Ana García (CCOO PV): "La relación hoy con el Consell es fría como el invierno"

 VALENCIA.- La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha afirmado que la relación actual de su sindicato con el Consell es «fría como el invierno, salvo con el secretario autonómico de Empleo», Antonio Galvañ, y ha reclamado al gobierno valenciano la reactivación del diálogo social.

García, reelegida para seguir al frente de CCOO PV el pasado mes de mayo, ha explicado sobre la relación con el Consell, que «no hay contacto, no hay conexión, no hay llamadas». Cree que el motivo es que desde el Gobierno valenciano «no son capaces de entender y aceptar la crítica política».

Ha detallado que la última vez que la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, llamó al sindicato «fue el 21 o 22 de mayo para decirnos que se iban a aprobar las enmiendas de los presupuestos y ya nunca más se supo». 

«Se empezó bien» al inicio de legislatura, pero desde el 29 de octubre el diálogo social está «bastante parado», aunque CCOO «siempre va a tener la mano tendida porque quiere seguir ejerciendo su papel constitucional para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía».

García ha explicado que tras la dana se convocó a los agentes sociales para constituir una mesa con reunión mensual, pero estos encuentros no se han producido. Solo está activa una submesa relacionada con la formación profesional para el empleo, que valora positivamente, y ha reclamado la convocatoria de otras mesas de diálogo, como la de recuperación social, la económica y la verde.

La dirigente sindical ha criticado que los presupuestos de la Generalitat responden «más a cuestiones ideológicas que a las necesidades del conjunto de la ciudadanía» y «no son los adecuados para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad». 

Ha lamentado los «recortes» en áreas como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o en cooperación, donde ve «un sustrato de xenofobia», y los «incumplimientos» del acuerdo para homologar las condiciones laborales en servicios sociales.

Además, ha afirmado que los recortes que afectan a sindicatos y patronal suponen «un ataque a un pilar fundamental de la democracia». Respecto a posibles acciones legales, las están «estudiando jurídicamente».

Respecto a la recuperación tras la dana, Ana García ha señalado que «lo primero que se podría mejorar es que nos puedan sentar en una mesa y explicarnos cómo va avanzando, tanto por la parte de la Generalitat como por la del Gobierno central».

 «No sabemos cómo va la reconstrucción más allá de lo que los medios van explicando», ha lamentado.

Ha insistido en la necesidad de coordinar ayudas y agilizar su tramitación, y ha avisado de que «es incompatible decir que hay que activar el consumo interno para crear empleo si los trabajadores no tienen unos salarios dignos».

 Ha reivindicado un protocolo de actuación unificado «a nivel estatal» para todas las administraciones ante emergencias climáticas como la dana.

Sobre si cree que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene que dimitir, ha insistido en que «si un político no entiende la crítica y no entiende que, ante una equivocación de un calibre tan grande, está la posibilidad de dimitir, igual se ha equivocado de profesión». 

García ha asegurado que las movilizaciones sociales continuarán «mientras no se asuman responsabilidades».

García ha advertido que se debe analizar si hay «un efecto paralización» en la llegada de inversiones «por esa inseguridad jurídica que nos puede parecer que ha venido tras el 29 de octubre» .

«Creemos que algunas empresas pueden estar pensando que hay inseguridad jurídica porque ha pasado lo que ha pasado. Si me implanto en l'Horta Sud, ¿voy a tener algún problema el día de mañana con otra dana? ¿los seguros me van a proteger? Cuando una empresa se quiere implantar, hace un estudio de viabilidad, y todo eso está encima de la mesa. Nos gustaría analizar eso en las mesas del diálogo social», ha afirmado.

Preguntada por qué cree que llegará antes, si la reforma de la financiación autonómica o la recuperación tras la dana, García ha opinado que «a este ritmo es probable que algunas familias puedan pasar página antes de que llegue el modelo de financiación, pero esto se arreglaría muy sencillo» si los dos grandes partidos dejaran de «hacer cálculos partidistas». 

A su juicio, la financiación «se ha estado utilizando en los últimos años como arma arrojadiza».

Sobre la campaña de contrataciones de verano en el turismo, García ha señalado que «todavía hay asignaturas pendientes» en un modelo de turismo de masas que «no suele dejar una economía muy boyante». Ha destacado la importancia de desestacionalizar y fomentar el turismo interior, aunque también ha hecho hincapié en «mejoras» de los últimos años como la reforma laboral que incentiva los fijos discontinuos.

«Ahora, en breve, seguramente vamos a volver a escuchar que no hay trabajadores para el sector y lo que no hay son esclavos dispuestos a estar en un sector difícil de atención al público. Tienen unos requisitos formativos cada vez más altos, pero no van acompañados con las condiciones laborales. No puede ser que se sigan contratando por pocas horas y luego hagan jornadas maratonianas», ha denunciado, para llamar a cambiar la «cultura empresarial» y a «reforzar el servicio público de inspección de trabajo».

Finalmente, sobre cómo valora las políticas de vivienda del Consell, ha insistido en que CCOO PV desconoce si avanza la situación al no convocarse las mesas de diálogo social, al tiempo que ha reprochado que el gobierno autonómico «no está aplicando la ley estatal».

García ha asegurado que «no por inundar el mercado de vivienda, el precio va a bajar», porque el problema es «multicausal». 

Así, ha defendido la «contención de precios», «un parque público de vivienda acorde para las familias más vulnerables» e «incentivar que las viviendas vacías se puedan poner a disposición del mercado». 

Ha criticado la posibilidad de privatizar viviendas públicas, ya que «esos recursos salen de nuestros impuestos, y la mayoría provienen de la clase trabajadora».

Las horas extra no pagadas generarían 26.812 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, según un informe de CCOO

 VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en la que se realizan más horas extraordinarias no pagadas, 380.375 a la semana, lo que significa que 431,66 millones de euros no son ni retribuidos ni cotizados. Con este tiempo no retribuido, se podrían generar 26.812 puestos de trabajo.

Estas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por el sindicato CCOO en el marco de la conmemoración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 

«Queremos visibilizar que existe mucho margen de mejora en la lucha contra el fraude y en favor de un empleo en condiciones dignas», declara, en un comunicado, el secretario de Acción Sindical de CCOO PV, Daniel Patiño.

De acuerdo a los datos facilitados por esta organización, en el territorio valenciano un total de 63.425 personas realizan 380.375 horas extra a la semana no pagadas. Esto sitúa a la Comunitat en tercera posición tras Madrid y Cataluña, siendo el territorio de mayor porcentaje de personas asalariadas (3,23%).

«Estos datos tienen una importante repercusión directa en los salarios y en el tiempo de trabajo de las personas, pero también un impacto en los sistemas públicos de protección social y, en definitiva, en el estado del bienestar. En concreto, se traducen en 431,66 millones de euros al año que no se retribuyen, ni cotizan, ni tributan», subrayan.

Si se analiza la jornada media pactada en esta región, y según la encuesta trimestral de coste laboral, se crearían 26.812 puestos de trabajo a jornada completa, con mayor incidencia en el sector servicios.

 En el caso de que se implantara la reducción del tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas, se estima que se incrementarían hasta los 27.527 puestos de trabajo a jornada completa.

«Experiencias puestas en práctica en otros países han mostrado evidencias de que la reducción de la jornada ha impulsado una reorganización en la gestión de procesos que han tenido efecto en la reducción de horas extraordinarias», apunta el informe.

El documento recoge además que son 7,31 horas de media por persona trabajadora al mes las que no se trabajan por situación de Incapacidad Temporal. Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, hay «notables diferencias» entre las pymes y micropymes con respecto a empresas de gran tamaño.

«A partir de estos datos consideramos que existen otras prioridades que también afectan a la salud y no se están atajando de manera eficaz, como sucede con la lucha contra el fraude por la realización abusiva de horas extraordinarias», ha destacado Patiño.

El STEPV acuerda convocar huelga general a finales de mayo para "frenar las políticas de recortes" de la Generalitat

VALENCIA.- El Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha dado el visto bueno a la convocatoria de una huelga general en la enseñanza pública no universitario a finales del mes de mayo con el fin de «frenar las políticas de recortes» de la Generalitat.

El organismo, reunido en la mañana de este viernes, ha analizado el resultado de las asambleas comarcales celebradas para decidir la convocatoria de un paro general que, mayoritariamente se han mostrado favorables a la acción.

