MADRID.- La empresa de reparto Glovo ha anunciado que deja atrás su modelo de falsos autónomos, por el que acumula millones de euros
en sanciones de Inspección y cotizaciones impagadas y por el que su
consejero delegado, Oscar Pierre, está siendo investigado en un proceso
penal, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.
La empresa de origen catalán hace este anuncio solo un día antes de la
cita de Pierre ante el juez. A partir de ahora, explica la compañía,
pasan a un modelo 100% laboral, en el que sus repartidores serán
trabajadores con contratos al uso, sin autónomos de por medio, según publica El País.
El
Ministerio de Trabajo estima que este anuncio de Glovo significará la
regularización de 60.000 personas que han repartido para Glovo desde
2021 (algunos durante años, otros unos meses o días), “el movimiento
afiliativo más importante de la historia de España”, ha dicho la
vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. La
empresa asegura que opera con unos 15.000 riders en España
“La
tecnológica española Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en
España que permitirá la operativa con repartidores laborales. Esta
decisión y apuesta se produce como parte de su firme compromiso con
España y con el impulso de la economía digital en el país”, dice Glovo
en un comunicado enviado a los medios este lunes.
“El cambio de modelo”,
prosigue la compañía, “incluirá la totalidad de ciudades en las que
Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a
todas las verticales de la aplicación. El nuevo modelo mantendrá en todo
momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y
establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país”.
Glovo
asegura que está preparada para que su servicio “se desarrolle como
hasta el momento” con este cambio de modelo, “manteniendo métricas tan
relevantes como los tiempos de entrega o la disponibilidad de
repartidores en cualquier momento del día, entre otras”.
Asimismo, la
empresa anuncia que abrirá un diálogo con los agentes sociales “para
dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de
operativa se desarrolle con consenso”. La empresa no concreta fechas
para su cambio de modelo, pero manifiesta su intención de que sea “lo
antes posible”, una vez resuelva varios procesos administrativos.
La propietaria de Glovo, Delivery Hero, también ha emitido un comunicado
en el que anuncia que el cambio tendrá un impacto de “aproximadamente
100 millones de euros en el EBITDA ajustado para el ejercicio fiscal de
2025″.
A la vez, eleva las provisiones de gasto por el impacto de
multas, reclamaciones de IVA y cotizaciones atrasadas a la Seguridad
Social de una horquilla de 330 a 550 millones a otra que va de 440 a 770
millones. “Hoy, la dirección de Glovo ha decidido cambiar del modelo freelance a
un modelo basado en empleo para sus repartidores en España, con el fin
de evitar más incertidumbres legales que pudieran aumentar las
contingencias”, añade Delivery Hero en su comunicado.
Además, este lunes ha trascendido que Just Eat, que sí contrata a sus repartidores (directamente o por empresas de trabajo temporal), denunció el viernes a Glovo por competencia desleal
y le reclama 295 millones de euros en daños y perjuicios. “Numerosas
sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como
falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral.
Esto sitúa a
Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya
que Just Eat España, tal y como exige la ley, sí contrata a los
repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes
adicionales”, dice Just Eat España en su comunicación. La empresa
calcula que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros con sus
falsos autónomos en los últimos años, “lo que ha permitido a Glovo
adquirir una ventaja competitiva significativa”.
Díaz
ha opinado sobre el anuncio de Glovo desde Bruselas: “Un joven que
transitaba en una bicicleta con un móvil en su mano, en cualquier ciudad
del mundo, no es un emprendedor. Hemos hecho normas que así lo
disponen. Por fin lo hemos conseguido, ninguna empresa, por grande que
sea, por mucho poder que tenga, puede imponerse a la democracia”.
Según
las estimaciones de su departamento, 60.000 repartidores han trabajado
como autónomos para Glovo desde 2021. Es una cifra acumulada, no los que
en la actualidad reparten para Glovo. Según la propia compañía, unos
15.000 riders reparten actualmente para Glovo en España. “Es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España”, ha dicho Díaz.
