingreso en prisión "por venganza, sino por dar ejemplo" y "para que no vuelva a pasar".
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