VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad solicitada por la defensa jurídica del político cartagenero Eduardo Zaplana, en prisión desde el pasado 24 de mayo por el caso Erial, al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas, han informado fuentes jurídicas.
Este
posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción se ha producido después de
que ayer la defensa de Eduardo Zaplana, ejercida por el bufete de
Santiago Miláns del Bosch, informara de que había pedido la libertad del
expresidente de la Generalitat y exministro por razones humanitarias, o
en su defecto arresto domiciliario.
La defensa justificaba esta petición por el estado de "grave enfermedad" de Eduardo Zaplana, que en 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara una leucemia.
Tras
la declaración de Zaplana ante la juez instructora, la Fiscalía ya
anunció su oposición a la puesta en libertad de Zaplana, con los mismos
argumentos esgrimidos ahora, después de que los abogados del detenido
esgrimieran en un escrito ante la jueza la leucemia que padece como
argumento para su libertad.
En el auto de prisión, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales,
cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad
documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En
el caso Erial, el juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia
investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones
derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos
(ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la
Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en
marcha en 2003.
Las
investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos
de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado
alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.
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