VALENCIA.- Las empresas de Francis Puig están siendo investigadas por un juez de
Valencia por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones
del Gobierno valenciano, que alcan los 850.000 euros desde 2015. Según
el PP, facturas y nóminas idénticas y duplicadas han servido para
justificar ayudas por el mismo concepto de los gobiernos valenciano y
catalán.
La larga trayectoria como empresario del sector audiovisual de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig,
concentrando su actividad en la comarca de Els Ports, se ha visto
beneficiada por la cuantiosa ayuda prestada por distintas
administraciones, entre ellas los gobiernos regionales de la Comunidad
Valenciana -por cuyas ayudas declarará como investigado-, pero también
por la Generalitat de Cataluña que, desde los tiempos de Jordi Pujol, ha regado generosamente a las sociedades gestionadas por Puig.
Según documentación en poder de El Mundo, Comunicacions dels Ports SA
y Mas Mut Produccions SLU han recibido del Gobierno catalán no menos
591.000 euros de dinero público desde 2003, año en el que el entonces
presidente, Jordi Pujol, entregó a Francis Puig el «Premio Nacional de Difusión de Radiodifusión», dotado con 15.000 euros, en una gala celebrada en el teatro del Liceu.
Pujol
alabó entonces la iniciativa de «una emisora pequeña en una comarca
pequeña del interior de la provincia que ha sabido difundir la cultura y
la lengua catalanas con recursos limitados pero muchas ganas de
trabajar».
De eso hace ya más de 15 años y Radio Els Ports ya llevaba
otros tantos como medio comarcal. Casi tantos como Ximo Puig con la vara
de mando de alcalde de Morella, la capital de la comarca que digirió
con enorme reconocimiento popular entre 1995 y 2012.
Aquellos
honores de Pujol -la resolución la firmó el entonces primer conseller,
Artur Mas, que fue candidato de CiU ese mismo año y perdió ante Pasqual
Maragall- fueron la llave maestra para acceder con éxito a las
convocatorias de ayudas públicas a medios de comunicación de la
Generalitat de Cataluña. Cinco años después de aquel galardón, en 2008,
Ximo Puig integró a su localidad, Morella, en la Fundació Ramon Llull,
que pretendía ser nexo de unión del catalanismo en distintos
territorios.
Ya formaban parte de esta fundación entidades como Acció Cultural del País Valencià, el principal tentáculo del catalanismo en la Comunidad Valenciana -cuyo histórico presidente, el editor Eliseu Climent, fue investigado por la Guardia Civil en el «caso Pretoria»- y Omnium Cultural, la organización que impulsó la movilización ciudadana del procés y cuyo presidente desde 2015, Jordi Cuixart, ha sido condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito de sedición.
En
aquellos años, las subvenciones a los medios en catalán, tanto en
Cataluña como en los llamados «territorios periféricos», dependían del
departamento de Cultura. Entre 2003 y 2006, con el primer gobierno
tripartito presidido por el socialista Maragall -un federalista de
pensamiento compartido con Ximo Puig- , no consta que las empresas de
Francis Puig recibieran subvenciones.
Pero a partir de 2008, con el segundo tripartito de izquierdas presidido por el socialista José Montilla,
con Josep Lluis Carod Rovira de vicepresidente, el departamento de
Cultura comenzó a regar a Comunicacions dels Ports SA. Lo hizo
ininterumpidamente en los años 2008 (12.518 euros), 2009 (18.324 euros) y
2010 (58.889 euros), con Esquerra Republicana controlando el grifo.
Eran días en que el alcalde Ximo Puig no dudaba a la hora de
fotografiarse amigablemente con Carod Rovira, algo que no encaja con el
perfil suavizado de Puig despliega hoy como presidente.
La buena relación de Francis Puig con el gobierno catalán se mantuvo con el convergente Artur Mas,
ganador al fin de unas elecciones autonómicas en noviembre de 2010. Al
año siguiente, Comunicacions dels Ports recibió 62.248 euros en ayudas
tanto para su radio como para su televisión.
Ya en 2012, las ayudas a
medios de comunicación pasaron del departamento de Cultura al de
Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y Francis Puig amplía sus
ganancias, ya que no sólo recibe a través de Comunicacions dels Ports,
sino que se suman también las que obtiene Mas Mut Produccions para la
web www.comarquesnord.cat, un portal digital que se presenta como
«medio de comunicación de las comarcas de Els Ports y el Maestrat (al
norte del País Valencià) y del Matarranya (al sur de Teruel)». Desde
2013 a 2017, este portal ha recibido 57.509 euros.
La documentación que obra en poder de este diario acredita también que bajo la presidencia de Carles Puigdemont,
fugado de la justicia, las empresas de Francis Puig también accedieron
al plan de fomento del catalán en medios de comunicación: Comunicacions
dels Ports recibió 62.040 euros y Canal Maestrat otros 27.084 euros.
En la querella presentada por el Partido Popular
por supuestas irregularidades en la justificación de las subvenciones
recibidas por Francis Puig del Gobierno valenciano, los populares no
sólo denuncian delitos contra la hacienda pública, sino también posible
malversación. En el PP considera, por ejemplo, que Puig empleó las mismas facturas e incluso nóminas idénticas para justificar ayudas por un mismo concepto en administraciones distintas.
El
PP también establece una conexión directa entre las empresas de Francis
Puig y las que controlan otros dos empresarios de la comunicación de su
misma área de influencia en Morella, los hermanos Adell Bover.
Sus
empresas, Canal Maestrat y Kriol Producciones, también han recibido
subvenciones de los gobiernos valenciano y catalán para la promoción de
la lengua en los medios, siguiendo la misma estela que su socio Francis
Puig. Canal Maestrat ha obtenido este año 32.608 euros, pero ya tuvo
otros 35.515 euros en 2018, otros 35.000 en 2017 y 27.000 euros en 2016.
Tras la denuncia de una ex trabajadora de Canal Maestrat, que también ha prestado declaración ante la Fiscalía -dijo que los hermanos Adell Bover decían que pretendían «forrarse» cuando Ximo Puig fuera presidente-
la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana, en manos de
Compromís, inició un procedimiento extraordinario de fiscalización que
ha concluido con una reclamación de devolución de cerca de 200.000 euros
de dinero público.
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