Hasta abril, según detalló Inspección a El País, el organismo había regularizado a 41.000 repartidores de Glovo
desde la fundación de la compañía, en 2015. Los expertos del sector
suelen señalar que muchos repartidores están fuera del radar estadístico
por el alquiler de cuentas a terceras personas, normalmente a
inmigrantes que en ocasiones carecen de permiso de trabajo.
La
vicepresidenta segunda ha agradecido “a los centenares de inspectores
que se han dejado la piel para que esta empresa cumpla con la legalidad
vigente; el principio de legalidad se impone”.
Asimismo, Díaz ha
explicado que Glovo debe 267 millones de euros en cotizaciones impagadas
a la Seguridad Social, sin contar los costes de las sanciones
administrativas. Ni Inspección ni Glovo precisan esta cifra, pero cabe
recordar que la provisión por gastos de este tipo de Delivery Hero es
una horquilla que va de 440 a 770 millones de euros.
Supremo, ley rider y proceso penal
El Gobierno aprobó la ley rider en 2021
para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén
protegidos por un contrato de trabajo en lugar de uno mercantil. Pero
Glovo, la principal empresa del sector, viene ignorando la nueva
legislación, a pesar de las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores.
Ante ese empeño en esquivar la legislación, el Ejecutivo puso en marcha el pasado verano “la vía penal”, según dijo a El País el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
“Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley
para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema
solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones
penales”, comentó en una entrevista con El País.
El
Gobierno acababa de cambiar el Código Penal para reforzar el castigo a
estrategias como la de Glovo. Desde enero de 2023 se amenaza con penas
de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los
que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su
contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las
mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
La
investigación penal en marcha deriva de un informe elaborado por
Inspección y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de
2023, que detalla cientos de casos concretos de empleados que deberían
ser asalariados, pero reparten para Glovo como trabajadores por cuenta
propia.
La Fiscalía de Barcelona acusa a Pierre, consejero delegado y
cofundador de la compañía, de “menoscabar y suprimir” los derechos
laborales de sus repartidores. Además, el ministerio público consideraba
“indiscutible” que los riders son empleados por cuenta ajena.
“Hemos
tenido que modificar el Código Penal para mandar un mensaje fuerte a
las empresas. Lo que sirve en España sirve para el conjunto de grandes
tecnológicas del mundo”, ha comentado la ministra de Trabajo. Díaz ha
precisado que este movimiento de Glovo no detiene ninguna de las
reclamaciones de Inspección ni el proceso penal en curso.
Cautela sindical
Riders X Derechos,
uno de los colectivos más movilizados en la defensa de los derechos de
los repartidores, pide “cautela” ante el anuncio de Glovo, “recordando
su historial delictivo y la coincidencia con la declaración judicial de
su fundador, Oscar Pierre”.
Señala que Glovo “se ha mantenido al margen
de la ley impunemente, precarizado el trabajo con pagos aleatorios,
competencia entre repartidores y explotación de migrantes en condiciones
informales, lo que ha provocado incluso muertes”.
También reclama
“transparencia en su sistema algorítmico, la regularización de
repartidores migrantes, el respeto a la libre unión sindical y el cese
del apoyo a organizaciones que avalan su modelo fraudulento”.
Asimismo, CC OO reivindica la importancia de la directiva europea
sobre el trabajo en plataformas, en la que España ha jugado un papel
clave, y reclama que el foco vaya más allá del reparto de comida.
“La
directiva es de aplicación para el conjunto de plataformas. Lo más
visible es el reparto de comida, pero también las hay de cuidados, de
traducción o en la profesión periodística”, precisa Raúl Olmos, adjunto a
la Secretaría de Acción Sindical de CC OO.
“La directiva europea
incluye a todas las plataformas digitales y no solo a las de reparto.
Asimismo, el sindicato recuerda que la trasparencia algorítmica es un
derecho de todas las personas trabajadoras de cualquier empresa o
sector”, insiste UGT.
