MADRID.- La patronal de concesionarias de autopistas Aseta estima en unos 800 millones de euros la inyección de capital que necesita un grupo de estas sociedades para evitar el riesgo de quiebra que afrontan por el sobrecoste de expropiación que soportaron para su construcción, informaron en fuentes del sector.
Este importe es casi el doble respecto al de 135 millones de euros inicialmente previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 para otorgar préstamos participativos a estas autopistas.
No obstante, los distintos grupos parlamentarios mantienen negociaciones para poder elevar este importe inicial mediante la presentación de enmiendas durante el trámite de los Presupuestos en el Congreso.
La concesión de préstamos participativos a estas autopistas constituye la fórmula que el Ministerio de Fomento acordó con el sector a finales de 2009 para solventar el desequilibrio patrimonial que presentan por el sobrecoste de supusieron las expropiaciones.
Se trata de un préstamo que el Estado concede con condiciones favorables a las constructoras que en su día se adjudicaron la construcción y posterior explotación de las vías, y que tendrán que devolver en unos años. Además, no computa en déficit.
Este problema afecta a las autopistas radiales de Madrid, a la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones que participan en estas vías.
Se trata de las autopistas que se construyeron en tanto estuvo vigente la anterior Ley del Suelo, aprobada en 1998. Este texto avalaba que las expropiaciones de terrenos se abonaran en función de las expectativas futuras del valor de un suelo y no sobre su valor en el momento actual.
Además del sobrecoste que les supusieron las expropiaciones en comparación con el presupuesto de adjudicación de las obras, el sector de la construcción y concesión de infraestructuras negocia con el Gobierno una solución a otros dos problemas sobrevenidos, que también alteran el equilibrio económico-financieros de sus contratos.
Por un lado, abordan el descenso de tráfico que presentan algunas autopistas, fundamentalmente las de más reciente puesta en servicio, en unos casos por la crisis y en otros por la posterior construcción de vías alternativas gratuitas.
Por el otro, tratan sobre el sobrecoste que también soportan algunas de las constructoras que se adjudicaron contratos de construcción y gestión del Plan Renove de autovías de primera generación, en este caso por los modificados que fue preciso realizar en los proyectos.
En fuentes oficiales del Ministerio de Fomento indicaron que el Departamento "trabaja" para "buscar una solución que compatibilice el interés general con el de las concesionarias".
Según indicaron estas fuentes, el Ministerio que dirige José Blanco "estudia todas las fórmulas" en "permanente contacto y diálogo" con el sector.
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