ALICANTE.- «La inspectora encargada del contrato de limpieza de centros escolares y
dependencias municipales que fue apartada de sus funciones por
denunciar numerosas irregularidades e incumplimientos de este servicio
ha interpuesto un contencioso administrativo por vulneración de derechos
fundamentales contra el Ayuntamiento de Alicante», informó el portavoz
socialista, Paco Sanguino. El concejal calificó la
denuncia de «gravísima» y afirmó que se confirma «la caza de brujas
llevada a cabo por el equipo de Gobierno del señor Barcala contra esta
funcionaria».
Según los socialistas, el recurso interpuesto por la trabajadora denuncia que «existe una situación de acoso laboral persistente contra ella»
y se hace referencia «a hechos tan graves como que la concesionaria
afirma que no va a cumplir el contrato ni a facilitar a la denunciante
la documentación para fiscalizar el contrato, que se prohíbe a los trabajadores hablar con la denunciante bajo amenaza de despido y
que desde el Servicio Municipal de Infraestructuras se le da
instrucciones para relajar su fiscalización y flexibilizar la
inspección», explicaron los socialistas.
Ademas, la funcionaria relata «que
compañeros de la denunciante la insultan y ella lo atribuye a que
tienen familiares directos trabajando en la UTE adjudicataria del
servicio». También acusa a la segunda responsable del contrato
de aconsejarle de que «reme en la misma dirección que el resto de sus
compañeros» y que al no seguir la directriz la han ninguneado.
La socialista Llanos Cano
manifestó que ya en un escrito de marzo del 2019 por parte de la
Concejalía se hacía constar que se recomendaba el relevo de la
inspectora para «conseguir un mejor servicio para los usuarios del
mismo, un mas eficaz control a la empresa contratista». «Lo que
desconocíamos hasta la fecha es que según la denuncia el concejal José Ramón González
le dice el 7 de octubre de 2019 que está valorando su traslado para que
no coja una depresión». La edil tachó de «escándalo» la denuncia y
exigió la convocatoria urgente de la comisión de investigación de la
contrata.
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