MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes su proyecto de presupuesto para 2012, que prevé un recorte de "más de 27.000 millones de euros", sobre todo mediante la congelación del salario de los funcionarios y una bajada de los presupuestos de los ministerios del 16,9% en promedio.
"Estamos ante una situacion límite", reconoció la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros, y "nuestra primera obligación es volver a encontrar unas cuentas públicas saneadas".
España se ha comprometido a reducir de aquí a finales de 2012 su déficit público del 8,51% al 5,3% du PIB.
El mayor ajuste de la democracia
Tan sólo 24 horas después de la primera huelga general de la legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció el mayor ajuste de la democracia con unos presupuestos que combinan fuertes recortes con una reforma tributaria que va de la amnistía fiscal a menores deducciones en el impuesto de sociedades.
En una multitudinaria rueda de prensa, a la que incluso acudieron periodistas de otros países europeos, el Gobierno anunció un ajuste de 27.300 millones de euros entre un menor gasto, mayores ingresos y una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas.
En un momento de fuerte crispación social por la reforma laboral y los recortes sociales, la más sorprendente de las medidas desveladas por el titular de Hacienda fue una de carácter "excepcional para incentivar la tributación de las rentas no declaradas" con la que pretenden recaudar unos 2.500 millones de euros.
En vísperas de aprobar un nuevo paquete de medidas para luchar contra el fraude, el Gobierno se cuidó mucho de hablar de amnistía fiscal aunque la medida funcionará de facto como tal, imponiendo una tributación del 10 por ciento a los capitales ocultos aflorados y un gravamen especial del 8 por ciento para la repatriación de dividendos, todo con la idea de apoyar la consecución del objetivo del 5,3 por ciento de déficit público negociado con Bruselas.
"El objetivo del 5,3 por ciento es irrenunciable", afirmaron en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Para lograr la consabida meta, además de una subida del impuesto del tabaco con el que pretende recaudar 150 millones de euros adicionales, Montoro anunció una serie de modificaciones en el impuesto de sociedades, fundamentalmente con la eliminación de deducciones, que proyectan una recaudación total de 19.564 millones de euros en 2012, casi 3.000 millones más que en 2011, pese a la crisis.
Con la amenaza de una inminente recesión, el nuevo presupuesto incluye diversas modificaciones del impuesto de sociedades, algunas con carácter temporal y otras permanentes, con las que prevé lograr unos ingresos de 5.350 millones de euros y paliar así la prevista caída de ingresos por la crisis económica.
En el proyecto de presupuestos, elaborado con la base de una proyección de descenso del 1,7 por ciento del PIB, se eliminan 1.389 millones de euros de ayuda al desarrollo y reducen en 1.429 millones de euros el gasto en infraestructuras, además de 1.624 millones de euros menos en políticas de empleo.
Sin embargo, y tras las decepciones cosechadas en las elecciones autonómicas de Asturias y Andalucía por el Partido Popular, el Ejecutivo sí mantuvo la actualización prevista de las pensiones.
En total, teniendo en cuenta el aumento del IRPF aprobado a principios de año, el Estado aumentaría este año los ingresos tributarios en 12.314 millones de euros. Además, para optimizar la recaudación, el Gobierno pretende aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal.
"Son medidas extraordinarias en una situación extraordinaria", dijo el titular de Hacienda después de que su Gobierno afrontase la víspera una huelga general con masivas manifestaciones en las calles en contra de la reforma laboral y los recortes.
Tras pactar con Bruselas un objetivo de déficit público para 2012 del 5,3 por ciento, el Gobierno revisó también el viernes el cuadro macro presentado a principios de marzo, confirmando que el peso del ajuste previsto recaerá sobre la Administración Central.
El Gobierno del PP, que el 2 de marzo proyectaba un déficit del 5,8 por ciento para 2012, ha ajustado las cinco décimas del nuevo objetivo íntegramente en la Administración Central, para la que proyecta ahora un déficit del 3,5 por ciento a fin de año.
Con un recorte del gasto público de casi un 17 por ciento, la España de los más de cinco millones de parados vivirá este año una congelación de los salarios de los funcionarios públicos combinado con un aumento de su jornada laboral.
Una vez despejada la gran incógnita del presupuesto del Gobierno, la gran pregunta que se hacen ahora los economistas es de dónde van a reducir las regiones los 15.000 millones de euros adicionales a los 27.500 millones de euros que recortará el Gobierno central.
Las autonomías tienen ahora que desvelar su recorte de gastos o aumento de ingresos, con la lacra adicional de unas menores transferencias por parte del Estado de 4.000 millones de euros.
España se ha comprometido a reducir de aquí a finales de 2012 su déficit público del 8,51% al 5,3% du PIB.
El mayor ajuste de la democracia
Tan sólo 24 horas después de la primera huelga general de la legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció el mayor ajuste de la democracia con unos presupuestos que combinan fuertes recortes con una reforma tributaria que va de la amnistía fiscal a menores deducciones en el impuesto de sociedades.
En una multitudinaria rueda de prensa, a la que incluso acudieron periodistas de otros países europeos, el Gobierno anunció un ajuste de 27.300 millones de euros entre un menor gasto, mayores ingresos y una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas.
En un momento de fuerte crispación social por la reforma laboral y los recortes sociales, la más sorprendente de las medidas desveladas por el titular de Hacienda fue una de carácter "excepcional para incentivar la tributación de las rentas no declaradas" con la que pretenden recaudar unos 2.500 millones de euros.
En vísperas de aprobar un nuevo paquete de medidas para luchar contra el fraude, el Gobierno se cuidó mucho de hablar de amnistía fiscal aunque la medida funcionará de facto como tal, imponiendo una tributación del 10 por ciento a los capitales ocultos aflorados y un gravamen especial del 8 por ciento para la repatriación de dividendos, todo con la idea de apoyar la consecución del objetivo del 5,3 por ciento de déficit público negociado con Bruselas.
"El objetivo del 5,3 por ciento es irrenunciable", afirmaron en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Para lograr la consabida meta, además de una subida del impuesto del tabaco con el que pretende recaudar 150 millones de euros adicionales, Montoro anunció una serie de modificaciones en el impuesto de sociedades, fundamentalmente con la eliminación de deducciones, que proyectan una recaudación total de 19.564 millones de euros en 2012, casi 3.000 millones más que en 2011, pese a la crisis.
Con la amenaza de una inminente recesión, el nuevo presupuesto incluye diversas modificaciones del impuesto de sociedades, algunas con carácter temporal y otras permanentes, con las que prevé lograr unos ingresos de 5.350 millones de euros y paliar así la prevista caída de ingresos por la crisis económica.
En el proyecto de presupuestos, elaborado con la base de una proyección de descenso del 1,7 por ciento del PIB, se eliminan 1.389 millones de euros de ayuda al desarrollo y reducen en 1.429 millones de euros el gasto en infraestructuras, además de 1.624 millones de euros menos en políticas de empleo.
Sin embargo, y tras las decepciones cosechadas en las elecciones autonómicas de Asturias y Andalucía por el Partido Popular, el Ejecutivo sí mantuvo la actualización prevista de las pensiones.
En total, teniendo en cuenta el aumento del IRPF aprobado a principios de año, el Estado aumentaría este año los ingresos tributarios en 12.314 millones de euros. Además, para optimizar la recaudación, el Gobierno pretende aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal.
"Son medidas extraordinarias en una situación extraordinaria", dijo el titular de Hacienda después de que su Gobierno afrontase la víspera una huelga general con masivas manifestaciones en las calles en contra de la reforma laboral y los recortes.
Tras pactar con Bruselas un objetivo de déficit público para 2012 del 5,3 por ciento, el Gobierno revisó también el viernes el cuadro macro presentado a principios de marzo, confirmando que el peso del ajuste previsto recaerá sobre la Administración Central.
El Gobierno del PP, que el 2 de marzo proyectaba un déficit del 5,8 por ciento para 2012, ha ajustado las cinco décimas del nuevo objetivo íntegramente en la Administración Central, para la que proyecta ahora un déficit del 3,5 por ciento a fin de año.
Con un recorte del gasto público de casi un 17 por ciento, la España de los más de cinco millones de parados vivirá este año una congelación de los salarios de los funcionarios públicos combinado con un aumento de su jornada laboral.
Una vez despejada la gran incógnita del presupuesto del Gobierno, la gran pregunta que se hacen ahora los economistas es de dónde van a reducir las regiones los 15.000 millones de euros adicionales a los 27.500 millones de euros que recortará el Gobierno central.
Las autonomías tienen ahora que desvelar su recorte de gastos o aumento de ingresos, con la lacra adicional de unas menores transferencias por parte del Estado de 4.000 millones de euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario