BENIDORM.- El Ayuntamiento de Benidorm presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
(TC) frente al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) que en junio rechazó el incidente de nulidad del
consistorio contra la sentencia que establece que la administración
local debe pagar 283 millones de euros más intereses a Murcia Puchades
Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los
aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector
APR-7 del Parque Natural de Serra Gelada.
El consistorio, a través de un comunicado, ha anunciado esta
decisión, que ha justificado en «el criterio de los técnicos», y ha
explicado que en una junta de portavoces convocada por el alcalde de la
ciudad, Toni Pérez, se han abordado los últimos informes emitidos por
los servicios jurídicos municipales y externos sobre la vía legal que
hay que emprender para «seguir defendiendo el interés general».
El primer edil, tras conocerse esa decisión del TSJCV, indicó que la
hoja de ruta del Ayuntamiento «es la que han marcado los técnicos» en
relación con los convenios sobre los que se sustenta la reclamación de
las dos mercantiles y que «no ha variado ni un ápice».
«El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino para la defensa del
interés general que el camino que emprendió, siempre bajo el criterio
técnico, y eso está manifestado en sentencias judiciales
reiteradamente», apuntó Pérez, sobre lo que el consistorio ha apuntado
que dichas sentencias en primera instancia «dan la razón» a la
institución municipal.
Sobre este asunto, hay distintas causas abiertas. De un lado, sobre
la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en relación con dichos
terrenos, en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en
2010 y 2013, que es a la que se refiere el último auto del TSJCV.
De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración
de nulidad de esos mismos convenios por parte del consistorio, «una
línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas en los
juzgados».
En concreto, según el Ayuntamiento, «dos ya resueltas» en
primera instancia «que han dado la razón» a la administración local y
han ratificado que «dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que
se encuentran recurridas».
Otras tres todavía no tienen sentencia.
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