MADRID.- Ximo Puig no ha mirado desde la barandilla lo que pasaba en su comunidad. Más bien, ha tenido un papel bastante privilegiado. El equipo de la Abogacía de la Comunidad Valenciana -similar a la Abogacía del Estado, pero a nivel regional- no ha actuado personándose, ni en el caso contra Mónica Oltra, ni en el que afecta al cobro de subvenciones por el hermano del presidente, según resalta Libertad Digital.
En los dos casos existe un daño evidente al prestigio o finanzas públicas y, sin embargo, esos equipos jurídicos, que deben defender a la Administración, han decidido obviar su responsabilidad y no personarse en las causas judiciales.
El presidente valenciano no vio necesario que el equipo de Abogados de la Generalidad se personara en la causa contra Oltra para defender el prestigio y limpieza de sus centros de menores o los intereses de una menor que estaba bajo su tutela.
Y lo mismo ha ocurrido en el caso en el que se encuentra imputado un hermano de Ximo Puig, Francis, por el cobro de subvenciones concedidas por la propia Generalidad Valenciana. En este segundo caso, donde la Administración directamente podría haber perdido dinero, tampoco han considerado estos equipos la conveniencia de defender sus intereses.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia ya ha citado como imputado al hermano del presidente valenciano Ximo Puig, Francis Puig, por las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a sus empresas.
El Partido Popular, personado como acusación en la causa, denunció en su momento que, sólo en la Comunidad Valenciana, el hermano del presidente había logrado, desde que Ximo Puig es presidente regional, más de 636.000 euros en ayudas públicas hasta febrero de este año.
Pero también se investigan subvenciones concedidas por el Gobierno socialista de Aragón. Y por el Gobierno separatista catalán formado por aliados del PSOE. De hecho, el importe total supera con holgura el millón de euros.
En un auto, con fecha 31 de marzo, el juez ordenó ya la imputación del administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL, Francis Puig, como solicitante de las ayudas públicas. También citó al administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell.
Y tampoco en este caso parece encontrar el equipo jurídico de la Comunidad Valenciana un motivo para personarse, pese a estar hablándose de una posible pérdida patrimonial para los fondos públicos.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia investiga, de hecho, la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalidad valenciana, de la Generalidad catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.
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