ORIHUELA.- La titular del juzgado de primera Instancia
nº 3 de Orihuela, que investiga la parte del 'caso
Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos
de la Vega Baja, ha citado a declarar, en calidad de testigos, a los
representantes socialistas de tres ayuntamientos alicantinos que
integraron en 2007 el Consorcio de la Zona XVII.
Así, en un auto fechado el pasado 16 de abril, la juez ha fijado para el próximo 21 de mayo --a
las 9.00 horas-- la comparecencia del alcalde de Benferri, Luis Vicente
Mateo, mientras que el ex primer edil de Benijófar, José Luis González
Sánchez, acudirá a las 10.30 horas, y el representante del PSOE en
Guardamar del Segura, Vicente Avilés González, lo hará a partir de las
12.00 horas.
La decisión judicial responde a una petición realizada por la
representación procesal del exportavoz socialista en la Diputación de
Alicante Antonio Amorós --imputado en la pieza--, que solicitaba, por un
lado, el sobreseimiento de su causa, y, subsidiariamente para el caso
de que no se accediera a ese extremo, tomar declaración como testigos a
los miembros de los consistorios alicantinos del PSOE adheridos e
integrantes del Consorcio del Plan Zonal XVII, en 2007.
De este modo, pidió practicar la referida diligencia con los
mencionados Mateo, González Sánchez y Avilés González, además de con
socialistas de los ayuntamientos de Albatera, Benejúzar, Bigastro,
Guardamar del Segura, Los Montesinos y San Isidro.
Los representantes de Amorós --imputado por tráfico de
influencias, revelación de secretos o información privilegiada
facilitada por autoridad y cohecho-- también reclamaron requerir a los
servicios jurídicos de la Diputación de Alicante para que emitieran un
informe sobre la composición, funciones, competencias e independencia
del Consorcio respecto a la institución provincial.
En tercer lugar, solicitaron librar oficio a la secretaria del
Consorcio para certificar la composición de dicho órgano en 2007,
determinando la participación institucional y el número de votos que
corresponden a cada uno de sus integrantes, y especificando la formación
política que gobernaba en ese año en los ayuntamientos participantes.
A la vista de estas peticiones, la juez dispone, en primer lugar,
que "no ha lugar al sobreseimiento de la causa" contra Amorós, y subraya
que "no hay que olvidar que el solicitante ostenta la condición de
imputado debido a su insistencia en querer declarar como tal".
En este sentido, la defensa del exportavoz socialista argumentó,
entre otros aspectos, que el teléfono de su representado "fue objeto de
intervención, grabación y escucha" entre el 4 y el 31 de julio de 2007,
cuando se registraron conversaciones entre terceros de "nulo interés
para la causa".
Al respecto, la titular del juzgado oriolano recalca que la
instrucción "no ha terminado, por lo que en principio la petición es
extemporánea", y agrega que las "conversaciones entre terceros no pueden
desecharse sin más cuando su contenido se corrobora con aspectos
colaterales" de los diálogos.
Finalmente, además de las citaciones de los testigos, niega el
sobreseimiento, y dispone librar oficio a la secretaría del Consorcio
para que certifique la composición del mismo en 2007, determinando la
participación institucional y el número de votos que corresponden a cada
uno de sus integrantes, especificando en el caso de los ayuntamientos
participantes, el partido que en ese año gobernaba en cada uno de ellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario