MADRID.- El abogado responsable de la denuncia contra la antigua cúpula de la CAM, Diego de Ramón, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a las 21 sociedades dedicadas al sector inmobiliario radicadas en el extranjero que controlaba la entidad para averiguar el destino de los más de 4.000 millones de euros de 'agujero' patrimonial, según la ampliación de denuncia presentada este martes.
En concreto, la entidad tenía en 2010 un total de 1.700 millones de euros en participaciones directas e indirectas en 119 empresas o sociedades, de las que 52, el 43%, estaban vinculadas al sector inmobiliario.
Una decena de estas últimas eran sociedades vinculadas a la promoción de viviendas, complejos turísticos y hoteles en México, Costa Rica, Polonia y Marruecos. La CAM también tenía varias sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán y otras inscritas en Holanda, vehículo para acceder al territorio 'off-shore' de las Antillas holandesas.
El abogado denuncia que el Banco de España no ha destituido al antiguo secretario general de la CAM José Pina Galiana, que era responsable de la gestión económica, y llegó a ocupar 49 cargos en 27 de estas sociedades. Actualmente mantiene nueve puestos en ocho de estas empresas.
El Banco de España impuso un despido disciplinario a la exdirectora general María Dolores Amorós el pasado mes septiembre por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
En concreto, Pina era consejero delegado de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, participada al 30% por la CAM y radicada en México, que percibió un crédito de 114 millones de euros de la entidad que todavía no ha devuelto.
Por otro lado, De Ramón pide a la Audiencia Nacional que requiera a la Reserva Federal estadounidense (FED) que se persone en el proceso penal para que explique las emisiones de deuda ordinaria en dólares americanos de cerca de cuatro millones de euros realizadas por la filial de la entidad CAM US Inance entre 2007 y 2008, cuando todavía no había estallado la crisis económica.
El denunciante pide que se investiguen las sociedades, bancos e instituciones financieras norteamericanas que compraron esas emisiones, si las garantías eran suficientes y qué comisiones se pagaron a los gestores. La sociedad CAM Global Finance, radicada en las Islas Caimán, también emitió deuda de la entidad.
El abogado pide al juez que determine si los gestores de la CAM se excedieron en emitir deuda, ya que este año cuenta con vencimientos de deuda de 225 millones de euros, en 2012 le vencen otros 827 millones de euros y en 2013 tendrá que hacer frente a 1.196 millones de euros.
Por otro lado, el denunciante pide que se investigue si los antiguos gestores de la CAM incluyeron en las cuentas anuales de 2010 un total de 199 millones de euros de beneficio procedentes de las comisiones cobradas a los clientes para alcanzar un beneficio de 223 millones de euros cuando habían ganado 24 millones.
Además, recuerdan que la entidad cuenta aún con 114 millones de euros de créditos vivos concedidos a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control a intereses muy bajo o, incluso, al 0%. Por último, piden que se determine el destino de más de 60 millones de euros que tenían que ser dedicados a la obra social.
El pasado viernes, el Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y otros altos cargos por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental en la gestión de la entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio.
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