BARCELONA.- Banco Sabadell y la representación legal de los trabajadores han firmado el acuerdo para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de un mínimo de 1.380 empleados de la entidad, si bien la cifra podría ascender hasta los 1.605 empleados en función de la voluntariedad, según han informado fuentes sindicales.
CC OO señaló el pasado viernes, cuando se alcanzó el preacuerdo en la mesa negociadora, que se contempla la salida de 1.605 afectados, aunque si finalmente se alcanza una adhesión de 1.380 empleados de forma voluntaria, el ERE «se daría por finalizado» en esa cifra.
Por su parte, el banco explicaba que el preacuerdo con los sindicatos incluía la salida de 1.605 personas, equivalente a un 10% de la plantilla, de los que 950 serán en funciones administrativas de red, 400 en funciones comerciales y 255 en centros corporativos. Además, se ha incluido la posibilidad de adhesión voluntaria, tanto en el caso de prejubilaciones como de extinciones.
Asimismo, ha señalado que la voluntariedad será el criterio prioritario «siempre y cuando se consiga el objetivo de ajuste mínimo acordado de 1.380 personas».
Así, se ha rebajado la cifra de 1.936 salidas inicialmente propuesta por la entidad, que puso en marcha las negociaciones del ERE el 30 de agosto. Desde entonces, se han sucedido las reuniones entre sindicatos y banco para lograr salvar los principales escollos del ERE, que han sido la aplicación del criterio de voluntariedad y el número de afectados.
Por otro lado, la entidad ha mantenido el cierre planteado de 320 oficinas y la conversión de 176 de ellas en cajas avanzadas, donde continuarán funcionando los cajeros y servicios básicos, si bien la entidad señaló a principios de septiembre que ya se había procedido a cerrar 105 sucursales y 27 conversiones.
El acuerdo señala que el plazo de ejecución de las medidas previstas se extenderá hasta el 30 de junio de 2022, si bien las salidas podrían comenzar a finales de este año.
En concreto, las extinciones, tanto en la red de oficinas y servicing como de direcciones territoriales y servicios corporativos, se producirán entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, con carácter general.
El plazo para adherirse voluntariamente al ERE se ha establecido entre el 26 de octubre hasta el 15 de noviembre a las 24.00 horas. Sabadell contará con un plazo de quince días hábiles para aceptar o rechazar las solicitudes presentadas. La entidad se reserva la posibilidad de rechazar la petición en ciertos supuestos como, por ejemplo, el de superar el excendente señalado en cada provincia.
El acuerdo recoge que, como criterio subsidiario respecto a la voluntariedad y «únicamente en el supuesto de que las extinciones por adscripción voluntaria no superasen el número de 1.380 contratos de trabajo», la entidad «procederá a la selección de las personas trabajadoras afectadas hasta alcanzar como máximo dicho número de extinciones».
Excluidos del ERE
Del ERE se han excluido a ciertos colectivos, como los empleados que tengan 63 años o más a 31 de diciembre de 2021 así como trabajadores con contratos de duración determinada o que se encuentren en situación de excendencia de cualquier tipo a 30 de agosto de 2021.
Entre 55 y 62 años de edad
En cuanto a las bajas, el documento acordado entre sindicatos y banco recoge que las personas con entre 55 y 62 años de edad a 31 de diciembre, y con una antigüedad de diez años o más, percibirán un 65% del salario anual hasta que cumplan 63 años, con un tope máximo de 280.0000 euros para las personas de 58 a 62 años y de 300.000 euros para las personas de 55 a 57 años.
Colectivo de 55 años
Para el colectivo de 55 años, se aplicará un cupo máximo de 100 personas, teniendo preferencia aquellos empleados que presten servicios en las provincias de Alicante y Murcia.
Menores de 54 años
En cuanto a las bajas remuneradas, la edad se ha establecido para los menores de 54 años, que tendrán derecho a una indemnización de 40 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades, además de varias primas por años de antigüedad.
Además, en caso de adscripción voluntaria a la medida de extinción del contrato, este colectivo percibirá una indemnización adicional de 2.000 euros brutos por cada tres años completos de antigüedad en el banco, además de otras indemnizaciones adicionales.
Se han incluido excedencias con una duración de tres años, que recibirán un 25% del salario anual con una readmisión en 25 kilométros, con el mismo salario y nivel profesional y en un puestode similares características. En caso de no aceptarse, la indemnización estaría acorde a las medidas contempladas en prejubilaciones o bajas, según su rango de edad. Para estas excedencias, habría un cupo máximo de 75 personas.
Movilidad
Por otro lado, la movilidad funcional se aplicará a un máximo de 25 kilómetros alrededor del último centro de trabajo asignado al empleado, mientras que la movilidad geográfica forzosa, en caso de no ser posible la reubicación en un radio de 25 km, se seguirá un criterio de círculos concéntricos por el que se irá ampliando el límite de cinco en cinco kilómetros hasta encontrar un centro con vacantes.
En el caso de realizarse traslados sin cambio de domicilio, la entidad abonará una compensación por kilometraje mientras dure el traslado y, como máximo, por tres años desde la fecha en la que comenzó.
Por el lado contrario, si existe cambio de residencia, el banco abonará un pago único de 7.000 euros brutos más 7.000 euros brutos mensuales durante los tres años siguientes al traslado. Para esta medida hay un cupo máximo de 50 personas.
Plan de recolocación
Asimismo, el acuerdo incluye un plan de recolocación a través de RigthManagement, empresa especializada del grupo Manpower. El objetivo del programa impulsado por la entidad será el de recolocar al 100% de las personas que se adhieran al plan.
Por provincias, y en términos relativos, Barcelona será donde se produzca el mayor porcentaje de salidas, con un 17% del máximo de 1.605 trabajadores, seguido por Alicante, con un 12,3%, y Murcia, con casi un 8%. En Madrid, podrían salir en torno a un 6,8% de los empleados, y en Valencia un 5,7%.
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