martes, 8 de noviembre de 2011

Enrique Ortiz se acoge a su derecho a no declarar aunque niega las acusaciones

ORIHUELA.- El empresario Enrique Ortiz se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de primera instancia nº 3 de Orihuela, Carlos San Martín, si bien ha hecho un manifiesto en su defensa para negar todos los hechos de los que se le acusa en la investigación de la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según ha explicado su abogado, Alejandro Bas Carratalá.

   Enrique Ortiz, que ha salido de la sede judicial sobre las 10.35 horas, acompañado de su abogado, ha declinado realizar ninguna declaración ante los medios de comunicación que le esperaban a la puerta.
   Su letrado, Bas Carratalá, ha aclarado que su cliente se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque sí ha realizado "cinco manifestaciones" en su defensa ante el juez, la primera de ellas negando todo los hechos de los que se le acusa.
   Además, el empresario "ha dejado claro" que no ha comprado la finca 'La Pistola', propiedad del empresario Ángel Fenoll, y ha asegurado que Novalis Medio Ambiente, SL --mercantil resultante de la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Cespa y Ortiz-- "nunca estableció una UTE con Fenoll".
   Así mismo, según su abogado, Ortiz ha querido dejar claro que "es absolutamente falso" que el expresidente de la Diputación provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll --también imputado en la causa--, "le pidiera dos pisos o un millón de euros, así como que Ripoll le pidiera favores, ni que él mismo se los pidiera al político alicantino".
   En cuanto a Rafael Gregory, otro de los imputados en el caso, Ortiz ha subrayado ante el magistrado que "nunca" le pagó para que hiciera de intermediario en la tramitación del plan zonal de residuos.
   Por último, ha defendido que la UTE entre Cespa y Ortiz ganó el concurso del citado plan zonal "porque fue la mejor valorada por los técnicos".
   Además, ha explicado al juez que cuando fueron adjudicatarios del plan, eran "conscientes de que ningún ayuntamiento quería tener una planta de tratamiento de residuos en su municipio, por lo que ofrecieron ubicaciones en diferentes sitios para encontrar la menos problemática".

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