VALENCIA.- La alcaldesa de Alicante , Sonia Castedo, se pasó este jueves de frenada en Les Corts. Todo ocurrió a colación de una pregunta planteada por EU al presidente Fabra sobre la paralización del polémico Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, salpicado por la trama Brugal. Entonces Mireia Mollà (Compromís) y Sonia Castedo mantuvieron una discusión alternativa al debate parlamentario. A voz en grito y de escaño a escaño.
A la 'question time' de EU sobre cuándo se va a parar el PGOU, Castedo dijo que «never» (nunca, en inglés), fuera de micro. Mollà, atónita, le repreguntó que si ella mandaba en la Conselleria de Infraestructuras, que tiene que decidir sobre ese Plan. Entonces Castedo soltó la siguiente frase, con chulería: «Claro que mando en la Conselleria, y en el Ayuntamiento también». La oposición se quedó atónita.
Preguntado por los grandes proyectos urbanísticos, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que la actitud de la Generalitat es la del respeto a la autonomía de los ayuntamientos y tutela y comprobación de que la legalidad se cumple totalmente por consistorios y urbanizadores.
Fabra respondió así en el pleno de Les Corts Valencianes a la pregunta de Esquerra Unida sobre el futuro de los grandes proyectos urbanísticos heredados del anterior Ejecutivo autonómico.
En el turno de repreguntas, el diputado de EU Lluís Torró indicó que la apuesta por la construcción ha sido el «principal elemento de la corrupción», con ejemplos como el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, cuya tramitación está «plagada de actuaciones irregulares», por lo que preguntó cuándo se va a paralizar.
«Never» (nunca, en inglés), se oyó decir desde su escaño en la bancada popular a la alcaldesa de Alicante, lo que generó rumores en la bancada de la oposición y aplausos en la del PP, que llevaron al president de Les Corts, Juan Cotino, a pedir que continuara el pleno «como estaba previsto».
El president recordó que la iniciativa urbanística parte de los ayuntamientos, lo que propició acuerdos en pleno y «muchas horas de trabajo y desvelo» por parte de muchos consistorios de la Comunitat, y que la labor de la Generalitat es la comprobación de la legalidad urbanística vigente.
Sobre la posibilidad de retirar los honores a expresidentes que sean condenados, el Gobierno valenciano opina que incluir en el Estatuto de expresidentes de la Generalitat «un mecanismo de retirada automática de prerrogativas» en caso de ser condenados por sentencia firme, «sin tener en cuenta otro tipo de consideraciones, podría dar lugar a situaciones difícilmente comprensibles en la práctica».
Así lo recoge el criterio del Consell contrario a que se tramite una proposición de ley del grupo Compromís de Les Corts Valencianes, que pide cambiar la norma para incluir medidas como que cuando un president o expresident sea condenado en sentencia firme por un delito contra la Administración Pública ocurrido durante su mandato sea desposeído de la consideración y apoyo que recoge ese Estatuto.
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