ALICANTE.- La práctica de realizar pagos a empresas por servicios que se prestan sin adjudicación previa está muy lejos de atajarse en el Ayuntamiento de Alicante. A pesar de que Intervención considera esto como una práctica al borde de la legalidad (e incluso en algunos casos «no ajustada a derecho», como ya informó El Mundo), la Administración local sigue teniendo un goteo constante de facturas a dedo.
En la Junta de Gobierno Local de esta semana se han sumado dos nuevos informes a los cinco que pasaron durante las fiestas de Hogueras, en esta ocasión por los conceptos de mantenimiento de zona verdes e instalaciones deportivas (unos 5.354 euros) y la organización de trabajos de jardinería y recogida de sillas de la Explanada (33.362).
En ambos casos el interventor municipal indica lo siguiente: «Este tipo de expediente supone el reconocimiento de la realización de una actuación no sujeta a las normas de procedimiento administrativo».
Y en el tema del mantenimiento de zonas verdes pide al «órgano gestor» que adopte «las medidas oportunas para evitar que esta situación se repita».
Más duro ha sido con la jardinería y recogida de sillas. Ahí exige «al órgano de contratación» que inste «al centro gestor para que tramite el expediente de contratación, con el fin de revertir una situación irregular que se repite desde mediados de 2016 y evitar que esta situación continúe».
En este caso el responsable del área de Jardines era Víctor Domínguez (Guanyar, recién dimitido de la corporación por hacer pagos en Medio Ambiente a un militante de EU sin hacerle un contrato), y el de Contratación Natxo Bellido (portavoz de Compromís, ahora en la oposición).
¿Por qué se producen este tipo de gastos? Pues básicamente porque el órgano gestor encargado de sacar a tiempo los contratos no lo hace, y el consistorio se ve obligado a recurrir a una empresa a dedo para prestar el servicio.
Normalmente este tipo de actuaciones vienen acompañadas con informes de los técnicos de cada área que justifican la necesidad de saltarse el procedimiento habitual, y en los que se defiende la necesidad de prestación del servició aún cuando no se haya licitado un contrato. El visto bueno final, sin embargo, es el del interventor, quien hasta ahora ha emitido el informe favorable pero con las advertencias previas de que la Administración local debe de atajar este tipo de prácticas.
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