ALICANTE.- Los dueños de suelo en la zona de Rabasa donde inicialmente iba a instalarse la tienda de la multinacional Ikea han demandado al Ayuntamiento de Alicante por haber prohibido la instalación de hipermercados en la zona, lo que en la práctica invalidó el modelo que la multinacional del mueble había escogido para llegar a la provincia, según El Mundo.
El tripartito de izquierdas que gobernó entre junio de 2015 y abril
de 2018 promovió, a través del área de Comercio que controlaba el PSOE y
Urbanismo que dependía de Guanyar, una modificación puntual del artículo 95 del Plan General para vetar la llegada de nuevos hipermercados a la ciudad; tanto PP como Ciudadanos se opusieron en el pleno a estos cambios, pero no han dado los pasos para deshacerlos ni cuando el popular Luis Barcala
gobernó en solitario (2018 y principios de 2019) ni con el actual
bipartito que salió de las elecciones de mayo.
De hecho, en una reciente
entrevista concedida a El Mundo el concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Cs), descartó tocar esa modificación al asegurar que ninguna empresa se lo había solicitado.
El problema es que los propietarios de una parcela de 85.000 metros cuadrados en la zona adyacente a la carretera, donde inicialmente iba a construirse la tienda de Ikea y su macrocentro comercial,
consideran que este cambio no se ajusta a la Ley y así se lo hicieron
saber al consistorio en las alegaciones a la modificación.
Éstas fueron rechazadas y han recurrido a la vía judicial
para reclamar que se reviertan los cambios introducidos en el Plan
General y abrir la puerta a la instalación de nuevos hipermercados en la
ciudad de Alicante.
La demanda, a la que ha tenido acceso este
diario, ha sido remitida a la sala número 1 de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la
Comunidad Valenciana, y básicamente repasa los pasos que se dieron para
que el pleno del 27 de julio de 2017 diese el visto bueno a la
restricción de hipermercados.
En ella los dueños del suelo muestran su «disconformidad» por la aprobación de la modificación,
ya que, aseguran, va en contra de los objetivos expuestos y aprobados
por el Consejo Local de Comercio el 21 de octubre de 2015, entre los que
se fijaba «la potenciación del desarrollo y el crecimiento de la actividad comercial» del
municipio y «la mejora de la competitividad y la posibilidad de nuevas
oportunidades de generación de empleo y riqueza en el municipio».
«No es asumible»,
apunta el escrito, «la modificación pretendida con los criterios
propuestos en la memoria expuesta al público, ya que la justificación es
rectificar aspectos que se han revelado inadecuados con el paso del
tiempo».
«Esta parte [la demandante] entiende que el establecer un
posible desarrollo comercial en el entorno conocido como la zona de
Rabasa no es contradictorio con ninguno de esos objetivos,
y por tanto no existe motivación, conforme al artículo 35 de la Ley
39/2015, para modificar los parámetros, hasta ahora incluidos en el
artículo 95 del Plan General y que eran parámetros establecidos en los
últimos años, por lo tanto adaptados a las nuevas ideas en materia de
desarrollo comercial».
Según los dueños del suelo, el movimiento del
Ayuntamiento «únicamente responde a la persecución y revancha política a un propietario de suelo
-la mercantil promotora del Plan Parcial Rabasa y posteriormente de la
ATE de Rabasa-, que resulta el menos afectado, ya que los verdaderos
afectados, son los pequeños propietarios del entorno y en caso alguno
responde a los deseos de la ciudadanía».
Este último punto es clave porque este grupo de propietarios destaca
que la promotora del Plan Rabasa, cuyo cabeza visible era el promotor Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal,
no dispone de suelo en la zona donde se iba a instalar la tienda de
Ikea, sino en los terrenos aledaños, como por ejemplo el entorno de Las
Lagunas de Rabasa.
La inclusión de ese suelo verde en el proyecto
inicial, según comentaron otras fuentes, respondería a la intención de Ortiz de diluir los derechos de los titulares del suelo en la zona donde
realmente se iba a instalar Ikea y su centro comercial. La operación al
final se desactivó por, entre otras cuestiones, los problemas
judiciales de Ortiz con el equipo de Gobierno de la ex alcaldesa Sonia Castedo, quien está procesada junto al empresario por un presunto amaño del Plan General.
Otro
de los puntos que destaca la demanda es el del interés general. Según
apunta, el visto bueno a la modificación del Plan General se dio en el Consejo de Comercio, «un organismo que actualmente está controlado por asociaciones de comerciantes de la zona centro,
que en modo alguno, como han demostrado los últimos acontecimientos,
reflejan el sentir de la mayor parte de los comerciantes, sino el de los
privilegiados del centro, mientras que las asociaciones vecinales y de
comerciantes de la zona Norte, que son mayoritarias, se han posicionado a
favor de la negociación y del desarrollo comercial en la zona de
Rabasa».
Según los propietarios, «los objetivos de
carácter meramente económicos de un sector de comerciantes no pueden
constituir una razón imperiosa de interés general», en
referencia a la jurisprudencia que indica que no se puede limitar el
desarrollo comercial de una zona si no es por motivos de fuerza mayor.
«La defensa del Ayuntamiento se basa en la inaplicación de la normativa
europea y estatal dictada cuyo objetivo es fomentar la libertad de
establecimiento recogida en el Artículo 4 de la Ley 17/2009, entendido
éste no sólo por libertad de establecimiento en abstracto sino también
establecimiento físico», agrega.
«Parece que la normativa
aprobada únicamente autoriza los nuevos establecimientos si ello no
tiene repercusiones en el pequeño comercio, lo que tiene como efecto obstaculizar y hacer menos atractivo el ejercicio por parte de operadores económicos», concluye.
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