MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves el proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), lo que obligará a empezar su tramitación desde cero. El dictamen que se había aprobado en comisión con el único voto en contra de Vox, ha sido ahora abatido en el Pleno de la cámara porque PP y Junts se han pasado al 'no' en protesta por el veto del Gobierno a una serie de enmiendas referidas a otra norma.
En concreto, la Agencia ha caído con 176 votos en contra frente a los 167 que han sumado el PSOE, Sumar y el resto de aliados parlamentarios, y dos abstenciones.
Ahora, tras rechazarse el dictamen, la Agencia Estatal de Salud Pública deberá volver a empezar con la presentación de un nuevo proyecto de ley el Gobierno o con una proposición de ley de los grupos parlamentarios.
"Vamos a estudiar la manera de volverla a traer", ha dicho la ministra Mónica García en los pasillos del Congreso.
El voto de PP y Junts no tiene que ver con la Ley de Agencia de Salud Pública, pues de hecho los 'populares' hablaban inicialmente de introducir mejoras en la ley a su paso por el Senado.
El cambio ha surgido porque una bronca surgida minutos antes por la decisión del PSOE de negarse a aplazar la votación de la Ley de desperdicio Alimentario, en la que el Gobierno hizo eliminar enmiendas que el Senado había aprobado en contra de su criterio.
El PP y Junts, junto con ERC, pidieron aplazar la ley de agricultura hasta que la Mesa del congreso resolviese sus recursos, pero como los socialistas se negaron, optaron por tumbaron la de Sanidad.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las interrupciones del PP por su disconformidad con el orden del día: "Lo primero, quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo lamentable que nos está ofreciendo nuevamente el PP", ha señalado, al tiempo que ha lamentado el comportamiento de la derecha en un día que, a su juicio, "debería ser felicidad".
En este punto, García ha defendido que, después de la pandemia de Covid-19, uno de los "deberes más urgentes" era la creación de la Agencia. "Un organismo diseñado para reforzar nuestra capacidad de vigilancia, mejorar la coordinación entre administraciones y dotarnos de una respuesta más ágil. Se trataba de construir un sistema de prevención del siglo XXI capaz de anticiparse a los desafíos", ha apuntado García.
La ministra ha asegurado que la pandemia "pilló con el pie cambiado" y "con los radares apagados", algo que "no puede volver a pasar", por lo que ha justificado la creación del organismo, al tiempo que ha recordado que las competencias en materia de vigilancia continuarán en las comunidades autónomas.
"Esta ley es un granito de arena más en contra de todos los negacionismos presentes en la sociedad. España va en la dirección correcta, está a la altura de los retos que tiene por delante y está preparada para abordarlos. Esta ley es una deuda del pasado, pero sobre todo es un compromiso con el futuro", ha destacado la ministra de Sanidad.
Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Martínez ha celebrado que la Agencia es un "ítem de excelencia" en el sistema sanitario y ha recordado que incluye el concepto de 'One Health':
"Que tiene en cuenta factores como el cambio climático y, por supuesto, el estilo de vida".
Durante su intervención, García también ha defendido y agradecido el trabajo que realizó en la pandemia el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien no descarta presidir la nueva Agencia.
"Gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país y por aguantar los insultos", ha señalado García al director del CCAES, que ha estado presente en el Pleno.
En contra, la diputada del PP María del Mar Vázquez ha dudado sobre la independencia de la Agencia, al tiempo que ha asegurado que "va a acabar siendo un chiringuito".
"Mal vamos si antes de que nazca esta Agencia ya conocemos al que se postula como director de la misma, Fernando Simón. El portavoz de las mentiras institucionales, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que recibía", ha achacado la 'popular'.
En este punto ha coincidido el diputado de Vox, David García, quien ha calificado a Fernando Simón como "títere" del Gobierno durante la pandemia de Covid-19.
"Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia", ha señalado.
Luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario
El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario, tras el debate de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta. La norma aprobada por el Gobierno en enero de 2024, promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados a suscribir convenios de colaboración con ONG para esta donación y contempla sanciones por incumplimiento.
La nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido pero que mantengan condiciones óptimas de consumo, que se transformarán en otros productos, como zumos o mermeladas.
Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.
En cuanto a bares y restaurantes, tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables y se enfrentarán a sanciones de no hacerlo.
Asimismo, el proyecto de ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio.
Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados "feos, imperfectos o poco estéticos", o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio.
En cuanto al Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las CC.AA.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.
Al margen de este texto, la norma ha incluido tres enmiendas del Senado aprobadas para rebajar la protección al lobo. Por otro lado, el PP pidió aplazar el debate del texto después de que la Mesa de la Cámara vetase varias enmiendas que hace una semana aprobó el Senado en contra del criterio del Gobierno.
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