VALENCIA.- Las nuevas grabaciones aportadas a la causa que instruye las diligencias
derivadas de la Operación Erial, el procedimiento que desmanteló la
presunta trama de Eduardo Zaplana,
han sacado a la luz los problemas que generó a los testaferros la
declaración de Francisco Camps en Gürtel y la posterior reacción del
exministro de Trabajo con José María Aznar, según el diario Levante.
Según constata la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
interceptó una llamada el jueves 8 de marzo de 2018 de Zaplana a
Francisco Grau, autor de la ingeniería financiera de la red y uno de sus
presuntos testaferros.
La llamada se produjo en torno a las 16.14 horas y en ella el expresidente de la Generalitat traslada a Grau
las novedades sobre la venta de un apartamento de su propiedad en
Madrid y le pregunta por una fórmula que le permita ahorrarse el pago de
determinados impuestos.
Zaplana dice que ha estado hablando
sobre los impuestos con su yerno, Luis Iglesias, quien también figura
como imputado en la causa, pues «le ha pasado una nota en la que dice
que estarán exentas de IRPF las ganancias patrimoniales obtenidas por la
venta de la vivienda habitual cuando se reinviertan en otra vivienda»,
explica la UCO.
En cambio, Francisco Grau le traslada que su vivienda habitual
declarada está en Benidorm, en La Cala, por lo tanto no puede acogerse a
dicha exención. Zaplana le pregunta si no puede declarar que reside en
Madrid y Francisco Grau le contesta que no. El exministro le dice que
debería cambiar esta cuestión y Grau responde que el día anterior había
visto «la contestación que le diste a este».
La Guardia Civil
analiza esta conversación y cree que se refiere al episodio de Camps en
la Audiencia Nacional. Un día antes de aquella llamada registrada por la
UCO, el miércoles 7 de marzo, Camps señaló a su predecesor en el cargo
en el juicio de Gürtel al afirmar: «Eduardo Zaplana me envió a Álvaro
Pérez» para que trabajara con el PPCV.
La de Zaplana y Camps fue
la madre de todas las batallas políticas, y el exalcalde de Benidorm
solo tardó un par de horas en reaccionar. Zaplana envió un comunicado a
los medios en el que afirmaba lo siguiente: «Abandoné la presidencia de
la Comunidad Valenciana en el año 2002 y por poner un solo ejemplo, en
la campaña del año 2008 aún siendo portavoz del Grupo Popular en el
Congreso, no pude comparecer por mi circunscripción de València».
Esta
afirmación fue la que cuestionó un día después por teléfono el presunto
testaferro de la trama. Durante la conversación, Grau insiste en que no
puede justificar que su residencia habitual está en Madrid porque,
entre otras cuestiones, ha dicho públicamente que se encontraba en otro
territorio en ese momento.
En concreto, según los
investigadores, «Grau le dice que a efectos de ellos -Zaplana y su
mujer, Rosa Barceló- y de la herencia de Rosa están domiciliados en La
Cala», por lo que no podría evadir el pago de esos impuestos.
Pero
Zaplana insiste. Grau le explica que es verdad que tiene un sueldo en
Madrid -trabajaba como consejero para Telefónica-, pero que también es
verdad que el consejo de administración de la empresa que gestionaba
esta propiedad tenía sede en Benidorm.
Recovecos para evadir impuestos
Ante
la insistencia de Zaplana, Grau « le dice que tratará de buscar un
recoveco» y el exjefe del Consell le traslada que «sería difícil por
parte de Hacienda acreditar que él no vive en Madrid». Pero otro de los
problemas era que «tienen declarada como vivienda habitual La Cala».
Grau se compromete a seguir buscando sentencias para resolver este asunto y Eduardo Zaplana
le propone que pueden decir que al hacerle ministro se tuvo que ir a
vivir a Madrid. Zaplana razona que él se la jugaría y Grau responde que
se la juegue y ya resolverán el asunto si Hacienda detecta el fraude
para tributar menos.
La Guardia Civil sitúa a Eduardo Zaplana
como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según
la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5
millones de euros procedentes del cobro de comisiones.
En el caso Erial
se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las
concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión de Zaplana.
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