ALICANTE.- El PSPV-PSOE ha presentado una querella, en el ejercicio de la acción popular, por entender que los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, a consecuencia de diferentes informaciones reveladas por los medios de comunicación, y numerosas investigaciones de la Policía Judicial, han revelado la existencia, presuntamente, de comportamientos y actuaciones que revelan el uso de información privilegiada, prevaricación, revelación y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, con supuestas entregas de documentación a personas que han podido ser beneficiadas por el conocimiento de las mismas. Todo ello, con referencia a la tramitación del PGOU de Alicante.
Los querellados son: el último alcalde y la actual alcaldesa de Alicante, el representante legal del la mercantil del grupo CÍVICA y el arquitecto y redactor jefe del PGOU.
Además, se dirige y amplía la acción penal contra las personas que dentro de la fase de instrucción puedan aparecer como autores, cómplices o encubridores de los hechos objeto de investigación.
Según las conductas descritas por los medios de comunicación y las investigaciones policiales, éstas se realizaron para beneficiar a los querellados y, supuestamente, a otras personas que actualmente, debido al secreto de las actuaciones, se desconocen, permitiéndoles obtener grandes beneficios/plusvalías, por el conocimiento anticipado de las previsiones de dicho Plan. Entregas de dinero o bienes, muebles o inmuebles, pagos en especie, como cesiones gratuitas de viviendas, contrataciones de viajes o regalos, etc. forman parte de los contenidos de esas informaciones e investigaciones.
La presente acción popular va encaminada exclusivamente a la preservación y defensa del interés público.
Los querellados son: el último alcalde y la actual alcaldesa de Alicante, el representante legal del la mercantil del grupo CÍVICA y el arquitecto y redactor jefe del PGOU.
Además, se dirige y amplía la acción penal contra las personas que dentro de la fase de instrucción puedan aparecer como autores, cómplices o encubridores de los hechos objeto de investigación.
Según las conductas descritas por los medios de comunicación y las investigaciones policiales, éstas se realizaron para beneficiar a los querellados y, supuestamente, a otras personas que actualmente, debido al secreto de las actuaciones, se desconocen, permitiéndoles obtener grandes beneficios/plusvalías, por el conocimiento anticipado de las previsiones de dicho Plan. Entregas de dinero o bienes, muebles o inmuebles, pagos en especie, como cesiones gratuitas de viviendas, contrataciones de viajes o regalos, etc. forman parte de los contenidos de esas informaciones e investigaciones.
La presente acción popular va encaminada exclusivamente a la preservación y defensa del interés público.
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