De esta forma, la declaración propuesta por EU-Podem --que ha contado con el apoyo de esta formación, así como de PSPV y Compromís-- no ha salido adelante este jueves, en la sesión plenaria ordinaria del mes de abril.
La propuesta de declaración ha llegado un día después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reconociera a la empresa XC BUSINES 90 S.L. la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.
La instalación de los macro depósitos en el Puerto había suscitado el rechazo de los cinco grupos políticos de la corporación municipal, que en la votación de este jueves se ha dividido.
El debate lo ha comenzado Sol Garcín, representante de la Asociación de vecinos Gran Vía Sur, que ha calificado de "irracional, insostenible, contrario a los intereses generales, al modelo económico y a los valores medioamabientales" el proyecto que pretende instalar 18 macro depoósitos, con "700.000 toneladas".
En este contexto, ha abogado por tratar de conseguir la modificación de la concesión aprobada por el consejo de la Autoridad Portuaria de Alicante a la empresa XC BUSINES 90 ante las "serias irregularidades" del proceso.
En concreto, ha afirmado que "no
se tramitó la declaración de impacto ambiental y no se tuvo en cuenta la
falta de solvencia económica de la empresa promotora y que no estaba
inscrita en las actividades petrolíferas".
Además, ha
calificado de "descarado y vil" el, a su juicio, fraccionamiento del
proyecto en dos fases --de seis y doce macrodepósitos-- "para evitar
mayores controles de seguridad".
También ha reclamado al consistorio que
recurra la sentencia del TSJ y que inste a la Autoridad Portuaria y al
Ministerio que revoque o busque la fórmula necesaria para "descartar
definitivamente el proyecto".
El portavoz de EU-Podem. Manolo
Copé, ha instado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al 'president'
de la Generalitat, Carlos Mazón, que "se arremanguen para paralizar esta
actividad", que ha tildado de "una barbaridad".
Además, ha pedido al
equipo de gobierno que "agote las vías legales".
Por su parte,
el portavoz de Compormís, Rafa Mas, ha apuntado que instaron a Barcala a
"mover un dedo" y sentarse con la empresa, así como hablar con la
Generalitat y la Autoridad Portuaria, y le ha acusado de "vecinofobia,
porque siempre está a favor de las empresas".
Igualmente, ha recalcado
que Sumar deberá instar al Gobierno central a legislar al respecto para
"no estar pendientes de lo que haga un gobierno negacionista con el
cambio climático".
Desde Vox, su portavoz Carmen Robledillo ha
afirmado que su grupo "está y estará en contra" de los macro depósitos
en el Puerto, pero ha considerado que la declaración "manifiesta de
forma encubierta que la concesión se hizo incumpliendo la ley".
"Por
responsabilidad y prudencia, no nos debemos pronunciar en este asunto",
ha sostenido, al tiempo que ha apostado por analizar las diferentes
opciones.
La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha insistido
en pedir al primer edil que dialogue para alcanzar una solución. "Si
algo no se puede revocar, que se hable. Eso hemos pedido", ha
enfatizado, al tiempo que ha acusado a Carlos Mazón de "ponerse de
perfil" y a Barcala de "claudicar" ante el 'president'.
Desde
el equipo de gobierno, la concejala de Urbanismo Rocío Gómez ha
lamentado que la sentencia del TSJ "va en contra" del criterio del
consistorio y ha afirmado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento
están "estudiando la sentencia y las alternativas".
"El equipo de
gobierno, por responsabilidad, no puede ni debe manifestarse en este
tema. Pedimos tiempo para estudiar alternativas", ha reclamado. En este
sentido, ha avanzado que han fijado fecha para una reunión a tres bandas
entre Ayuntamiento, Generalitat y Autoridad Portuaria.
Por otra parte, en el Pleno también han sido rechazadas otras
declaraciones institucionales presentadas por los grupos de izquierdas.
En concreto, no ha salido adelante --con el 'no' de PP y Vox-- la
propuesta conjunta de PSPV, Compromís y Esquerra Unida Podem para instar
al Consell a "mantener los principios rectores de verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición" y el rechazo a la Proposición de
Ley de Concordia.
Tampoco ha salido adelante la declaración
del PSPV para manifestar el compromiso de defender la abolición de la
prostitución como forma de violencia machista, y se adoptan otros
acuerdos complementarios.
Las propuestas de Compromís para
instar a la Generalitat a "dotar de consignación presupuestaria
adecuada" la partida correspondiente a los proyectos de conexión del
TRAM desde la ciudad de Alicante hasta Sant Joan y Mutxamel a través del
hospital de Sant Joan; para instar al Gobierno Central a reconocer a
las clínicas veterinarias como centros sanitarios y reducir el IVA; y
para instar al Ayuntamiento a elaborar y ejecutar un plan de choque
integral de recuperación del conjunto patrimonial del Benacantil también
han sido rechazadas.
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