Por lo tanto, el Secretariat Nacional ha resuelto, por lo tanto, dar el visto bueno a la convocatoria de la huelga y trasladará la decisión a la Plataforma per l'Ensenyament Públic para que la movilización sea compartida por toda la comunidad educativa.

STEPV considera que hay que convocar esta huelga para «frenar las políticas educativas que está implementando el gobierno valenciano y la Conselleria de Educación, frenar los recortes iniciados en la enseñanza pública y forzar la negociación de una plataforma reivindicativa que mejore las condiciones laborales del profesorado y la mejora de los centros educativos y de la enseñanza pública».

Entre los motivos de la protesta, este sindicato alude a la futura ley «que se anuncia como de libertad educativa», aunque, a su parecer, «niega la libertad de negociación de los miembros de la comunidad educativa para encontrar soluciones en los problemas de la educación y la convierte en una ley atenta contra el derecho a la negociación colectiva».

Además, STEPV rechaza la modificación del decreto de admisión que incorpora el distrito único «segregador y la posibilidad que sean los centros los que eligen el alumnado, hecho que perjudica la enseñanza pública porque facilita que las familias con más recursos eligen la concertada y, por lo tanto, recortes de unidades en la pública»; la propuesta de ley de «libertad educativa, que solo pretende arrinconar el valenciano a la enseñanza»; o «los recortes en la enseñanza pública ya han empezado a evidenciar, en el Plan Edificant de construcción de centros públicos y en el recorte de idiomas en las escuelas de idiomas, mientras se incrementa el presupuesto de la concertada».

Igualmente, critica «la intención de la Consellería de dedicar inversiones solo en el sector privado, como la etapa infantil 0-3 años, mientras recorta las inversiones en la red pública; y que la nueva ley no afronta temas preocupantes entre el profesorado como la eliminación del exceso de burocracia, mejorar las retribuciones del profesorado, dotar los centros del personal especializado necesario para atender la salud mental del alumnado, reducir las ratios o mejorar la salud laboral».

El sindicato mayoritario considera que son necesarias «acciones contundentes para revertir la falta de negociación que se ha instalado en la Conselleria de Educación y que anuncia un futuro preocupante, así como la aplicación de las políticas educativas regresivas que está aplicando el gobierno valenciano y que van contra los intereses de nuestro alumnado, del profesorado y de la escuela pública».

«O reaccionamos ahora o la supuesta libertad de educación será la de la libertad para desmantelar la escuela pública», advierte STEPV, que anima el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad valenciana a «movilizarse por una educación pública, de calidad, laica, inclusiva, gratuita y en valenciano».

Emotivo adiós al histórico dirigente de Comisiones Obreras en Alicante, José de la Casa

ALICANTE.- El sindicato Comisiones Obreras celebrará dentro de unas semanas un segundo homenaje a su histórico dirigente alicantino José de la Casa - fallecido el viernes pasado- después de la despedida emotiva que le han dispensado dos centenares de personas, este domingo, en el Tanatorio La Siempreviva.

«Un dirigente obrero con mayúsculas» además de «una gran persona», así lo ha retratado con la voz entrecortada por las lágrimas el secretario general de CCOO-PV, Arturo León, quien ha recordado la trayectoria del responsable de su organización en las comarcas de L'Alacantí y Les Marines durante casi dos décadas, entre 1991 y 2008, además de las tareas asumidas posteriormente en la organización en su directiva autonómica.

A continuación, Consuelo Navarro, quien sucedió a De la Casa en el cargo en Alicante, también ha elogiado las enseñanzas que ofreció a sus compañeros y su compromiso con la «política social» del sindicato. Y ha anunciado ese otro «homenaje más extenso» que organizará el sindicato en próximas fechas en Alicante.

El colectivo de Esquerra Unida de la ciudad de Alicante ha «lamentado profundamente la pérdida» de quien también fue un «destacado y activo militante» de esta organización, además de «sindicalista comprometido con la lucha de la clase obrera, ejemplo y referente de la izquierda alicantina».

Por eso, han subrayado sus compañeros de EU le recordarán «uno de los imprescindibles, con el compromiso de recoger la antorcha de la lucha por construir una sociedad más justa entre personas iguales».

Entre quienes han acompañado a los familiares de De la Casa en la despedida de este domingo, además de decenas de compañeros suyos de CCOO, se encontraban el actual concejal portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, el exconcejal y portavoz de Guanyar (EU-Podemos) Miguel Ángel Pavón y uno de los sindicalistas con quien más sintonía mostró y con quien impulsó la unidad de acción, Javier Cabo, antiguo secretario general de UGT en Alicante, según la crónica de Abc. 

Los sindicatos piden al Gobierno que suba el salario mínimo y las pensiones

MADRID.- Los sindicatos han reclamado este martes al futuro Gobierno que combata la precariedad laboral con la subida del salario mínimo, garantice la revalorización de las pensiones y que ponga en marcha una reforma fiscal más justa.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado al Gobierno que trabaje para "reducir la desigualdad, la precariedad", un camino en el que CCOO "está llamado a intervenir" a través del diálogo social, que en su opinión va a jugar un papel "determinante".

Sordo ha asegurado que una de las medidas prioritarias, junto con la revalorización de las pensiones, es la subida del salario mínimo, para lo que ha emplazado a la CEOE a intentar llegar a un acuerdo, aunque "si no hay posibilidad de acuerdo, el Gobierno tendrá que decidir".

Ha recordado que el objetivo del sindicato es lograr un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, que ha cifrado en 1.003 euros, un importe que coincide con la del acuerdo de Gobierno.

También UGT ha reclamado en un comunicado al nuevo Gobierno que fortalezca el Estado del bienestar, apueste por la recuperación económica y recupere el "equilibrio" en las relaciones laborales, con subida de los salarios más bajos y la revalorización de las pensiones conforme a la inflación.

Asimismo, ha considerado fundamental derogar la reforma laboral de 2012 antes de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y ha abogado por una reforma fiscal integral "más justa y equitativa" y un sistema de protección social fuerte.

Por su parte, la CSIF ha pedido al futuro Gobierno que con "diálogo, sensibilidad y eficacia" aborde la precariedad del mercado laboral, el sistema de protección social, el deterioro de los servicios públicos o la incertidumbre asociada al "brexit".

También reclama la aprobación en el primer Consejo de Ministros de la subida salarial de 2020 para los empleados públicos, la puesta en marcha de la jornada de 35 horas para los funcionarios, la homologación salarial entre administraciones o la agilización de las ofertas de empleo público.

En cuanto a USO, el sindicato ha abogado por un cambio de modelo productivo volcado en la industria y la investigación y desarrollo, la elaboración de planes de empleo juvenil reales o una reforma fiscal justa.

Otras reivindicaciones del sindicato son el blindaje de las pensiones en la Constitución, garantizar el sistema de prestaciones por desempleo o la modificación de la ley sindical que, en su opinión, "perpetúa los privilegios de los que disfruta el bisindicalismo".

La CSIF decide este jueves quien sustituirá a Daniel Matoses al frente del sindicato

VALENCIA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra este jueves el noveno Congreso Ordinario de la Unión Autonómica CSIF Comunitat Valenciana para aprobar las líneas a seguir los próximos cuatro años y decidir la nueva dirección del sindicato.

Un total de 225 compromisarios de la central sindical, elegidos en representación de los más de 18.000 afiliados con que cuenta en la Comunitat, participarán en el congreso que se desarrollará en el hotel SH València Palace, según adelanta el sindicato.

En este congreso, el actual presidente, Daniel Matoses, presentará a los compromisarios el informe de gestión de la labor desarrollada en esta última etapa, desde que fue reelegido en enero de 2016.

Lo hará después de la apertura oficial, prevista a las 11 horas, y de la entrega de distinciones a "personas relevantes en el crecimiento de la central sindical".

Una vez votado el informe de gestión se configurará la mesa del congreso y se abrirá un plazo para presentación de candidaturas a liderar la unión autonómica en el próximo cuatrienio.

Tras ser refrendadas por la mesa, se producirá la defensa de candidaturas y, a continuación, la votación en urnas de los compromisarios, que decidirán la nueva dirección del sindicato.

La clausura del congreso está prevista a partir de las 19 horas y correrá a cargo del presidente nacional, Miguel Borra.

