SAN
VICENTE.- El PP de San Vicente denuncia que la Junta de Gobierno del
pasado 5 de diciembre aprobó pagar casi 10.000 euros más de lo
presupuestado, para las obras que se realizaron en el Auditorio. "Por el
contrario, aún no se ha cobrado a la empresa adjudicataria por el
retraso en la finalización de las obras", aseguran en un comunicado.
El portavoz del Partido Popular, Óscar Lillo
afirma que “nos sorprende que transcurrido un año desde que se firmó el
acta de recepción de la obra, se haya aprobado recientemente el pago
del sobrecoste que han supuesto finalmente la misma, y sin embargo aún
esté pendiente de realizar el informe preceptivo para iniciar el
procedimiento de reclamar a la empresa adjudicataria, la sanción por
retraso en ejecución de las obras, que según el pliego de condiciones
asciende a 500 euros por día de retraso”.
El edil popular, Cristian Gil, preguntó en el último Pleno al concejal de Urbanismo, y a su vez alcalde de San Vicente, Jesús Villar,
sobre el estado en que se encontraba el procedimiento sancionador,
"respondiendo éste que aún no se ha emitido ningún informe al respecto",
indican en el escrito.
“Se
trata por tanto de unas obras mal ejecutadas, con deficiencias que
tuvieron que ser subsanadas y con retrasos que provocaron perjuicios a
multitud de asociaciones y colectivos, mientras los concejales del
entonces tripartito, responsables de las concejalías de Urbanismo (IU),
Contratación (PSOE) y Cultura (Compromís), se echaban las culpas unos a
otros por estos retrasos. Ahora, el Ayuntamiento, lejos de reclamar la
correspondiente sanción según establece el pliego de condiciones, tiene
que pagar un sobrecoste” critica el portavoz popular, a lo que añade
“pedimos al alcalde, que agilice los trámites y no deje prescribir la
sanción que se deba imponer a la empresa adjudicataria, por no tramitar
los informes oportunos”.
Las
obras de remodelación para adaptar el Auditorio a la normativa de
incendio, al reglamento de baja tensión y a la renovación de la
climatización, suscitaron controversia desde su mismo inicio, al quedar
desierto su proceso de licitación, posteriormente subsanado con la
aceptación de las alegaciones de la única empresa que se presentó al
concurso.
Le siguieron tres meses en los que permaneció el Auditorio
cerrado y sin obras, hasta que a principios de 2018, finalmente se
empezaron las obras con un plazo de ejecución de tres meses, lo que
llevó a todas las entidades culturales y festeras, usuarias habituales
del edificio, a tener que trasladar el lugar de celebración de su actos.
"Circunstancia que se extendió en el tiempo al incumplirse el plazo de
tres meses de ejecución de obra, teniendo que firmar el Ayuntamiento, a
mediados del mes del mes de mayo, junto a la empresa y a la dirección de
los trabajos, un acta de ocupación anticipada para que se pudieran
realizar las últimas presentaciones fogueriles. No fue hasta el 17 de
septiembre de pasado año cuando finalmente se recepcionó la obra, no
exenta de observaciones por parte de intervención y de la dirección de
obras, pendientes de subsanar por parte de la empresa adjudicataria",
explican los populares.
Según recuerdan
en el comunicado, la entonces concejal de Urbanismo, aseguró que la
empresa se haría cargo de los gastos de alquiler, sonido e iluminación
que supusiera esos cambios de ubicación, así como que se analizaría
desde contratación la sanción correspondiente, que figuraba en el
pliego, por incumplimiento de plazos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario