ALICANTE.- La vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, Marina Sáez
(PP), ha defendido este martes "absoluta transparencia" en el cierre de
la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en una
oposición para cubrir 58 plazas de auxiliar administrativo porque, según
ha asegurado, "se ha aportado toda la documentación requerida y se han
dado todas las explicaciones necesarias para esclarecer lo sucedido".
Sin embargo, los grupos de la oposición PSPV y Compromís se oponen a
esta decisión, que han calificado de "unilateral".
En un
comunicado, Sáez ha justificado la decisión del ejecutivo de la
institución provincial en que "todos los integrantes" de la comisión "ya
han tenido acceso al expediente de forma íntegra, así como a los
exámenes, al tiempo que han comparecido técnicos de informática y
miembros del tribunal examinador explicando los motivos del error".
En este punto, la vicepresidenta segunda y diputada de Administración
General ha insistido en que "tanto desde el punto de vista documental
como objetivo ya estaba todo puesto a disposición de la propia comisión y
de los diputados".
Sáez, miembro de la comisión de
investigación por parte del PP, ha sostenido que "ha habido absoluta
transparencia en todo el proceso" y la "máxima voluntad" de esclarecer
lo sucedido, que ha vuelto a achacar "a un error que ya se subsanó
repitiendo la prueba".
Además, ha recordado que la Agencia
Antifraude acordó hace casi dos meses el archivo de la denuncia sobre
las presuntas irregularidades en el examen de oposición "al entender que
esta perdía razón de ser al haber sido repetida la prueba".
"Durante las tres reuniones que se han celebrado de la comisión de
investigación han comparecido todos, incluida la diputada de Recursos
Humanos, que ha estado presente en todas las sesiones y que ha estado
totalmente dispuesta a aclarar cualquier duda", ha manifestado Marina
Sáez para justificar el "rechazo" a la celebración de una nueva sesión
en la que los grupos de la oposición PSPV y Compromís solicitaban la
comparecencia de Llopis.
Y ha explicado: "La diputada ha
estado presente en todas las reuniones de la comisión y ha dado todas
las explicaciones oportunas, por lo que, si hasta la fecha no han
requerido nada más de ella, no entendíamos esa comparecencia".
Asimismo, Sáez ha afirmado "que el cierre de la comisión de
investigación fue respaldado por la propia presidenta de este órgano, la
diputada socialista Pilar Díaz, porque ella misma consideraba que ya no
había nada más que investigar, como así consta en el acta de la última
reunión" celebrada este lunes.
Del mismo modo, ha rechazado
que haya habido "ningún tipo de boicot político ni técnico" en las
convocatorias de las sesiones porque, según ha defendido, estas "se han
realizado siguiendo los procedimientos habituales".
La
diputada 'popular' ha acusado al grupo socialista de "querer sacar
rédito político" de esta cuestión "generando dudas y viendo fantasmas
donde no los hay". Por ello, ha insistido en la "conveniencia" de cerrar
esta comisión, "que ya ha realizado su cometido, porque desde el punto
de vista objetivo y documental ya estaba todo aportado".
"Si
desde la oposición siguen viendo mala intencionalidad en lo acontecido
se deberán dirigir ya a instancias superiores, porque nosotros estamos
absolutamente tranquilos", ha apuntado la vicepresidenta segunda de la
Diputación.
Por su parte, el grupo socialista ha expresado su "más enérgico
rechazo" ante la decisión del gobierno de la Diputación de "cerrar de
forma unilateral" la comisión de investigación sobre las presuntas
irregularidades detectadas en el examen de oposición para 58 plazas de
auxiliares administrativos celebrado el pasado 8 de febrero y repetido
el 1 de marzo.
"Desde el inicio, el PSOE ha defendido la
necesidad de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades en un
proceso que, según múltiples indicios, podría haber estado amañado. Más
de la mitad de las preguntas del examen presentaban un justificado
diferente que señalaba las respuestas correctas, lo que levantó
sospechas de manipulación por parte de la institución provincial
gobernada por el PP", ha asegurado la formación en un comunicado.
Los socialistas, al contrario de la "transparencia" defendida por el
ejecutivo de la Diputación, han acusado al PP de "impedir el avance de
la investigación" al "obstaculizar sistemáticamente" sus peticiones de
"acceso a documentación clave, como el expediente del proceso selectivo,
los exámenes realizados y la relación de personas que intervinieron en
la elaboración e impresión de la prueba".
Según el diputado socialista José Ramiro Pastor, dos miembros de la
comisión técnica del tribunal de la oposición, que comparecieron en este
órgano para ofrecer explicaciones sobre el proceso de elaboración del
examen, reconocieron "que se equivocaron al confeccionar las preguntas
marcadas, pero no han aportado garantías suficientes ni explicaciones
convincentes que aclaren cómo se produjo ese supuesto error".
Pastor ha subrayado que "parte de la documentación facilitada por la
Diputación estaba incompleta o era meramente ejemplificativa".
"Por
ejemplo, los documentos con las preguntas eran simples copias, lo que
impide verificar si fueron manipulados previamente. Esto demuestra una
falta absoluta de transparencia y de voluntad política de esclarecer los
hechos", ha añadido.
Según Pastor, "la comisión ha sido
claramente ninguneada por el equipo de gobierno del PP".
"Se había
acordado continuar con las comparecencias en una próxima sesión, en la
que debía intervenir la diputada de Recursos Humanos, María José Llopis.
Sin embargo, se ha decidido cerrar la comisión de forma precipitada,
ignorando ese compromiso. Cuando hemos solicitado que compareciera, el
PP se ha negado alegando que ya se habían dado todas las explicaciones
posibles", ha apuntado.
"Se han limitado a justificarlo todo
como un simple error humano, sin abrir ningún expediente informativo ni
asumir ninguna responsabilidad. Estamos hablando de un perjuicio
económico superior a los 10.000 euros por la repetición del examen y aun
así se pretende cerrar el caso como si no hubiera pasado nada", ha
añadido el diputado del PSPV.
Para el grupo socialista, "el
cierre abrupto de la comisión, sin haber esclarecido los hechos ni
depurado responsabilidades, supone un grave atentado contra la
transparencia y la confianza en las instituciones públicas".
"El PSOE exige al presidente de la Diputación, Toni Pérez, que dé
explicaciones públicas sobre esta decisión y sobre las medidas que
piensa adoptar para garantizar la integridad de los procesos selectivos
en la institución", han afirmado los socialistas, que han avanzado que
"continuarán trabajando para que se restablezca la confianza de la
ciudadanía" en la administración provincial.
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