Sindicatos y Gobierno acuerdan subidas salariales para el personal laboral

MADRID.- El Gobierno y los sindicatos han firmado este lunes el IV Convenio único para el personal laboral, que beneficiará a unos 40.000 trabajadores y que implicará una subida lineal del salario de 280 euros anuales y una mejora de las tablas salariales, entre otras medidas, con cargo a los fondos adicionales.

La subida salarial para la categoría más baja este año superará el 9 % y ascenderá al 11 % si se tiene en cuenta el repunte aplicado a todos los empleados públicos a principios de año (2,25 %) y al 14 % en 2020 también incluyendo el repunte general, según han explicado en la presentación del convenio.

De esta manera, el personal laboral que menos cobra recibirá 1.136 euros mensuales tras el acuerdo y podrá llegar a casi 1.200 euros en 2020 si se dan los repuntes variables máximos previstos en el acuerdo salarial de los empleados públicos.

El acuerdo, que supondrá una mejora salarial media del 5,5 % incluyendo el repunte general, contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efecto desde el 1 de enero de 2018, con lo que una vez que entre en vigor el convenio los trabajadores cobrarán los atrasos con efecto retroactivo.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha puesto en valor el convenio que mejora las condiciones laborales y retribuciones, con lo que se salda "una deuda con el personal laboral reconociendo su profesionalidad, compromiso con los ciudadanos y calidad".

El convenio es de aplicación al personal de la Administración General del Estado, así como la administración de justicia no transferida, la Seguridad Social, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras instituciones.

El convenio avanza hacia la homologación del personal laboral con el funcionario, establece un sistema retributivo complementario, homogéneo y completo y facilita la movilidad y el rejuvenecimiento de las plantillas.

El acuerdo, cuya vigencia arranca el 1 de enero de este año y vence el 31 de diciembre de 2021, también adecúa la clasificación profesional al marco educativo en vigor y contempla la posibilidad de que el personal laboral pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada a partir de 2021.

Los sindicatos firmantes, CCOO y UGT, han valorado el "esfuerzo" para mejorar el salario de quienes menos cobran y el avance en el rejuvenecimiento de las plantillas al permitir la jubilación parcial, así como la agilización de la movilidad al establecer el concurso abierto y permanente.

Sin embargo, CSIF ha rechazado la firma al conseguir que deja fuera a la mayoría de los empleados públicos y que el acuerdo es improvisado e insuficiente.

Este lunes también se ha suscrito el acuerdo para el reparto de los fondos adicionales, que además de financiar la mejora salarial del personal laboral que menos cobra también servirá para mejorar el complemento de destino del personal dedicado a la atención al ciudadano y para reclasificar a trabajadores de instituciones penitenciarias.

En cifras, los fondos adicionales suponen unos 50 millones de euros entre 2018 y 2020, que se destinarán al convenio único (15 millones), la paga lineal del personal laboral (10 millones) y revisar retribuciones complementarias y desarrollo de carrera profesional (5 millones), junto a otras iniciativas.

AUGC considera que los festejos de la patrona en la Comunitat son un "derroche que no se puede permitir"

VALENCIA.- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado los festejos preparados en la comandancias de la Comunitat para celebrar el día de la patrona de esta institución armada son un "dispendio" y un "derroche que no se puede permitir" tras los "recortes económicos y de derechos".

   La organización, en un comunicado, ha señalado que en la Comandancia de Valencia, "donde hace tan solo un mes denunciábamos la gran cantidad de vacantes por ocupar existentes, dedicará en el día de hoy a cerca de 200 efectivos para desfiles, paradas militares y actos religiosos en la provincia de Valencia".

   En este punto, ha señalado que en la capital valenciana desfilan cerca de un centenar "acompañados de todo tipo de material como motocicletas, perros, el equipo de rescate de montaña, el vehículo destinado a los TEDAX". Se trata de un material y de guardias civiles que se "detrae de su servicio al ciudadano", ha afirmado.

   También ha recordado el uso que se hizo el día 7 del  helicoptero del Cuerpo, el cual junto a otros guardias civiles y medios, "se dedicaron a exhibirse en el acuartelamiento de Paiporta con motivo de celebración de los actos de la Virgen del Pilar, mientras de se desarrollaba una carrera popular organizada por la Guardia Civil".

   Por ello, ha señalado que, un año más, AUGC "no participará en ninguna de estas celebraciones" porque consideran que "no hay nada que celebrar".

   "A los guardias civiles no sólo nos han hurtado la paga extra de navidad, como al resto de funcionarios, sino que también nos quieren mermar nuestros derechos remilitarizándonos", ha remarcado.

   Por ello, AUGC "no caerá en este juego cargado de hipocresía que solo pretende, como siempre, ofrecer a los ciudadanos una imagen engañosa de que todo va bien, cuando no es así". Porque, ha continuado, "los que finalmente se verán afectados por los recortes que se están imponiendo en la Seguridad del Estado serán los sufridos contribuyentes", ha concluido.

Marcelino Camacho se encuentra en estado grave pero no ha muerto

MADRID.-   Comisiones Obreras ha aclarado esta noche que el histórico dirigente y fundador del sindicato, Marcelino Camacho, de 92 años, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid en estado grave pese a que el coordinador general de EUiA y diputado del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha afirmado en un comunicado que había muerto.

El sindicato CC.OO. desmintió poco después que el histórico dirigente del sindicato hubiera fallecido, tal y como anunció esta noche ese otro comunicado anterior, según informó el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Desde el sindicato, tras contactar con la familia de Camacho, se negó rotundamente este extremo, según la versión del propio hijo del histórico activista.

Posteriormente, la formación política EUiA ha lamentado haber anunciado través de un comunicado, remitido a todos los medios sobre las 22.00 horas, la "información errónea" del fallecimiento de Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO.

   Una vez desmentida la información, la propia EUiA ha emitido un segundo comunicado a las 22.57 en el que lamentaba la confusión, que ha sido reproducida por la mayoría de ediciones digitales de los periódicos.

   "Lamentamos la nota de prensa anterior donde informábamos de la muerte del fundador de la Confederación Sindical de CCOO, Marcelino Camacho. Hemos recibido una información errónea donde se informaba de su muerte pero, actualmente, Camacho sigue ingresado en el hospital", ha afirmado el EUiA.

Miles de personas se manifiestan en Alicante para pedir inversión pública y protección social ante la crisis

VALENCIA.- Miles de personas, 20.000 según la organización y 10.000 según fuentes policiales, se manifestaron hoy en la ciudad Valencia bajo el lema 'Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social', con motivo de la celebración del Primero de Mayo.

En este día, los responsables de CCOO-PV y UGT-PV, Francisco Molina y Conrado Hernández, respectivamente, hicieron una especial mención a la necesidad de un cambio de modelo productivo y reclamaron un pacto "con la sociedad y la ciudadanía" para superar la actual crisis.

La marchas convocadas por los sindicatos para conmemorar el 1 de Mayo se repitieron también en la ciudad de Alicante, donde participaron más 15.000 personas según los sindicatos; y en Castellón, donde asistieron 3.000 manifestantes según fuentes sindicales y unos 1.800 de acuerdo con los datos de la Policía Nacional.

En Elche, con unos 2.000 asistentes, la manifestación recupero el espíritu de años atrás.

Hubo toques de atención para el gobierno de Zapatero pero también para el de Camps, se abogó por una huelga general. Y se demandaron mejoras en políticas de empleo, de sanidad o de vivienda.

Para los sindicatos «debemos buscar nuevos yacimientos de empleo y ser capaces, ya sea con inversión pública o privada, de hacerlos realidad».

Piden a los empresarios «la responsabilidad social de sus empresas para el mantenimiento del empleo. Que mantengan sus empresas en esta comarca y no sirva la crisis para trasladarlas a otros lugares. Con confianza, empleo y salarios dignos es como podremos cambiar la dirección de esta crisis, puesto que si tienes dinero consumes, si consumes tienes que producir y si produces necesitas trabajadores y trabajadoras».

«Hay que decirles a aquellos empresarios insaciables que la crisis no la ha provocado el mercado de trabajo».

Destacan que «la economía española atraviesa por un momento grave, de que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras se encuentran en los márgenes de la exclusión social, y no saldremos sin una implicación activa del conjunto de la sociedad».

Se trata sobre todo, a su juicio, «de garantizar la protección social de las personas más afectadas por la crisis evitando que caigan en las zonas de exclusión, reactivar la actividad económica para evitar que se siga destruyendo empleo, y establecer las bases para cambiar el modelo de crecimiento en aras a conseguir una economía más sana y sostenible y menos vulnerable a los cambios de ciclo».

Conrado Hernández es elegido secretario general de UGT-PV

VALENCIA.- Conrado Hernández, el secretario general de la Federación de Madera, Construcción y Afines (MCA) de UGT-PV, fue elegido hoy en el VI Congreso Nacional del sindicato como nuevo secretario general de la organización, con 252 votos a favor --el 87,2 por ciento del total--, 37 votos en blanco, y seis nulos.

Durante la jornada de clausura del encuentro ejercieron su derecho al voto 295 delegados de las distintas federaciones y uniones comarcales de los 301 acreditados en el congreso que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia desde el pasado jueves, y que fue clausurado por el propio Conrado Hernández, en un acto en el que también participó el secretario de Organización de la UGT, José Javier Cubillo.

Además, asistieron el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts valencianes y alcalde de Morella (Castellón), Ximo Puig, el hasta ahora secretario general de la UGT-PV, Rafael Recuenco, o el secretario general de CCOO-PV, Paco Molina, entre otros.

La nueva Comisión Ejecutiva, encabezada por Conrado Hernández Mas, estará formada también por Carlos Vila Navarro como secretario de Organización; Luís Soler Navarro en la Secretaría de Administración; Gonzalo Pino Bustos como secretario de Acción Sindical; Esther Ortega Bordería como secretaria de Política Electoral; Juan José Ortega Sánchez en la Secretaría de Relaciones Institucionales; Elvira Ródenas Sancho en la Secretaría de Empleo y Formación; Ana María Toral Pérez en Innovación y Coordinación Industrial; Petra Araque Catena en Mujer; Josefa Llorca Llinares en Política Social y Lingüística; Carlos Calero Jaén en Salud Laboral y Medio Ambiente; y María Luisa Baena Martínez en Migraciones y Cooperación.

El Congreso de la UGT-PV también eligió la Comisión de Control Económico, en una votación que obtuvo el 94,5 por ciento de los votos, ya que de los 295 votos emitidos, 277 han sido a favor de la lista presentada, 16 en blanco y dos nulos. Esta Comisión queda integrada por Francisco Andrés Ruiz como presidente, Sandra Ruiz García, Teresa Soriano Soler, Vicente Cifre Zanón y Manuel Cervera Aliaga como vocales.

Por lo que se refiere a la Delegación de la UGT-PV al Comité Confederal de la UGT estará compuesta por Carlos Vila Navarro, Esther Ortega Bordería, Gonzalo Pino Bustos y Elvira Ródenas Sancho como titulares, mientras que Luis Soler Navarro, Ana María Toral Pérez, Carlos Calero Jaén y María Luisa Baena Martínez quedan como suplentes. Esta Delegación ha sido aprobada por el 89,7 por ciento de los votos emitidos.

Conrado Hernández anunció su candidatura en el último Comité Nacional del sindicato celebrado el pasado mes de noviembre, después de saber que Rafael Recuenco no optaría a la reelección en el cargo que ha desempeñado durante los últimos 21 años.

Bajo el lema 'Ni un pas arrere en l'avanç del drets socials', el congreso contó con la participación de 301 delegados --161 de Valencia, 86 de Alicante y 54 de Castellón--, en representación de los 120.000 afiliados del sindicato, y más de 100 invitados, entre representantes del gobierno, partidos políticos, organizaciones sindicales internacionales, estatales y autonómicas, así como del mundo empresarial, cultural, asociativo y social.

En concreto, un 65 por ciento de los delegados son hombres y el 35 por ciento mujeres, mientras que, por sectores, 162 pertenecen a servicios --sanidad, educación, banca y transporte-- y los 139 restantes a los industriales --metal, construcción, química y alimentación--.

UGT-PV afrontó su VI Congreso Nacional con el doble objetivo de "abordar la situación económica actual" y de "mejorar la atención de sus afiliados" y "responder a los retos que tenemos en este momento, así como a los de futuro, y a los que tradicionales ha planteado el sindicato y sigue planteando", según anunciaron responsables del sindicato en la rueda de prensa de presentación del cónclave.

