Draghi quiere que el "súper certificado",
que se otorga sólo a los vacunados o a quienes han superado la
enfermedad y que muchos consideran "una vacunación obligatoria
enmascarada", entre en vigor en el trabajo lo antes posible,
después de que su aprobación haya sido pospuesta hasta en dos ocasiones
por la falta de consenso dentro del Gobierno, revelan hoy los medios
italianos.
El primer ministro cuenta con el apoyo de la principal formación progresista, el Partido Demócrata (PD), así como la conservadora Forza Italia (FI), de Silvio Berlusconi.
También parece inclinarse por la medida el anticasta Movimiento 5
Estrellas (M5S), mientras se opone la ultraderechista Liga y su líder,
Matteo Salvini, que afronta un debate interno en su formación al
respecto.
El secretario general del PD, el ex primer ministro
Enrico Letta, es de hecho partidario de la vacunación obligatoria, al
igual que Matteo Renzi, líder de Italia Viva, que ha lanzado una
petición popular para recoger firmas con el fin de que "el Estado asuma
ante sus propios ciudadanos la responsabilidad de imponer" las vacunas.
"El Gobierno está debatiendo sobre la obligación de vacunarse y la obligación del 'super green pass'
en los lugares de trabajo. FI está a favor de ambas soluciones",
declaró ayer jueves la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella
Gelmini.
De momento, los esfuerzos de Draghi se canalizan en
lograr imponer el pase anticovid reforzado: según fuentes
gubernamentales, el Ejecutivo estudia "cómo proceder, evaluando las complejidades de los distintos sectores",
por lo que en los próximos días continuarán las consultas técnicas y, a
principios de la próxima semana, también podría hablarse con "los
interlocutores sociales, los sindicatos y las empresas".
Las
fuerzas parlamentarias opuestas a esta medida, que incluyen a la
ultraderechista Hermanos de Italia, que no forma parte de la mayoría
gubernamental, destacan que las mayores dificultades para aplicarla
serían las implicaciones para quienes violasen la norma, como la
suspensión de sueldo u otras penas, y los controles.
Pero fuentes del Gobierno recuerdan que también
"había dudas" cuando Italia se convirtió en el primer país de Europa en
introducir el certificado sanitario normal, otorgado a vacunados,
curados de la Covid-19 y portadores de una prueba efectuada en las
últimas 48 horas.
Las diferencias sobre la introducción del
"green pass reforzado" en el seno de la mayoría pudieron comprobarse en
el último consejo de ministros, el pasado miércoles, que aprobó medidas
urgentes para la pandemia ante la rápida difusión de la variante
ómicron, que ha marcado un nuevo récord de casos en Italia las últimas
24 horas, con cerca de 127.000.
Aunque no hubo acuerdo para aprobarlo para los trabajadores, pero se decidió que el super pase sería necesario,
desde el 10 de enero, para poder acceder a los medios de transporte,
además de a hoteles, ceremonias o festivales, cuando hasta ahora se
usaba para el ocio y para consumir en bares y restaurantes.
Además,
se abolió la cuarentena para los vacunados desde hace menos de cuatro
meses o con la dosis de refuerzo por contacto estrecho con un positivo,
una medida que ha entrado hoy en vigor tras su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Italia elimina la cuarentena para personas con tres vacunas
El gobierno aprueba nuevas medidas contra el Covid, que en la práctica suponen un confinamiento no declarado a los antivacunas.
El Ejecutivo de Mario Draghi aprobó esta semana, no sin tensiones, la
obligatoriedad del 'súper pasaporte Covid', que se concede solo a los
vacunados, para todas las actividades en las que hasta ahora solo era
necesario presentar un test rápido de antígeno negativo.
Ese certificado sanitario, que solo obtienen los vacunados y quienes están curados del coronavirus, será necesario desde el 10 de enero hasta el 31 de marzo
para viajar en cualquier medio de transporte público, ir a un
restaurante, a un hotel, participar en cualquier ceremonia, asistir a un
congreso, centros culturales y recreativos, deportes de equipo o acudir
a locales cerrados como teatros, cines y museos.
El
nuevo decreto del gobierno reduce también el aforo en los estadios al
50 %, mientras en los recintos deportivos cerrados se limita a un máximo
del 35 %.
El
Ejecutivo adoptó también nuevas reglas para la cuarentena. Se ha
eliminado el aislamiento para los vacunados con tres dosis y que entren
en contacto con una persona positiva al Covid, pero tendrán que usar las
mascarillas Ffp2 durante una semana.
El gobierno impondrá un precio
máximo de venta para estas mascarillas -actualmente en las farmacias
cuestan alrededor de 2 euros-, porque son obligatorias en la mayoría de
los lugares.
Para los no vacunados, la cuarentena seguirá siendo de diez días,
como hasta ahora. La eliminación del aislamiento a los vacunados con
tres dosis se adopta, a petición sobre todo de los presidentes de las
regiones, para evitar que la variante Ómicron, ante la rapidez de su
difusión, paralice Italia, con graves repercusiones económicas.
Las medidas se adoptaron con ciertas tensiones entre los partidos del gobierno
de unidad nacional, formado por todas las fuerzas políticas salvo
Hermanos de Italia. Algunos partidos, sobre todo la Liga, no eran
partidarios de las duras restricciones. Mario Draghi hizo de mediador,
pero en los próximos días se impondrán nuevas reglas. Por ejemplo, el
Partido Democrático, pide la obligatoriedad de la vacunación.
Mario
Draghi no la descarta. El primer ministro ha prometido que al menos para
todos los trabajadores -25 millones de personas- será obligatoria la
vacuna. Solo después de escuchar al comité técnico científico y a los
presidentes de las regiones, el gobierno pudo aprobar las nuevas medidas
en la noche del miércoles, tras un largo consejo de ministros.
Teniendo en cuenta la inquietud con la que el país vive el tsunami de la variante Ómicron, los italianos han visto con preocupación la tensión y división registradas
en el gobierno, a la hora de adoptar medidas urgentes. Se considera que
no ha sido una buena carta de presentación ante la decisiva prueba que
deben afrontar los partidos políticos: la elección del nuevo presidente
de la República, para sustituir el 3 de febrero a Sergio Mattarella, que
concluye su septenio como inquilino del palacio del Quirinal.
