Así lo sostiene el informe de investigación 'Percepciones comparadas de la corrupción en España y Portugal', financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y la Agencia Valenciana Antifraude, presentado este viernes en la sede de la AVAF por los expertos Gustavo Gouvea de la Universidad de Lisboa y Fernando Jiménez de la Universidad de Murcia, además del director de la AVAF, Joan Llinares.
La investigación, que ofrece una radiografía de la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción y la ética y la integridad pública en España y Portugal, analiza también el caso «especialmente interesante» de la Comunitat. Por un lado, por el hecho de que la valenciana ha sido «una de las más golpeadas» por esta lacra, concretamente la segunda en número de casos por detrás de Andalucía --más grande en población y en complejidad institucional--.
Esta «alta incidencia» queda patente tanto en la «larga lista» de escándalos de corrupción de los que buena parte de la sociedad valenciana es «plenamente consciente», sino también en la evolución de la posición de la Comunitat Valenciana en el único índice existente con valores regionales a nivel europeo de la calidad de gobierno, el Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI) que lleva a cabo el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo con apoyo financiero de la Comisión Europea.
Tras veinte años de gobiernos autonómicos de mayoría conservadora (1995-2015), la posición de la Comunitat Valenciana entre las 17 CCAA pasó de una posición superior a la media entre todas las regiones europeas en el EQI de 2010 a posiciones por debajo de tal media en las ediciones de 2013 y 2017, llegando a ocupar incluso el antepenúltimo lugar, recoge el informe.
Desde entonces, la región ha experimentado una recuperación «espectacular», reflejada en el índice de 2021, cuando no solo superó nuevamente la media europea, sino que escaló hasta la sexta posición en mejor calidad de gobierno entre las CCAA, siendo un caso de «éxito» a nivel europeo.
Sin embargo, en la última edición del EQI correspondiente a 2024, la Comunitat ha caído de nuevo por debajo de la media europea, aunque quedándose «muy cerca» de esa posición.
Los investigadores han explicado que no pueden saber con detalle las causas --«no hay manera de saberlo»-- que hay detrás de esta caída, pero han alertado de que la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de gobierno o el funcionamiento de los servicios públicos, en cualquier caso, «se está resquebrajando».
El informe también analiza las similitudes y diferencias en las percepciones y actitudes hacia la corrupción en España y Portugal, a partir de encuestas realizadas en ambos países --en España entre septiembre y octubre de 2022--.
Así, la corrupción se considera un problema «grave» en ambos países: el 89 por ciento en España y el 93% en Portugal, por encima de la media de la UE, aunque son los portugueses más pesimistas sobre el alcance y sus implicaciones.
En ambos países, la corrupción es «ampliamente condenada» por la mayoría de los ciudadanos y se considera un comportamiento que «se desvía de la norma pública aceptable». Sin embargo, las opiniones «difieren» sobre la definición exacta de corrupción y la gravedad de los distintos tipos de comportamiento corrupto.
Los resultados indican que, aunque existe un alto grado de acuerdo conceptual sobre lo que constituye corrupción, los datos permiten identificar «pequeñas gradaciones» en la «condena social» del fenómeno.
La condena de la corrupción es, por regla general, «más severa» cuando implica a políticos y actos tipificados en los códigos penales de ambos países como delitos (soborno, abuso de poder o malversación). Sin embargo, la corrupción «parroquial» (hospitalidad, regalos indebidos o aceleración de procesos) es «menos susceptible» de ser entendida como corrupción.
En cualquier caso, son especialmente las formas de corrupción legal/institucional, la influencia indebida en los procesos de toma de decisiones y la connivencia entre élites políticas y económicas, en relación con las cuales existe «ambigüedad legal», las que generan «cierta discrepancia» en las evaluaciones.
De hecho, las personas encuestadas consideran que la corrupción es más frecuente en la política y los negocios: españoles y portugueses piensan que alrededor del 50% de los empresarios y entre el 60-70% de los políticos son corruptos. Cuando se pregunta por los funcionarios, la apreciación de que son corruptos baja al 40%.
Frente a ello, el 70% de las personas entrevistadas en España y el 80% en Portugal cree que la corrupción no es una «circunstancia», sino que forma parte de la cultura empresarial.
Sobre las principales razones por las que los ciudadanos no denuncian la corrupción, en España son la relación coste-beneficio (35,6%), la inconsecuencia de que las acusaciones «nunca resultan en nada» (35%) o el miedo a represalias (31%). Mientras, un 17,7% de los encuestados manifiesta que «siempre» denunciaría un caso de corrupción.
Por su lado, el análisis de las variables socio-demográficas revela que el sexo, la edad, la ideología política, el nivel educativo y la situación económica influyen de distinta manera. Así, las mujeres tienden a ser «más críticas» que los hombres con la incidencia de la corrupción, especialmente entre los políticos, mientras que los más jóvenes tienden a ser «más tolerantes» con la corrupción.
También existen diferencias «significativas» por edad en el patrón de respuestas de los más jóvenes ante posibles escenarios de corrupción. Además, la ideología política influye en cómo perciben la corrupción los ciudadanos, dado que los encuestados más de izquierdas tienden a ser «más críticos» con su incidencia y alcance.
Respecto a la evolución de la corrupción, la mayoría de los encuestados en ambos países cree que la situación ha empeorado o se ha mantenido igual en el último año, con diferencias entre grupos socio-demográficos.
Asimismo, la investigación refleja que durante la pandemia se ha producido una «mayor aceptación» del fenómeno, especialmente entre los hombres, posicionados más a la derecha y con menores niveles de alfabetización, como una forma de «relajar» las normas y los procedimientos para resolver «rápidamente los problemas emergentes».
Un resultado que, según han alertado los expertos, sugiere una «mayor tolerancia» de la corrupción en contextos de crisis, que advierte de la necesidad de que las instituciones «sopesen los riesgos para la integridad» y «refuercen los mecanismos de control».
El análisis de las razones para no denunciar la corrupción también revela «preocupación» por la eficacia de los mecanismos institucionales de denuncia y «reticencia» a perjudicar a terceros o a afrontar consecuencias negativas al denunciar casos de corrupción.
En definitiva, aunque existen «notables diferencias» entre España y Portugal en relación con la percepción y evolución de la corrupción, las tendencias generales indican que la corrupción se mantiene como un problema «preocupante» para ambos países, con «importantes implicaciones» para la confianza en las instituciones y el funcionamiento de la democracia y que urge una «respuesta política adecuada» basada en una «comprensión multifacética» del fenómeno.
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