ALICANTE.- La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha cuestionado "la supuesta
eficacia y eficiencia" del departamento de salud durante una reunión con
el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a quien ha pedido que se
amplíen los indicadores de medición porque consideran que los actuales
"son manipulables por la empresa y se alejan de la realidad".
Así se han expresado en un comunicado los representantes de la
plataforma, tras reunirse con el conseller este miércoles en la Casa de
las Brujas en Alicante, después de hacerle entrega el lunes de sus
reivindicaciones.
En la reunión, de más de una hora de
duración, la plataforma ha sostenido que los indicadores de medida con
los que el Gobierno valenciano avala "la supuesta eficacia y eficiencia"
del departamento de salud del Vinalopó "pueden ser fácilmente
manipulados por la empresa a su interés y no miden objetivamente la
realidad".
Asimismo, ha resaltado que "se palpa a pie de
calle" entre los usuarios las "problemáticas" de este modelo de sanidad
privatizado.
Por ello, le han pedido a Gómez que amplíe los indicadores
de medición y tenga en cuenta factores como "la carencia de plantilla,
infinitamente mucho más reducida que en los departamentos públicos, que
gran parte de los profesionales están trabajando sin la especialidad,
las peores condiciones laborales o la creciente fuga de profesionales".
Además, le han resaltado que los acuerdos de gestión "no son un buen
instrumento de medida de la calidad asistencial porque no incluyen en
ellos la merma de las plantillas, la fuga de profesionales y tantos
aspectos que no se miden en los instrumentos actuales con los que cuenta
la Conselleria".
La
plataforma ha cuestionado la "supuesta eficiencia" porque ha apuntado
que "no se conocen las liquidaciones anuales".
"Por tanto, no sabemos
realmente cuánto dinero nos cuesta la concesión. En los últimos diez
años, no ha habido liquidaciones anuales aprobadas y no existen planes
de inversión, por que no se puede saber si la empresa está cumpliendo
con sus compromisos", ha manifestado Jaime Latour, integrante de la
plataforma.
También ha denunciado la "falta de control" de las
concesiones y ha afirmado que ya lo denunció el Consell Jurídic
Consultiu mediante la auditoría.
"La auditoría de la Sindicatura de
Cuentas subrayó que la administración no ha ejercido una tutela efectiva
sobre los concesionarios en materia de inversiones, al no constar que
se haya aprobado formalmente los planes de inversión anuales ni tampoco
los planes quinquenales presentados. Además, tampoco se habían realizado
auditorías integrales, obligaciones todas ellas impuestas en las
cláusulas del contrato", ha expresado la plataforma.
Respecto a
la eficiencia, el movimiento ciudadano ha presentado sus "dudas" sobre
la idoneidad de mantener el departamento en manos privadas ante el nuevo
escenario de los macrodepartamentos y ha insistido al conseller en que
"todavía está a tiempo de reconsiderar su postura".
Así, ha puesto en duda los rankings y certificaciones, "pagadas por
la empresa, que se han utilizado desde la Generalitat para defender la
prórroga y que supuestamente avalan la excelencia en centros de salud,
como por ejemplo el de Crevillent, donde el pasado verano un tercio de
la población no tenía médico asignado".
La plataforma ha
subrayado la "necesidad de control de la concesión" por parte de la
Conselleria "para que no se vuelvan a dar situaciones como las de
Torrevieja". Igualmente, le han planteado al conseller la "dificultad
legal" de la prórroga, porque generaría un "beneficio extraordinario
para la concesionaria".
También han puesto sobre la mesa
asuntos como "la incompatibilidad del sistema informático utilizado en
el Departamento de Salud de Elche-Crevillent por Ribera Salud con el de
red pública de sanidad, la carencia de personal sanitario especializado,
la merma de las plantillas, las demoras en Atención Primaria y,
básicamente, la desigualdad de una parte de la ciudadanía con el resto
de valencianos y valencianas que gozan de sanidad de gestión pública".
"En el caso de Elche, la desigualdad se manifiesta entre la misma
población que pertenece a un departamento de salud de gestión pública y
la otra parte a otro de gestión privada", han expresado.
La
plataforma ha pedido los informes y datos que avalan la posible decisión
de la Generalitat Valenciana de prorrogar el contrato a Ribera Salud,
pero ha lamentado que ha sido "sin éxito".
Por ello, ha afirmado que seguirán "insistiendo para conseguir un cambio de rumbo del Gobierno valenciano y que la población y los profesionales que pertenecen al departamento de salud del Vinalopó no se queden en condiciones de desigualdad respecto al resto de ciudadanía valenciana".
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