VALLADOLID.- Las fiscalías provinciales de León, Soria y
Segovia mantienen abiertas distintas investigaciones con el fin de
depurar posibles responsabilidades penales respecto de los sueldos,
indemnizaciones, prejubilaciones y créditos otorgados a consejeros y
personal directivo de las entidades de ahorro de Castilla y León, en
concreto de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y
Caja Segovia.
Las tres vías investigadoras son consecuencia de la denuncia
interpuesta en noviembre de 2011 ante la sede del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por el coordinador
regional de IU y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, José María
González Suárez, después, además, de que el Fiscal Superior de la
Comunidad, Manuel Martín Granizo, elevara consulta a la Fiscalía General
del Estado sobre si las pesquisas eran competencia de Fiscalía
Anticorrupción y la respuesta de Eduardo Torres Dulce fuera que las
mismas competían a cada una de las fiscalías provinciales.
Y es que Torres Dulce, según una información del diario El Mundo, entendía que "no concurren elementos de
conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su
tramitación conjunta" y que "no hay razones fundadas" para que sea la
Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.
El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que a finales del pasado mes
de enero, tras recibir la consulta evacuada a la Fiscalía General del
Estado, dio órdenes para que se iniciaran las investigaciones en la
Comunidad, que, según ha precisado, llevan a cabo las fiscalías de León,
Segovia y Soria, "que desde entonces estarán haciendo lo que tengan que
hacer".
Martín Granizo, quien ha indicado que entre las supuestas
conductas irregulares investigadas podrían incluirse delitos societarios
y contra el patrimonio, ha apuntado además que "en León ya tenían
alguna otra denuncia, al igual que en Segovia por los mismos hechos, que
se han remitido al juzgado".
La denuncia de IU que ha dado origen al proceso investigador
incluía una serie de supuestas irregularidades desde 2008 y entre las
que destacan una serie de "créditos de escasa solvencia" o en
condiciones "ventajosas" para algunos consejeros de Caja España, Caja
Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.
Dentro de esos préstamos personales sobresalían una serie de
créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio
por un monto superior a los 27 millones de euros, dentro del que se
incluía un préstamo a una empresa de su propiedad por valor de
13.000.000 de euros.
De igual modo, se refería una serie de préstamos "irregulares" en
el seno de Caja España entre los años 2006 y 2009 cuando se concedieron a
uno de sus directivos, Santos Llamas, préstamos a empresas vinculadas a
su propiedad por valor de 17.600.000 euros y un préstamo hipotecario,
al mismo beneficiario, por importe de 15.200.000 euros.
La denuncia se completaba con una serie de puntos vinculados a
indemnizaciones millonarias para directivos de entidades en "condiciones
mucho más favorables" que la del resto de trabajadores y entre las que
sobresalían los cerca de 6 millones de euros de Caja Segovia a su
exdirector general, Manuel Escribano, en concepto de prejubilación.
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