MADRID.- En España hay más de 200.000 trabajadores que ejercen como falsos
autónomos, según datos recopilados por Uatae en 2017. Esta figura
corresponde a las personas que prestan sus servicios a una empresa, como
un empleado de plantilla más, pero dada de alta como trabajador por
cuenta propia, según elEconomista.
De esta forma, el empresario se ahorra el coste social del contrato,
que asciende de media a 450 euros al mes para un empleado a jornada
completa, y paga solo la cotización del autónomo, de 267 euros. Una
medida económica pero ilegal. "Si tú eres autónomo no recibes órdenes,
gestionas tu propio trabajo y tus horarios. El falso autónomo tiene un
horario fijo y está bajo las órdenes de otras personas", explica Alicia
Carrascal, colaboradora de Easyoffer, plataforma online de abogados.
Si
una inspección de trabajo detecta un contrato irregular de este tipo,
la empresa se enfrenta a multas de entre 3.000 y 10.000 euros, según
establece el Artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, que recoge las posibles sanciones. Además, al empresario
se le puede exigir abonar las cuotas de la Seguridad Social por ese
trabajador con carácter retroactivo, y con un recargo que puede llegar
hasta el 150%.
Según la gravedad del fraude se podría incurrir en un delito contra
la Hacienda Pública y la Seguridad Social que implicarían penas de
prisión. A partir de los 50.000 euros podría darse esta situación,
aunque es necesario que un abogado especialista examine cada caso, pues
entran en juego muchas particularidades y condicionantes. También varían
mucho las penas, pero la Ley contempla supuestos que pueden superar los
cinco o seis años de cárcel en muchos casos.
Para el falso autónomo no existen sanciones, ya que se considera que
es la víctima -y no cómplice- en la relación, y de facto es esta persona
la que debido a su situación está perdiendo derechos y haciéndose cargo
de unos costes laborales -la cuota de autónomo- que no le corresponden.
Es el eslabón débil de la cadena y la Inspección busca protegerlos y no
castigarlos.
Una empresa que ya
cuenta con falsos autónomos y que pretende regularizar su situación no
lo tiene fácil, ya que es un proceso complicado. Si aún así decide
afrontar el problema y dar el paso, se arriesga a que el trabajador le
exija las cotizaciones anteriores no abonadas.
No es el único obstáculo. También deberá justificar su comportamiento
hasta el momento, y mostrar su firme voluntad de que no se repetirá
este modo de proceder. "Una vez que empiezas a componer tu plantilla con
falsos autónomos, es difícil dar marcha atrás, salvo que la relación
con esos empleados sea estrecha y de confianza", concluye la experta de
Easyoffer.
Para tratar de mitigar este problema, el Gobierno aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que refuerza las inspecciones laborales.
Entre otras cosas, el plan incluye la supervisión de la economía de
plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos,
becarios y prácticas no laborales, así como formación para el empleo.
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