ALICANTE.- Varios
consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) han anunciado su intención de
impugnar la celebración de la asamblea general convocada por los
administradores del FROB para el próximo 9 de julio, con el fin de
acordar la transformación de la caja en una fundación que asumirá las
actividades de su Obra Social, adelanta hoy 'Abc'.
El
orden del día de la asamblea también incluye la aprobación de las
cuentas generales de CAM correspondientes a 2011, el presupuesto de la
Obra Social para 2012 y la amortización de las cuotas participativas
emitidas por la caja para reducir su valor a cero. Esta última propuesta
promete ser la más controvertida, ya que consumará la pérdida de la
inversión de 54.000 clientes que compraron dicho producto financiero.
La
impugnación de la asamblea está motivada por el hecho de que ha sido
convocada por el administrador del FROB José Antonio Iturriaga quien,
razonan, se encuentra en una situación de incompatibilidad legal al
estar ocupando al mismo tiempo el cargo de administrador del Banco de
Valencia, también intervenido por el Banco de España.
Ya
el pasado 28 de mayo, el presidente de la comisión de control de CAM,
Juan Ramón Avilés, presentó un escrito ante el Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF), en el que denuncia que la duplicidad de cargos de
Iturriaga vulnera tantos el artículo 19.b de la Ley de Cajas de Ahorros
de la Comunidad Valenciana como por el artículo 17.b de los estatutos de
la propia CAM.
Ambos
preceptos impiden que una misma persona ocupe el puesto de
administrador de dos entidades financieras distintas de la Comunidad. En
el caso de José Antonio Iturriaga, aunque el pasado 12 de abril fue
nombrado por el FROB administrador provisional del Banco de Valencia, ha
seguido desempeñando las mismas funciones en la antigua caja
alicantina. Iturriaga compareció el pasado mes de mayo ante la comisión
de investigación de las Cortes Valencianas como administrador de CAM y,
en atención al mismo cargo, ha firmado también la resolución por la que
se convoca la asamblea general del próximo día 9.
Por
tanto, los consejeros consideran que la propia
convocatoria de la asamblea estaría viciada de nulidad y, en
consecuencia, también todos los acuerdos que en ella se adopten.
Pero
además, este grupo de consejeros ha mostrado su disconformidad con la
decisión de los administradores del FROB de reducir a cero el valor de
las cuotas participativas mediante un acuerdo que debe ser ratificado
por la asamblea.
El consejo de administración de CAM acordó en su
última sesión -el pasado 20 de julio, 24 horas antes de que la caja
fuera intervenida- amortizar las cuotas participativas repartiendo un
dividendo de 238 millones de euros entre sus titulares -a razón de 4,7
euros por cada cuota-. Este acuerdo habría permitido a la entidad saldar
por completo los compromisos que había adquirido con los
cuotapartícipes.
Sin
embargo, tras la intervención, una de las primeras decisiones de los
administradores del FROB fue anular dicho acuerdo. Y el pasado mes de
diciembre, comunicaron oficialmente en una nota de prensa que, como
consecuencia de la inyección de 2.800 millones de euros de capital
público realizada al Banco CAM, «es previsible que las pérdidas
imputables a las cuotas participativas reduzcan el valor de las mismas a
cero».
El
FROB quiere que la asamblea de la caja ratifique ahora la pérdida de
valor de las cuotas. En la escritura pública mediante la cual se llevó a
cabo la segregación del Banco CAM, firmada ante notario en junio de
2011, los antiguos gestores de la caja indicaron expresamente que «Banco
CAM deja constancia de que ha asumido el compromiso irrevocable de
hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pueden
derivarse de las cuotas participativas».
Sin
embargo, en su reciente comparecencia ante la comisión de investigación
de las Cortes Valencianas Iturriaga anunció que había dado
instrucciones para rectificar el acta notarial, con el fin de eliminar
el compromiso que aludía al pago de las cuotas.
Ante
la más que previsible pérdida de sus ahorros, cerca de 400
cuotapartícipes han interpuesto ante la Audiencia nacional una querella
contra los presuntos gestores de la CAM por un presunto delito de
estafa.
El
principal propósito de la asamblea del próximo día 9 es transformar la
antigua caja de ahorros en una fundación especial, cuya actividad casi
exclusiva será gestionar la Obra Social, que para este año tiene un
presupuesto de algo más de 30 millones de euros. Para ello, los
administradores del FROB propondrán a la asamblea renunciar a las
autorizaciones administrativas obtenidas en su día para operar como
entidad financiera.
En
caso de que ninguno de estos dos acuerdos se apruebe, los
administradores propondrán llevar a cabo, directamente, la liquidación
de la CAM como caja de ahorros.
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