La preservación de un mínimo de caudales ecológicos para mantener la vida en los ríos fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado mes de enero. Fue la Comunitat Valenciana la primera en recurrir. Luego llegaron los recursos de Murcia y la Diputación de Alicante. Se da la circunstancia que al frente de la Diputación de Alicante, cuando presentó el recurso, estaba Carlos Mazón, hoy president de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular.
El plan del Gobierno central incluía subir el mínimo de seis metros cúbicos por segundo que debe llevar el Tajo a su paso por la localidad madrileña de Aranjuez para enviar al Segura, una cantidad que subirá hasta los 8,65 metros cúbicos en 2027.
Frente al interés de preservar los ecosistemas fluviales, el sector del regadío en Alicante, Región de Murcia y Almería dice que, si se garantiza ese caudal ecológico –que es obligatorio legalmente–, su industria es inviable.
En defensa de los intereses del sector del regadío han salido sus respectivas administraciones, de ahí la presentación de recursos para intentar retrasar la medida. Por contra, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha –comunidad que cedería el agua– aplaude que el Tajo lleve más caudal.
En enero, cuando se aprobó el caudal ecológico, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera reafirmó “el compromiso de este Gobierno con el levante, la España más seca”.
“La
fijación por primera vez de un caudal ecológico en el Tajo, nos obliga a
imaginar para que eso no suponga ningún riesgo para la disponibilidad
de recursos en las cuencas que han contado hasta ahora con el agua del
trasvase. Alicante, Murcia y Almería tendrán agua”, añadió.
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