MADRID.- La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado por unanimidad la creación de una subcomisión para vigilar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, tal y como habían pedido PP y CiU en sendas iniciativas, además de haber aceptado también recuperar la subcomisión que controlará el proceso de reestructuración del sistema bancario, que ya existía en la pasada legislatura y se cerró al concluir el mandato.
El objetivo de la nueva subcomisión será "mejorar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios que ofrecen las entidades de crédito" después de que miles de ahorradores hayan sido víctimas de la letra pequeña de los contratos. Para ello, se citará a representantes de las entidades financieras, de los órganos supervisores y de los usuarios de la banca para analizar todos los puntos de vista y hacer recomendaciones que mejoren la transparencia de estos productos bancarios.
El portavoz 'popular' en la comisión, Vicente Martínez-Pujalte, ha criticado que se hayan vendido "productos complejos a consumidores que a veces no tenían todo el nivel de información necesario para hacerse cargo de una toma de decisiones compleja", mientras que la portavoz del PP en Consumo, Andrea Fabra, ha calificado de "muy necesaria" esta iniciativa ahora que "la crisis ha puesto de manifiesto la indefensión de los ciudadanos", a quienes los bancos ofrecen productos que "muchas veces no querrían ni para sí mismos".
Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha añadido al objetivo de la subcomisión el estudio de las posibles mejoras de tutela por parte de los órganos supervisores y que el análisis no se limite a las participaciones preferentes sino que se extienda a "toda la gama de productos financieros y su comercialización" para ayudar a cambiar la "perspectiva negativa" que los ciudadanos tienen sobre las entidades financieras.
La socialista Cristina Narbona ha calificado la iniciativa de "importante y oportuna" ante un sector financiero "desregulado en exceso y sin suficiente supervisión, mientras que el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha coincidido en la importancia de clarificar este asunto, aunque ha pedido que no se utilice la existencia de la subcomisión "como excusa para paralizar" cualquier otra iniciativa sobre esta cuestión que se presente a debate en el Congreso.
Por otra parte, la Comisión de Economía también ha aprobado por unanimidad la propuesta de creación de una subcomisión que siga el proceso de reestructuración del sector bancario, un órgano que ya existía la pasada legislatura en cumplimiento del decreto ley de 2009 y que se recupera como consecuencia del decreto ley del pasado 3 de febrero, ambos sobre la reestructuración y el saneamiento del sector financiero.
Esta subcomisión, que propone el PP pero que también habían reclamado los socialistas, vigilará que el proceso de fusiones bancarias garantice la viabilidad de las entidades resultantes y también controlará la evolución del crédito. En cualquier caso, su existencia no será obstáculo para la comparecencia trimestral del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ante la comisión del ramo y del presidente de la Comisión Rectora del FROB cuando dicho fondo realice alguna operación.
Queda pendiente todavía la petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y BNG de abrir una comisión de investigación en el seno de la Cámara baja para identificar las causas de la crisis financiera y detectar a sus responsables tanto en las entidades financieras como entre los reguladores, una iniciativa que también ha planteado UPyD, que además pidió al Ejecutivo que instara a la Fiscalía General a exigir responsabilidades a los gestores de las entidades financieras que han quebrado en los últimos años.
Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso no ha aceptado una proposición no de ley (PNL) presentada por el BNG reclamando medidas para frenar las "comisiones abusivas" que establecen las entidades financieras y que, según ha defendido el diputado Francisco Jorquera, se han incrementado de una manera desproporcionada con respecto a la inflación registrada o al coste real de los servicios que prestan bancos y cajas.
"Mientras se restringe el acceso a los créditos y las entidades financieras cierran los ojos a pesar tener pingües beneficios es aún más injustificable ese continuo incremento (de las comisiones bancarias)", ha reprochado Jorquera, criticando también la "actitud de los poderes públicos", que conceden fondos públicos para sanear a los bancos y "miran para otro lado ante sus abusos".
Por eso, los nacionalistas gallegos han propuesto "impedir que, mientras se mantenga la situación de crisis, se produzcan aumentos de las comisiones", establecer límites máximos "en función de parámetros objetivos que tengan en cuenta el coste real del servicio", obligar a los bancos a ofrecer información transparente y a notificar cualquier modificación, "facilitando también el cambio de entidad financiera sin penalización en caso de disconformidad"; considerar la cuenta corriente un servicio básico y, por tanto, exento de comisiones; evitar los abusos en las comisiones de mantenimiento y "obligar a la devolución de las cantidades ingresadas en caso de persistir en dicha práctica".
Sin embargo, esta iniciativa se ha encontrado con la oposición del PP que, por boca del diputado Antonio Erías, ha reconocido estar de acuerdo con el rechazo a las prácticas abusivas, pero ha descartado "más intervención" en un ámbito que, como el resto de sectores económicos, "requiere cobrar un precio por los servicios que presta".
Tampoco UPyD ha respaldado la propuesta porque, pese a coincidir en que la situación es "preocupante", los bancos "tienen derecho a cobrar" por el servicio que prestan y no está en el "espíritu" de la formación ese afán "intervencionista".
"Y hay que tener en cuenta que la situación de los bancos podría deteriorarse aún más con esto", ha añadido Álvaro Anchuelo, que hace unas semanas consiguió el respaldo de los 'populares' en la misma comisión para sacar adelante una propuesta para establecer un máximo legal en los intereses de demora en el pago de las hipotecas.
El BNG sí ha conseguido el apoyo de IU-ICV-CHA, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, ve "urgente generar en las entidades financieras algún tipo de sentido de la responsabilidad"; y del PSOE, que a través de Antonio Hurtado ha recordado que España es el segundo país de la UE en comisiones bancarias a pesar de la liberalización del sector, lo que "demuestra su falta de competitividad".
Imputación
El juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella que el presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés Olmos, interpuso el pasado día 14 contra dos de los máximos responsables del servicio de Inspección del Banco de España, Ángel Rico y Pedro González, por un presunto delito de falsedad en documento público.
En el auto firmado el pasado día 21, al que ha tenido acceso Abc, el juez instructor ordena notificar las diligencias a la Fiscalía y cita a los dos altos cargos del Banco de España para que presten declaración como imputados el próximo 20 de junio. Ángel Rico y Pedro González son los firmantes del expediente disciplinario que el regulador ha abierto a 49 ex consejeros y directos de la CAM para depurar su responsabilidad en la quiebra de la caja de ahorros alicantina.
Entre los expedientados se encuentra el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, quien en su querella acusa a los dos jefes del servicio de Inspección de haber introducido en el expediente disciplinario afirmaciones «frontalmente contrarias a la verdad» que, a su juicio, adquieren relevancia penal al haberlas realizado en su calidad de funcionarios públicos.
Avilés acusa a los dos inspectores de haber emprendido una auténtica «persecución personal» contra él, «más propia de otros sistemas alejados del Estado de Derecho».