Los empleados de cajas de ahorro piden más salario

ALICANTE.- Los empleados de las cajas de ahorros instaladas en la provincia, convocados por CC OO y Csica (que firmaron el convenio colectivo con la patronal del sector Acarl), sindicatos a los que se sumaron UGT, Sindicato Vietnamita de CAM, Sicam, Csica-Secpb de La Caixa y empleados de Caja Murcia, Sate-Bacana y hasta cajas rurales, protestaron frente a la sede de CAM para pedir el incremento salarial del 2% pactado, según informó el secretario de la federación Comfia-CC OO en Alicante, Rafael Pomata.

Toxo advierte de que las "inapropiadas exigencias" de la patronal impiden avanzar en la negociación colectiva

ALICANTE.- El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, apostó por que la renovación de la negociación colectiva "termine este mes", con el fin de que se pueda rubricar el acuerdo, aunque advirtió de que las "excesivas", "desmesuradas" e "inapropiadas exigencias" de la patronal están "impidiendo el avance" de la negociación y podrían derivar en "inexistencia de un acuerdo", lo cual sería "muy mala señal para la economía".

Durante su visita a Alicante, con motivo del IV Congreso de IV Congreso de la Federación de Textil, Químicas y Afines-Fiteqa, Fernández Toxo insistió en que la negociación colectiva es "una herramienta de probada eficacia" y "nada justificaría que en estos momentos no se pudiera alcanzar un acuerdo".

A su juicio, "es importante que así lo entiendan cada una de las partes y, en particular las organizaciones empresariales, para que antes de que termine este mes, a ser posible, pudiera rubricarse el acuerdo y ponerlo a la disposición de los convenios que se van a negociar". Según recordó, más de 5 millones de trabajadores tienen pendientes la firma de su convenio colectivo y están a la espera de que se rubrique este acuerdo.

En estos momentos, según el líder de CC.OO., las "excesivas", "desmesuradas" e "inapropiadas exigencias" de las organizaciones empresariales están impidiendo el avance de la negociación y de mantenerse, "podría derivar en la no existencia de acuerdo". Esta posibilidad, según Fernández Toxo, sería una "muy mala señal" para la economía española y para las empresas, fundamentalmente.

A este respecto, aclaró que de los 11 millones de personas que están sujetas a un convenio colectivo en España, 6 millones ya tienen los convenios firmados para este año porque son convenios de carácter plurianual.

Además, tildó de "error" intentar mezclar la negociación colectiva con el conjunto del escenario del diálogo social, donde concurre el Gobierno. Según dijo, el Gobierno "no tiene nada que decir" en materia de negociación colectiva, porque es una cuestión "que compete exclusivamente a empresarios y trabajadores".

"Ahí hay que resolverlo", incidió.

Toxo reiteró que CC.OO. no está de acuerdo con que "de forma generalizada" se plantee la congelación o la reducción de los salarios, si bien recordó que la negociación salarial tiene que ser "flexible y adaptarse" a la situación de los sectores y de las empresas. "Hay herramientas para ello", apuntó.

En su opinión, el crecimiento moderado de los salarios, tomando como referencia el objetivo de inflación que ha establecido el Banco Central Europeo del 2%, no es una exigencia que se escape de las posibilidades de la economía española y de las empresas.

Aun así, dijo que en los convenios colectivos ya existe la posibilidad de que operen las llamadas "cláusulas de descuelgue", cuya introducción es obligatoria en los convenios sectoriales.

"Lo que no puede funcionar es lo que demanda algún sector de la patronal: automatismo, basta con que una empresa diga que no pueda pagar el incremento salarial para que los trabajadores dejen de percibirlo", defendió el líder sindical, quien argumentó que hay "un sistema de garantías que ha de ser cumplido y tienen que darse unas condiciones para que se apliquen las cláusulas de descuelgue".

También se refirió a otras propuestas patronales que, según dijo, todavía no se han llevado a las mesas de negociación porque, desde su punto de vista, "se envían muchos mensajes a través de los medios de comunicación y en conferencias, pero en las mesas de negociación todavía no han aparecido".

En relación con ellas, Fernández Toxo subrayó su rechazo a cualquier forma de "automatismo" en las decisiones que puedan adoptar las empresas, como también a que algunas empresas se aprovechen de la situación de crisis para disminuir los derechos de los trabajadores y mantener el ritmo de crecimiento "a costa de las reservas del Estado".