MADRID/VALENCIA.- La dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez; su suspensión de militancia y la previsible renuncia al escaño y a dejar las funciones de la Alcaldía de Ontinyent en manos de su teniente de alcalde, Rebeca Torró -por estar siendo investigado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación-, ha recrudecido el viejo enfrentamiento entre el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a juicio de Público.
Ximo Puig, desde que se conoció la detención
de Rodríguez, se resistía a tomar una decisión en caliente y apartarlo
del partido, pero pronto le llegó desde Ferraz la contundente decisión
de aplicar el Código Ético a rajatabla de la propia voz de Ábalos.
El presidente valenciano se resistía y tuvo muchas
dudas, pero finalmente emitió un comunicado incidiendo en la presunción
de inocencia del presidente de la Diputación, aunque lo apartó del
partido y propuso a otro candidato para presidir la corporación
provincial.
En ese mismo comunicado, Puig proponía nombrar a Toni
Gaspar para sustituir a Rodríguez al frente de la secretaría provincial
del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y de la Diputación
para cerrar las puertas a cualquier otra operación por parte del
secretario de Organización del PSOE. Y esto no gustó a Ábalos, que
intentó también una maniobra para buscar otro candidato más afín, aunque
no logró los apoyos.
Y es que todo indica que Ábalos, desde su poderosa posición en el partido y en el Gobierno, quiere hacerse con las riendas del PSPV y desbancar a Puig, para lo que también ha utilizado la figura del Delegado del Gobierno nombrando a Juan Carlos Fulgencio,
mano derecha del ministro de Fomento en la Secretaría Provincial de
Valencia. Dicho nombramiento, además, se hizo sin consultar al
presidente de la Generalitat, según fuentes cercanas a Puig.
Fulgencio fue uno de los más fieles defensores de
Sánchez durante las primarias y estuvo apoyando la candidatura de Rafael
García cuando se presentó a las primarias valencianas frente a Puig
para la Secretaría General del partido.
El enfrentamiento está servido, porque Puig no va a
tirar la toalla. Su compromiso era presentarse por última vez a la
Presidencia de la Generalitat y, acabada la siguiente legislatura,
abandonar la primera línea política a todos los niveles.
Pero, antes de ello, Puig quería controlar su
sucesión y no dejar el PSPV en manos de Ábalos y, precisamente, Jorge
Rodríguez estaba en todas las quinielas para ser su delfín, aunque en
los últimos meses se había enfriado la relación entre ellos por el empeño de Rodríguez en aspirar a la secretaría provincial.
Puig, que había mejorado sus relaciones con Pedro
Sánchez tras vencer en las primarias, es consciente de que el líder
socialista va a dar carta blanca a Ábalos para intentar hacerse con una
federación que siempre tiene mucho peso a la hora de determinar el
futuro del partido. Todo indica que, de nuevo, el socialismo valenciano
se encamina hacia otra guerra interna.
Deja la Diputación pero se aferra a la Alcaldía de su localidad natal pese a la suspensión de militancia acordada por Ferraz. El hasta hoy presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado este lunes su dimisión en el cargo tras ser detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, tal como recoge Abc.
El ya exportavoz del PSPV, suspendido de militancia en el PSOE, ha señalado que dimite del cargo "desde la lealtad a las instituciones y la ciudadanía" y lo hace "orgulloso" de dejar la Diputación "en muy buenas manos", las del actual vicepresidente, Toni Gaspar -el candidato propuesto desde el PSPV- y su equipo provincial.
"Podemos haber sido torpes o demasiado confiados, pero no ladrones", ha reivindicado Rodríguez, quien ha hecho un repaso a los mecanismos puestos en marcha por el equipo de gobierno que presidía para garantizar la transparencia en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.
En su intervención, jaleada por sus seguidores al inicio y al final de la misma, ha dicho que no sería rueda de prensa -en contra de la convocatoria a los medios remitida anoche por la Diputación- por la vigencia del secreto de sumario en la pieza del Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, que le mantiene como investigado junto a cinco personas más.
La decisión de Rodríguez llega después de que durante este fin de semana se haya mantenido varias reuniones con el president de la Generalitat y del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a las que han asistido también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general del PSPV en Onteniente, Rebeca Torró.
Según las mismas fuentes, en esos encuentros se ha considerado que lo más oportuno es que Rodríguez deje sus cargos en la Diputación para poder centrarse en su defensa y, además, no perjudicar al partido con un asunto que de aquí a elecciones puede ser utilizado por la oposición.
Asimismo, señalan que esta decisión busca "no dañar" el proyecto político de Ximo Puig en la Generalitat y el de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y para que el PP "no aproveche este asunto" para perjudicar la labor en la corporación provincial.
Rodríguez tiene intención de seguir en la alcaldía de Ontinyent porque el asunto que investiga el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia en una causa declarada secreta «no tiene nada que ver» con el Consistorio, dado que hace referencia a unos contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación, Divalterra.
Las mismas fuentes insisten en que la investigación sobre Rodríguez hace referencia en todo caso a una cuestión «meramente administrativa» y piden que cuanto antes se levante el secreto del sumario para evitar así «juicios paralelos».
La denominada «Operación Alquería» fue llevada a cabo por agentes de la Udef y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. Arrestaron a seis personas: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego).
Dimite Jorge Rodríguez, el presidente socialista de la Diputación de Valencia
Deja la Diputación pero se aferra a la Alcaldía de su localidad natal pese a la suspensión de militancia acordada por Ferraz. El hasta hoy presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado este lunes su dimisión en el cargo tras ser detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, tal como recoge Abc.
Rodríguez,
que mantiene el acta de concejal, ha decidido este lunes delegar la
alcaldía en la primera teniente, Rebeca Torró, durante el tiempo
necesario para preparar su defensa" según han informado fuentes del
consistorio.
Torró asumirá la alcaldía de Ontinyent y también sustituirá
a Jorge Rodríguez como diputada provincial por el
partido judicial de localidad, dejando su puesto como directora general
en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio.
Rodríguez, suspendido de militancia en el PSOE y como portavoz en el PSPV, ha hecho este anuncio en la Diputación, donde ha recalcado que ha podido «meter la pata pero no la mano».
Rodríguez, suspendido de militancia en el PSOE y como portavoz en el PSPV, ha hecho este anuncio en la Diputación, donde ha recalcado que ha podido «meter la pata pero no la mano».
El también
alcalde de Onteniente -que no ha admitido preguntas- ha sostenido que
dimite del cargo "con la conciencia tranquila" y seguro de su inocencia y
la de su equipo en la corporación provincial.
El ya exportavoz del PSPV, suspendido de militancia en el PSOE, ha señalado que dimite del cargo "desde la lealtad a las instituciones y la ciudadanía" y lo hace "orgulloso" de dejar la Diputación "en muy buenas manos", las del actual vicepresidente, Toni Gaspar -el candidato propuesto desde el PSPV- y su equipo provincial.
"Podemos haber sido torpes o demasiado confiados, pero no ladrones", ha reivindicado Rodríguez, quien ha hecho un repaso a los mecanismos puestos en marcha por el equipo de gobierno que presidía para garantizar la transparencia en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.
En su intervención, jaleada por sus seguidores al inicio y al final de la misma, ha dicho que no sería rueda de prensa -en contra de la convocatoria a los medios remitida anoche por la Diputación- por la vigencia del secreto de sumario en la pieza del Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, que le mantiene como investigado junto a cinco personas más.
La decisión de Rodríguez llega después de que durante este fin de semana se haya mantenido varias reuniones con el president de la Generalitat y del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a las que han asistido también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general del PSPV en Onteniente, Rebeca Torró.
Según las mismas fuentes, en esos encuentros se ha considerado que lo más oportuno es que Rodríguez deje sus cargos en la Diputación para poder centrarse en su defensa y, además, no perjudicar al partido con un asunto que de aquí a elecciones puede ser utilizado por la oposición.
Asimismo, señalan que esta decisión busca "no dañar" el proyecto político de Ximo Puig en la Generalitat y el de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y para que el PP "no aproveche este asunto" para perjudicar la labor en la corporación provincial.
Rodríguez tiene intención de seguir en la alcaldía de Ontinyent porque el asunto que investiga el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia en una causa declarada secreta «no tiene nada que ver» con el Consistorio, dado que hace referencia a unos contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación, Divalterra.
