Draghi quiere que el "súper certificado", que se otorga sólo a los vacunados o a quienes han superado la enfermedad y que muchos consideran "una vacunación obligatoria enmascarada", entre en vigor en el trabajo lo antes posible, después de que su aprobación haya sido pospuesta hasta en dos ocasiones por la falta de consenso dentro del Gobierno, revelan hoy los medios italianos.
El secretario general del PD, el ex primer ministro Enrico Letta, es de hecho partidario de la vacunación obligatoria, al igual que Matteo Renzi, líder de Italia Viva, que ha lanzado una petición popular para recoger firmas con el fin de que "el Estado asuma ante sus propios ciudadanos la responsabilidad de imponer" las vacunas.
"El Gobierno está debatiendo sobre la obligación de vacunarse y la obligación del 'super green pass' en los lugares de trabajo. FI está a favor de ambas soluciones", declaró ayer jueves la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini.
De momento, los esfuerzos de Draghi se canalizan en lograr imponer el pase anticovid reforzado: según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo estudia "cómo proceder, evaluando las complejidades de los distintos sectores", por lo que en los próximos días continuarán las consultas técnicas y, a principios de la próxima semana, también podría hablarse con "los interlocutores sociales, los sindicatos y las empresas".
Las fuerzas parlamentarias opuestas a esta medida, que incluyen a la ultraderechista Hermanos de Italia, que no forma parte de la mayoría gubernamental, destacan que las mayores dificultades para aplicarla serían las implicaciones para quienes violasen la norma, como la suspensión de sueldo u otras penas, y los controles.
Pero fuentes del Gobierno recuerdan que también "había dudas" cuando Italia se convirtió en el primer país de Europa en introducir el certificado sanitario normal, otorgado a vacunados, curados de la Covid-19 y portadores de una prueba efectuada en las últimas 48 horas.
Las diferencias sobre la introducción del "green pass reforzado" en el seno de la mayoría pudieron comprobarse en el último consejo de ministros, el pasado miércoles, que aprobó medidas urgentes para la pandemia ante la rápida difusión de la variante ómicron, que ha marcado un nuevo récord de casos en Italia las últimas 24 horas, con cerca de 127.000.
Aunque no hubo acuerdo para aprobarlo para los trabajadores, pero se decidió que el super pase sería necesario, desde el 10 de enero, para poder acceder a los medios de transporte, además de a hoteles, ceremonias o festivales, cuando hasta ahora se usaba para el ocio y para consumir en bares y restaurantes.
Además, se abolió la cuarentena para los vacunados desde hace menos de cuatro meses o con la dosis de refuerzo por contacto estrecho con un positivo, una medida que ha entrado hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Italia elimina la cuarentena para personas con tres vacunas
El gobierno aprueba nuevas medidas contra el Covid, que en la práctica suponen un confinamiento no declarado a los antivacunas. El Ejecutivo de Mario Draghi aprobó esta semana, no sin tensiones, la obligatoriedad del 'súper pasaporte Covid', que se concede solo a los vacunados, para todas las actividades en las que hasta ahora solo era necesario presentar un test rápido de antígeno negativo.
Ese certificado sanitario, que solo obtienen los vacunados y quienes están curados del coronavirus, será necesario desde el 10 de enero hasta el 31 de marzo para viajar en cualquier medio de transporte público, ir a un restaurante, a un hotel, participar en cualquier ceremonia, asistir a un congreso, centros culturales y recreativos, deportes de equipo o acudir a locales cerrados como teatros, cines y museos.
El nuevo decreto del gobierno reduce también el aforo en los estadios al 50 %, mientras en los recintos deportivos cerrados se limita a un máximo del 35 %.
El Ejecutivo adoptó también nuevas reglas para la cuarentena. Se ha eliminado el aislamiento para los vacunados con tres dosis y que entren en contacto con una persona positiva al Covid, pero tendrán que usar las mascarillas Ffp2 durante una semana.
El gobierno impondrá un precio máximo de venta para estas mascarillas -actualmente en las farmacias cuestan alrededor de 2 euros-, porque son obligatorias en la mayoría de los lugares.
Para los no vacunados, la cuarentena seguirá siendo de diez días, como hasta ahora. La eliminación del aislamiento a los vacunados con tres dosis se adopta, a petición sobre todo de los presidentes de las regiones, para evitar que la variante Ómicron, ante la rapidez de su difusión, paralice Italia, con graves repercusiones económicas.
Las medidas se adoptaron con ciertas tensiones entre los partidos del gobierno de unidad nacional, formado por todas las fuerzas políticas salvo Hermanos de Italia. Algunos partidos, sobre todo la Liga, no eran partidarios de las duras restricciones. Mario Draghi hizo de mediador, pero en los próximos días se impondrán nuevas reglas. Por ejemplo, el Partido Democrático, pide la obligatoriedad de la vacunación.
Mario Draghi no la descarta. El primer ministro ha prometido que al menos para todos los trabajadores -25 millones de personas- será obligatoria la vacuna. Solo después de escuchar al comité técnico científico y a los presidentes de las regiones, el gobierno pudo aprobar las nuevas medidas en la noche del miércoles, tras un largo consejo de ministros.
Teniendo en cuenta la inquietud con la que el país vive el tsunami de la variante Ómicron, los italianos han visto con preocupación la tensión y división registradas en el gobierno, a la hora de adoptar medidas urgentes. Se considera que no ha sido una buena carta de presentación ante la decisiva prueba que deben afrontar los partidos políticos: la elección del nuevo presidente de la República, para sustituir el 3 de febrero a Sergio Mattarella, que concluye su septenio como inquilino del palacio del Quirinal.
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