Las mismas fuentes insisten en que la investigación sobre Rodríguez hace referencia en todo caso a una cuestión «meramente administrativa» y piden que cuanto antes se levante el secreto del sumario para evitar así «juicios paralelos».
La denominada «Operación Alquería» fue llevada a cabo por agentes de la Udef y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. Arrestaron a seis personas: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego).
Todos quedaron en libertad con cargos el jueves, aunque permanecen
imputados. La investigación policial y judicial arrancó hace seis meses tras
la denuncia de trabajadores de Divalterra.
La causa secreta fue abierta
por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y
malversación de caudales públicos en su vertiente de administración
desleal. Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras, en
siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados
de forma ficticia y arbitraria en 2015 -pese a tener 12 informes
jurídicos en contra- y en los que se habría colocado a personas afines a
los partidos.
El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más
gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante
perjuicio para las arcas públicas. Algunas fuentes apuntan a que una de
las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a
las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la
documentación intervenida.
La caída de Jorge Rodríguez
La caída de Jorge Rodríguez resulta muy significativa en el ámbito político, ya que a sus 39 años representaba al sector de jóvenes valores de los socialistas valencianos. Alcalde de Ontinyent -y hasta ahora también portavoz en la ejecutiva del PSPV-, pasó a presidir la diputación tras los escándalos durante la etapa de los populares.
Un puesto que le otorgaba importante proyección (se le llegó a
señalar incluso como un posible relevo de Ximo Puig).
Caracterizado por su claridad en las declaraciones públicas y sin querer significarse del todo en familias socialistas, apoyó a Puig frente a Rafa García -el candidato del «sanchismo»- para liderar el PSPV.
Caracterizado por su claridad en las declaraciones públicas y sin querer significarse del todo en familias socialistas, apoyó a Puig frente a Rafa García -el candidato del «sanchismo»- para liderar el PSPV.
Este,
sin embargo,
tuvo que frenar posteriormente su intento de plantar batalla en la
secretaría provincial de Valencia al tratar de presentarse contra
Mercedes Caballero, cercana al «número dos» del PSOE y ministro de
Fomento, José Luis Ábalos.
Precisamente él fue el primero en pedir públicamente su dimisión pocas horas después de conocerse la detención.
La investigación de lo sucedido en Divalterra no ha sido el único susto que ha traído la justicia.
La investigación de lo sucedido en Divalterra no ha sido el único susto que ha traído la justicia.
El pasado marzo se conocía la investigación que
había llevado a cabo durante año y medio el Juzgado de Instrucción
nº 21 de Valencia sobre una presunta financiación irregular del
PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) de
cara a las elecciones de 2007.
En
el auto en el que la juez derivaba la
causa a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de
Benidorm), desglosaba la operativa: «Para lograr el fin conseguido, la
mercantil Crespo Gomar facturaría
unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían
hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios
mediante la confección de facturas falsas».
De Crespo Gomar a Divalterra
En ese momento, el líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla y en los papeles en los que ha indagado la Policía aparecía el nombre de José Cataluña, exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE y uno de los históricos del partido.
Crespo Gomar fue presidida por Alberto Gomar y en ella trabajó también José Ramón Tíller.
Ambos (imputados en un caso que ya suma veintiséis investigados) eran
personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo,
actualmente asesor de Ximo Puig y una de las personas con más influencia a nivel interno a lo largo de los años.
Se da la circunstancia de que Tíller y Orengo trataron de tener un papel importante en la limpieza de Imelsa (la empresa pública que cambió su nombre por Divalterra) en un inicio. El primero como gerente y el segundo como jefe de Gabinete de Rodríguez.
Se da la circunstancia de que Tíller y Orengo trataron de tener un papel importante en la limpieza de Imelsa (la empresa pública que cambió su nombre por Divalterra) en un inicio. El primero como gerente y el segundo como jefe de Gabinete de Rodríguez.
El
presidente de la Diputación, sin embargo, decidió prescindir de Tíller,
lo cual precipitó la salida también de Orengo. Por el momento a ninguno
se le ha implicado en la nueva causa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario